La denuncia alerta sobre el riesgo de fugas de amoníaco e hidrógeno en la PIAP de Arroyito, inactiva desde 2017 y sin contrato de mantenimiento desde octubre de 2025. Se reclama que la CNEA pague los salarios del personal de ENSI que sostiene la conservación sin cobrar.
El ex técnico bioquímico de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), Aldo Héctor Villavicencio, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra cinco funcionarios nacionales y provinciales, solicitando una medida cautelar urgente para evitar un accidente ambiental en la instalación nuclear ubicada en Arroyito, Neuquén.
Los denunciados son:
Martín Eduardo Porro, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Federico Matías Ramos Nápoli, subsecretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía
Felipe Randle, presidente del directorio de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI)
José Ignacio Bruera Rifoni, director por la CNEA en ENSI
Leticia Inés Estéves, directora por la Provincia del Neuquén en ENSI
La denuncia describe que la PIAP —construida con una inversión de más de 1.000 millones de dólares por la CNEA y operada por ENSI (51% Provincia de Neuquén, 49% CNEA)— se encuentra inactiva desde 2017 y sin contrato de mantenimiento vigente desde el 31 de octubre de 2025, cuando la CNEA no renovó el acuerdo. Pese a ello, ENSI continúa realizando tareas de conservación sin cobrar, financiando los costos con recursos propios del sector oil & gas, lo que genera un pasivo creciente.
El denunciante advierte que las unidades de proceso contienen fluidos altamente peligrosos: amoníaco líquido y gaseoso, amiduro de potasio, nitrógeno e hidrógeno con deuterio. “La falta de mantenimiento adecuado puede derivar en fugas, derrames o explosiones con consecuencias impredecibles sobre el río Limay, los ecosistemas aledaños y la población de la región”, señala la presentación.
La conducta de los funcionarios de la CNEA es calificada como incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP) y administración fraudulenta (art. 173, inc. 7°), al haber abandonado la conservación de un activo estratégico del Estado nacional. A su vez, los directores de ENSI son denunciados por no haber intimado formalmente a la CNEA ni iniciado reclamos administrativos o judiciales para cobrar los servicios prestados.
La cautelar solicitada exige que la CNEA se haga cargo en un plazo máximo de cinco días de todos los costos de conservación de la PIAP, incluyendo el pago íntegro de salarios del personal de ENSI, la adquisición de insumos y la realización de tareas de monitoreo y mantenimiento. En caso de incumplimiento, se pide que el Estado de la Provincia del Neuquén asuma solidariamente esas obligaciones, con derecho de repetición contra la CNEA.
