El caso Adorni consume la agenda. Los escándalos de corrupción importan y son reales. Pero mientras la discusión pública gira en torno a viajes, patrimonios y memes, se aprueban presupuestos que recortan educación y ciencia, suben los combustibles, y se transfieren a manos privadas centrales hidroeléctricas que generan el 15% de la energía del país. La mitad de los argentinos llega al 20 de cada mes sin dinero. Esos son los datos que este artículo pone sobre la mesa.
No es que el caso Adorni sea un invento mediático. Es real, es grave, y su impacto en la opinión pública lo confirma: un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA, realizado con una encuesta online a 4.711 personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), reveló que el 97,3% de los consultados está al tanto del caso y que el 66,5% considera que hay hechos «reales y graves» de corrupción detrás de las denuncias. El 79,9% entiende que el escándalo erosiona «mucho» o «algo» el principal argumento moral con que Milei llegó al poder: la lucha contra la casta.
Una aclaración metodológica relevante: la muestra es online y circunscripta al AMBA, lo que implica limitaciones de representatividad respecto del interior del país. Aun así, la magnitud de los porcentajes y la coincidencia con otras mediciones —como la encuesta de Atlas Intel para Bloomberg, que sitúa la aprobación presidencial en 35,5% con un rechazo del 63%, el mayor de toda la gestión— confirman que el impacto es real y sustancial.
A eso se suman otras causas que acumulan peso en la agenda: el caso $LIBRA —que involucra al propio presidente—, las irregularidades en ANDIS que señalan a Karina Milei, los créditos hipotecarios del Banco Nación a precio subsidiado que obtuvieron funcionarios del Ministerio de Economía mientras administraban las condiciones del mercado que los beneficiaba. En todos los casos, la política del gobierno es la misma: blindar, negar y esperar que el ciclo mediático pase.
Cada semana que la conversación pública gira alrededor de los viajes de Adorni es una semana en que no se debate el artículo 30 del presupuesto, ni los contratos firmados en el Comahue.
Esa estrategia funciona, en parte, porque el ciclo mediático le coopera. Cada nuevo escándalo empuja al anterior. Cada declaración explosiva de un dirigente opositor corre el eje. Y mientras tanto, en las páginas internas de los boletines oficiales, en los artículos de la ley de presupuesto que nadie lee, en los contratos firmados en Cipolletti un lunes de diciembre, se juega otra partida. Una con reglas más difíciles de entender pero consecuencias mucho más concretas.
En concreto, el texto de dicho artículo deroga las leyes que establecían las siguientes garantías de financiamiento:
• Educación: Anula la obligación de destinar un mínimo del (6%) del PBI a la educación.
• Ciencia y Técnica: Elimina la meta de inversión progresiva que debía alcanzar el (1%) del PBI para el año 2032.
• Educación Técnico-Profesional: Suprime el requisito de invertir un porcentaje fijo (0.2% de los ingresos) en escuelas técnicas y centros de formación profesional.
• Defensa: Deroga los fondos específicos garantizados por el FONDEF.
El ajuste del ajuste: el presupuesto que nadie discutió
En diciembre del año pasado, el Senado aprobó el Presupuesto 2026 con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Era la primera ley de gastos que el gobierno de Milei lograba sancionar en todo su mandato. En parte, era una victoria institucional: gobernar dos años sin presupuesto aprobado es una anomalía grave. Pero el contenido de esa ley merece una lectura más fría. El texto aprobado implica una caída real del gasto total del 2,5% respecto al ejercicio anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La función educación cae el 1% real en 2026 y acumula una baja del 47,7% en comparación con 2023, último año de la gestión anterior. El área de ciencia y tecnología retrocede 10,7% en términos reales. El Fondo Nacional para la Educación Técnica pierde el 67,1% de su valor real contra 2025. El artículo 30, uno de los más cuestionados durante el debate parlamentario, deroga la obligación de que el gasto educativo represente como mínimo el 6% del PBI y elimina la garantía de financiamiento mínimo para el sistema nacional de ciencia y tecnología. Pero eso fue en diciembre. Lo que pasó después es aún más revelador. Pocas semanas después de promulgado, el gobierno ejecutó un recorte adicional de $2,5 billones sobre el presupuesto ya aprobado —una reducción del 1,6% de la Administración Central—, en cumplimiento del compromiso de ajustar el 2% de los gastos discrecionales para sostener el superávit prometido al FMI. El área de Cultura perdió $607.900 millones, con caídas en programas de gestión de museos, el sistema de bibliotecas populares y el Teatro Nacional Cervantes. Este es el ajuste del ajuste: recortar sobre lo ya recortado, sin sesión especial, sin debate parlamentario, sin cámaras.
Mayo de los aumentos: la nafta, el transporte y el costo de vivir
El mes de mayo llegó con una nueva ronda de incrementos que golpea a quienes ya tienen los presupuestos familiares al límite. A través del Decreto 302/2026, el gobierno actualizó los impuestos sobre los combustibles líquidos, aplicando un ajuste que suma $11,035 por litro de nafta y $10,325 por litro de gasoil en Ciudad de Buenos Aires. Para la Patagonia —incluido Neuquén— el esquema diferencial contempla un incremento mucho menor sobre la nafta (~63 centavos) aunque el gasoil recibe un ajuste similar al nacional. El gobierno presentó el aumento como «parcial»: el grueso de los incrementos acumulados desde 2024 quedó diferido para junio, lo que anticipa una nueva ronda de presión sobre los surtidores.
El contexto es importante: en febrero, la nafta súper de YPF costaba $1.609 por litro. En marzo, saltó a $1.999, un incremento de casi 25% en un solo mes impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente, que llevó el barril de crudo por encima de los USD 100. El acuerdo de congelamiento entre el gobierno y las petroleras venció el 15 de mayo y un nuevo ajuste ya está en marcha. El impacto no es solo en los conductores particulares: el transporte de cargas, la logística, el pequeño comercio absorben esa presión y la trasladan a los precios finales. A eso se suman el aumento del 5,4% en colectivos y subte vigente desde el 1° de mayo, una suba de hasta 4,5% en telecomunicaciones, la actualización de 12,56% en alquileres indexados por IPC cuatrimestral, y el incremento promedio del 3,4% en prepagas. En un solo mes, las principales líneas del gasto de una familia de ingresos medios se mueven hacia arriba. No es una catástrofe en sí misma. El problema es el contexto acumulado en que ocurre.
Los números de la UCA: la Argentina que no aparece en los titulares
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) presentó en febrero de 2026 su último informe, titulado «Estabilización, nuevo ciclo y deudas sociales persistentes en una Argentina en transición». La fotografía que ofrece difiere notablemente del relato oficial. La tasa de pobreza se ubicó en el 36,2% al cierre del tercer trimestre de 2025, según la metodología propia de la UCA, frente al 28% que reporta el INDEC para el mismo período. La UCA advierte que hasta tres cuartas partes de la reducción estadística reportada por el INDEC podrían explicarse por efectos metodológicos —cambios en la captación de ingresos de la encuesta oficial— y no por una mejora real equivalente en los ingresos de los hogares. Pero el dato más duro no es la pobreza por ingresos. Es el indicador de «estrés económico»: el 46,1% de la población argentina percibe que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, aunque técnicamente no caigan por debajo de la línea de pobreza. En los estratos socioeconómicos más bajos, esa cifra llega a 7 de cada 10 hogares.
El 46,1% de los argentinos vive bajo estrés económico, según la UCA. Eso no es una estadística: es casi la mitad del país llegando al 20 de cada mes con la billetera vacía.
La pobreza infantil alcanza al 58,9% de los hogares con niños —más del doble que la de los hogares sin menores—. La indigencia afecta al 14,9% de los niños y niñas del país: casi uno de cada seis no puede cubrir siquiera la canasta alimentaria básica. El empleo informal trepó al 45% de los ocupados en el tercer trimestre de 2025, lo que equivale a unos 9 millones de trabajadores sin estabilidad ni cobertura social. El director del Observatorio, Agustín Salvia, lo sintetizó: «Lo que crece son las changas, los trabajos marginales y el autoempleo de subsistencia.» A ese cuadro se suma otro dato que debería provocar más debate del que genera: según el informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió el 39% de su poder adquisitivo. En pesos de marzo de 2026, el SMVM real se ubica en $352.400, un valor inferior al que existía antes de la crisis de la convertibilidad de 2001. El salario promedio de los principales convenios colectivos también perdió 5% adicional solo entre marzo de 2025 y marzo de 2026.
El patrimonio nacional a precio de mercado (amigo)
Mientras el debate político se concentra en el patrimonio de Adorni, hay otro debate patrimonial que no recibe suficiente atención: el del Estado argentino. El gobierno tiene identificadas 59 empresas públicas para transferir al sector privado. La meta fiscal es ambiciosa: USD 3.000 millones en privatizaciones para fin de 2026, según el viceministro de Economía José Luis Daza ante la Bolsa de Comercio de Córdoba. En todos los casos, el argumento oficial es el mismo: el Estado no debe tener empresas. La pregunta es: ¿a quién beneficia que no las tenga, y a qué precio?
Ya concretadas
► Represas del Comahue — USD 706 millones (diciembre 2025)
En un acto en Cipolletti con la presencia de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, el gobierno nacional firmó la transferencia de las concesiones de las cuatro grandes represas del Comahue por los próximos 30 años. Las centrales suman una potencia instalada de 4.170 megavatios, equivalente a entre el 10% y el 15% de la generación eléctrica de todo el país. Son infraestructura crítica construida con fondos públicos, ubicada sobre los ríos Limay y Neuquén, cuya energía mueve industrias, ciudades y hogares desde la Patagonia hasta el Gran Buenos Aires.
Los nuevos concesionarios por las próximas tres décadas:
Central Concesionario Accionistas principales Precio
Piedra del Águila Central Puerto Carlos Miguens, Guillermo Reca, familia Escasany, hermanos Ruete Aguirre USD 245 M
El Chocón MSU Green Energy Manuel Santos Uribelarrea USD 235,6 M
Alicurá Edison Hermanos Neuss USD 162 M
Cerros Colorados Edison Hermanos Neuss USD 38 M
El gobierno lo presentó como un éxito, recordando que la proyección inicial era de 500 millones. Pero los mismos activos, en manos privadas, generarán ingresos por miles de millones a lo largo de ese período. El Estado cobra una vez. Los concesionarios cobran durante 30 años.
► IMPSA — precio no divulgado (febrero 2026)
Primera empresa privatizada de la era Milei.
► Transener — USD 356 millones (12 de mayo 2026)
Transferida al consorcio integrado por Genneia (Jorge Brito) y Edison (hermanos Neuss). Opera el 85% de la transmisión eléctrica del país.
En licitación activa
► AySA — Pliegos publicados el 16 de mayo (Res. 704/2026). Ofertas hasta el 27 de agosto. En juego: el 90% de las acciones por un estimado de USD 500 millones.
► Intercargo — Licitación abierta hasta el 10 de junio. Precio base: USD 45 millones.
► Belgrano Cargas y Logística — Proceso adelantado.
En cartera para 2026
Aerolíneas Argentinas (en conversaciones con LATAM, Avianca y Air France-KLM), ARSAT, Correo Argentino, Nucleoeléctrica, Hidrovía del Paraná, RTA, Casa de Moneda, Fabricaciones Militares, EANA, Administración General de Puertos, Ferrocarriles/Operadora Ferroviaria.
La pregunta que el debate público apenas rozó sigue en pie: ¿son estos precios justos para ceder la infraestructura más estratégica del país durante décadas?
El ruido como política
No es una hipótesis conspirativa afirmar que a ciertos gobiernos les conviene el escándalo. La lógica es más simple: cada semana que la conversación pública gira alrededor de los viajes de Adorni o los memes de Karina Milei es una semana en que no se debate el artículo 30 del presupuesto, ni el decreto de combustibles, ni los contratos firmados en el Comahue. Los escándalos tienen una función política objetiva: consumen la atención disponible. El gobierno tiene sobre eso una lectura clara. El propio Milei y su círculo construyeron su capital político sobre la capacidad de generar caos comunicacional: provocar, escandalizarse, contraatacar, cambiar el eje. El resultado es una ciudadanía permanentemente indignada, permanentemente distraída, y raramente informada sobre lo que realmente se está decidiendo. La oposición tampoco está exenta de responsabilidad. Su tendencia a responder en el mismo terreno —el de los escándalos personales, las frases para el clip, la indignación performativa— le permite a la gestión marcar los tiempos del debate. Cuando el kirchnerismo, el radicalismo y el peronismo provincial dedican más energía a pedir la renuncia de Adorni que a explicar qué significa vender las represas del Comahue por 30 años, están aceptando las reglas de juego del adversario.
Vivir al límite del 20
Hay una Argentina que no tiene tiempo para Twitter. Es la que sale temprano, trabaja en negro, cobra a fin de mes y llega al 20 con el sueldo ya fundido. La que compra lo que puede en el almacén de la esquina porque el súper queda lejos. La que le pone agua a la leche para rendir el desayuno de los chicos. La que no puede pagar la prepaga y reza para que nadie se enferme. Para esa Argentina, el debate entre Adorni y sus críticos es tan lejano como el debate entre Menem y Alfonsín. No porque no importe la corrupción —importa, y mucho, porque el dinero mal habido es dinero que no llega a los servicios—, sino porque hay urgencias que no esperan al ciclo judicial. Hay que pagar el alquiler, que subió 12,56% en el último cuatrimestre indexado. Hay que cargar nafta, que en marzo costaba casi un 25% más que en enero. Hay que enviar a los chicos a una escuela cuyo presupuesto cayó casi 48% en términos reales desde 2023. El 46% de los argentinos vive bajo estrés económico, según la UCA. Eso no es una estadística: es casi la mitad del país llegando al 20 de cada mes con la billetera vacía y la semana por delante.
El periodismo que hace falta
Este artículo no propone ignorar los casos de corrupción. Propone sostener ambas miradas al mismo tiempo, que es exactamente lo que el ruido mediático hace más difícil. Cubrir el caso Adorni y también el artículo 30. Titular sobre los viajes del jefe de Gabinete y también sobre los contratos de 30 años en el Comahue. Seguir la causa judicial y también los decretos del Boletín Oficial. La función del periodismo político no es administrar la indignación ciudadana. Es ponerle nombre, número y consecuencia a las decisiones de quienes gobiernan. En este momento, las decisiones más importantes —las que van a moldear la estructura del Estado, la distribución del ingreso y el acceso a la energía en las próximas décadas— se están tomando en el único lugar donde los escándalos no llegan: el silencio de los actos administrativos.
M.T.
