En Argentina, la evolución reciente de la mortalidad en adultos mayores comienza a mostrar una tendencia que merece atención. Desde 2023, distintos indicadores demográficos y sanitarios reflejan un aumento en los fallecimientos dentro de la población de mayor edad, en un contexto atravesado por transformaciones económicas y ajustes en áreas sensibles como salud y previsión social. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y registros del Ministerio de Salud, la mortalidad general ha tendido a estabilizarse tras el impacto de la pandemia de COVID-19, pero con una particularidad: el peso relativo de los adultos mayores dentro del total de fallecimientos continúa creciendo. Este fenómeno tiene una primera explicación estructural: Argentina, al igual que otros países de la región, atraviesa un proceso de envejecimiento poblacional. Es decir, hay más personas mayores de 65 años que en décadas anteriores, lo que naturalmente incrementa el número absoluto de muertes en ese segmento. Sin embargo, especialistas en demografía y salud pública advierten que ese factor por sí solo no alcanza para explicar algunas variaciones recientes. En paralelo, distintos informes de asociaciones médicas y entidades vinculadas al sistema previsional han señalado dificultades crecientes en el acceso a prestaciones de salud, medicamentos y atención primaria, especialmente entre jubilados y pensionados. Cambios en la cobertura, demoras en autorizaciones y ajustes en el sistema de pagos a profesionales han sido parte de los reclamos registrados en los últimos meses. En ese marco, el rol del PAMI —principal prestador de servicios de salud para adultos mayores— se vuelve central. La modificación de esquemas de pago, la discusión sobre copagos y la reconfiguración de prestaciones han generado tensiones con médicos y afiliados, en un contexto donde la capacidad de respuesta del sistema es clave para sostener la calidad de vida de una población particularmente vulnerable. A esto se suma el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones. Diversos análisis económicos coinciden en que, durante 2024 y comienzos de 2025, los ingresos reales de los jubilados se vieron afectados por la inflación y los cambios en la fórmula de actualización. Este factor impacta de manera indirecta pero concreta en la salud: menor acceso a medicamentos, dificultades para sostener tratamientos y reducción en controles médicos preventivos. No obstante, es importante señalar un punto clave: no existen, al día de hoy, estudios oficiales concluyentes que permitan atribuir de manera directa un aumento de la mortalidad a una política pública específica. La relación entre decisiones sanitarias o previsionales y los fallecimientos requiere análisis complejos, de largo plazo y con múltiples variables intervinientes. Lo que sí aparece con claridad es un escenario de mayor fragilidad. Adultos mayores que dependen en gran medida de sistemas públicos o semi públicos enfrentan un contexto más exigente, donde cualquier alteración en la cobertura o en los ingresos puede tener consecuencias acumulativas. En términos sociales y sanitarios, el debate recién comienza: cómo garantizar que ese proceso se dé con condiciones dignas, acceso efectivo a la salud y previsibilidad económica. La forma en que el gobierno nacional ha tratado y trata a las personas mayores genera un horizonte muy oscuro, y una sociedad que maltrata y condena al hambre y a la enfermedad a sus mayores, realmente tiene pocas posibilidades de ser una sociedad como la que fuimos los argentinos alguna vez. Porque detrás de cada estadística hay una realidad concreta. Y en este caso, la señal es inequívoca: los adultos mayores vuelven a quedar en el centro de una discusión que combina números, políticas y, sobre todo, calidad de vida.
A.G.
