La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la condena multimillonaria contra la Argentina por la expropiación de YPF. La resolución vuelve a poner en primer plano un dato central: la recuperación del 51% de la petrolera fue una decisión soberana, votada por el Congreso, en un área estratégica para el presente y el futuro energético del país. El juicio por YPF en los Estados Unidos fue presentado durante años como la prueba definitiva de un supuesto desvarío argentino. Pero el fallo conocido este 27 de marzo de 2026 en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York obliga a revisar ese relato. Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU., Petersen Energía Inversora et al. v. Argentine Republic / YPF S.A., decisión del 27 de marzo de 2026. La Cámara revocó la sentencia que había condenado al país a pagar unos 16.100 millones de dólares y sostuvo, en lo sustancial, que esos reclamos de daños por incumplimiento contractual no eran admisibles bajo el derecho argentino aplicado al caso. También dejó sin efecto el andamiaje que se había montado alrededor de esa condena y confirmó la decisión favorable a YPF. El dato más relevante del fallo no es solamente económico. Es político, jurídico e histórico. La Cámara recordó que la Argentina expropió la participación mayoritaria de Repsol en 2012 y destacó que eso ocurrió mediante un proyecto de ley enviado al Congreso para autorizar la expropiación del 51% de las acciones clase D de YPF. Es decir: la propia reconstrucción judicial del caso vuelve a ubicar la decisión donde siempre debió estar, en el terreno de la soberanía estatal y del procedimiento institucional, no en el de una maniobra caprichosa o clandestina. Ese punto no es menor. La reestatización no fue un acto administrativo aislado ni una confiscación de hecho resuelta entre bambalinas. Fue una decisión política adoptada por el Estado argentino a través de sus mecanismos constitucionales, con intervención del Poder Legislativo y bajo una ley específica, la 26.741, que declaró de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos. En un país que venía de años de caída productiva, pérdida de reservas y creciente dependencia energética, recuperar el control sobre YPF no fue un gesto ideológico: fue una decisión estratégica. La propia Cámara de Apelaciones situó la disputa dentro del marco del derecho público argentino de expropiación y no como un simple litigio mercantil entre privados. De hecho, ahí está uno de los núcleos del nuevo fallo. Los jueces sostuvieron dos razones independientes para revertir la condena: primero, que bajo el derecho civil argentino el estatuto de YPF no creó una obligación contractual bilateral de la República frente a los accionistas minoritarios; segundo, que aun si se admitiera esa hipótesis, los reclamos de daños estaban desplazados por el derecho público argentino que gobierna las expropiaciones. Traducido a lenguaje llano: la Cámara dijo que no correspondía tratar esa decisión soberana como si fuera apenas el incumplimiento de una cláusula comercial. Esto adquiere todavía más peso si se recuerda el cuadro anterior. En 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había concluido que la Argentina había tomado control indirecto de las acciones expropiadas el 16 de abril de 2012, con el decreto de intervención, y no recién cuando entró en vigor la ley de expropiación. Sobre esa base, fijó criterios que terminaron en una condena multimillonaria. Incluso dejó asentado en su fallo que tras el decreto de intervención las acciones de YPF cayeron más de 40%, mientras que cuando la ley de expropiación entró en vigor el descenso fue de apenas 3%. Ese razonamiento fue uno de los cimientos de la sentencia ahora revertida. Pero la resolución de la Cámara introduce una corrección de fondo: reconoce que el caso nace de una expropiación y que ese dato no puede ser barrido para reconvertirlo artificialmente en un reclamo indemnizatorio contractual común. El tribunal fue explícito al afirmar que el hecho de que antes se hubiera discutido la jurisdicción bajo la ley de inmunidades soberanas de Estados Unidos no significaba que el caso dejara de involucrar derecho público extranjero, incluido el que regula los actos expropiatorios de un gobierno soberano. También remarcó que la ley argentina de expropiaciones constituye el marco jurídico primario para resolver estas controversias. En otras palabras, la Cámara no dijo que la expropiación no existió. Dijo algo políticamente más relevante: que no podía desarmarse el régimen jurídico público argentino para imponerle desde afuera una lectura contractual funcional a los fondos litigantes. Y ahí aparece una verdad incómoda para ciertos sectores del mercado: cuando un Estado decide recuperar el control de una empresa estratégica y lo hace por ley, lo que está en juego no es sólo un paquete accionario. Está en juego la capacidad de una nación para ordenar su política energética. Esa discusión, además, no puede hacerse en abstracto. Basta mirar lo que representa hoy YPF. En la última década, la petrolera volvió a ocupar un lugar central en el desarrollo de Vaca Muerta, en la expansión del shale argentino, en la infraestructura de evacuación de crudo y gas y en la proyección exportadora del país. En un mundo donde la energía volvió a ser un factor de poder —por las guerras, la disputa entre potencias, la volatilidad de precios y la transición energética— tener una empresa como YPF bajo control nacional no es una rareza: es una herramienta. Ese es, en definitiva, el trasfondo real del caso. Durante años se quiso instalar que la reestatización era apenas un pecado de origen cuyos costos recaerían eternamente sobre la Argentina. El fallo conocido ahora no borra las complejidades del proceso ni convierte en perfecto todo lo actuado en 2012. Pero sí restituye algo esencial: la recuperación del 51% de YPF fue una decisión tomada por el Estado argentino en sede institucional, con intervención del Congreso, en función de un objetivo de interés público ligado al autoabastecimiento y al control de un recurso estratégico. Para un país como la Argentina, eso importa. Importa porque la historia económica nacional está llena de decisiones condicionadas por acreedores, tribunales, fondos especulativos o intereses externos. E importa también porque, cuando se discute YPF, no se discute solamente una sociedad anónima. Se discute quién planifica, quién invierte, quién administra y para qué se usan los recursos energéticos del país. (Reuters) La resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York no clausura todos los capítulos del expediente. Pero sí deja una enseñanza política nítida: la decisión de desestatizar YPF no fue un extravío, sino una afirmación de soberanía en uno de los pocos terrenos donde un país periférico todavía puede intentar definir su destino. Y en tiempos de incertidumbre global, de guerras energéticas y de disputa por los hidrocarburos, contar con YPF no parece un problema. Parece, más bien, una necesidad. Durante años, no faltaron voces que anticiparon —y en algunos casos celebraron— una condena millonaria contra la Argentina como si se tratara de una confirmación ideológica más que de un proceso judicial en curso. Hoy, con el fallo revertido, esas mismas posiciones intentan reacomodarse en el nuevo escenario, apropiándose de una resolución que contradice sus propios diagnósticos previos. La secuencia deja al descubierto una lógica recurrente: la rapidez para amplificar el costo político de una decisión soberana, y la incomodidad para reconocer cuando esa misma decisión encuentra respaldo, incluso en tribunales externos.
A.G.
