En medio de la polémica por la presunta campaña dedesinformación rusa contra Javier Milei, el Sindicato de Prensa de Buenos Airessalió a respaldar al periodista Juan Pablo Piscetta y acusó al oficialismo deusar el caso para correr el foco de investigaciones periodísticas quecomprometen a funcionarios del Poder Ejecutivo. La tensión vuelve a poner enprimer plano la conflictiva relación entre la Casa Rosada y la prensa.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denuncióque el Gobierno nacional impulsa una “caza de brujas” contra periodistas en uncontexto de creciente confrontación con medios y trabajadores de prensa. Lareacción del gremio se produjo luego de que el periodista de Infobae y delegadosindical Juan Pablo Piscetta quedara mencionado en el marco de la controversiapor una supuesta red de desinformación financiada desde Rusia.
Según publicó InfoGremiales, el sindicato sostuvo que laofensiva oficial busca desviar la atención pública de “investigaciones seriasdel periodismo crítico” sobre presuntos hechos de enriquecimiento ilícito,dádivas y otros posibles delitos que alcanzarían a altas esferas del PoderEjecutivo.
El comunicado de SiPreBA, difundido el 4 de abril, expresóun respaldo explícito a Piscetta y afirmó que el periodista “desmintiócategóricamente los hechos” que lo vinculan con una campaña paga por agentesrusos. El gremio encuadró el episodio dentro de lo que definió como “gravesataques y hostigamiento sistemático” del Gobierno sobre la actividadperiodística, con el objetivo de dañar la libertad de expresión y disciplinar ala prensa en su función de control de los actos de gobierno. También apuntó contra“intereses mediáticos” y contra “el aparato de propaganda del Gobierno, como LaDerecha Diario”, al que acusó de utilizar una investigación cuestionada paracriminalizar la tarea periodística y convertir en chivos expiatorios atrabajadores precarizados.
El trasfondo del conflicto está dado por una investigacióninternacional que tomó estado público en los últimos días. De acuerdo con esafiltración, un grupo de espionaje ruso denominado “La Compañía”, señalado comouna derivación del esquema Wagner, habría impulsado entre junio y octubre de2024 la publicación de más de 250 artículos en más de 20 medios digitalesargentinos, con un presupuesto estimado de al menos 283.100 dólares. Elobjetivo, según ese trabajo, habría sido desacreditar al gobierno de Milei,amplificar tensiones internas y favorecer a sectores opositores. El Gobiernoargentino dijo que la SIDE ya había detectado la maniobra en 2025 y que lapresentó ante la Justicia, mientras que la embajada rusa rechazó lasacusaciones y las calificó como infundadas.
En ese escenario, el caso dejó de ser solo una discusiónsobre una presunta operación extranjera y pasó a convertirse en otro capítulode la disputa entre el oficialismo y el periodismo. La propia investigaciónperiodística internacional ya había advertido que la revelación de esta tramaaparecía en un momento especialmente sensible para la Casa Rosada, golpeada porotras publicaciones sobre el caso $Libra y por informes sobre el patrimonio ynivel de vida de funcionarios nacionales. Es sobre ese punto donde SiPreBA pusoel acento: no solo denunció una persecución contra periodistas, sino queinterpretó la embestida oficial como una maniobra política para recuperar laagenda pública en medio de denuncias incómodas para el poder.
La declaración sindical sumó, además, un componente gremial.SiPreBA vinculó los ataques a la pelea salarial en prensa, al rechazo delsindicato a la reforma laboral y a la defensa del Estatuto del PeriodistaProfesional. En otras palabras, el gremio no leyó este episodio como un hechoaislado, sino como parte de una confrontación más amplia entre un Gobierno quemantiene un discurso cada vez más agresivo contra la prensa crítica y un sectorperiodístico que denuncia intentos de estigmatización y disciplinamiento.
Más allá de cómo avance la investigación judicial sobre lasupuesta trama rusa, el hecho político ya está planteado: el caso escaló ensimultáneo como conflicto diplomático, como disputa por la credibilidad dedeterminadas publicaciones y como nuevo frente de batalla en la relación entreMilei y los medios. Y allí aparece el núcleo de la denuncia del sindicato:cuando la discusión pública se corre desde el contenido de las investigacionesperiodísticas hacia la descalificación de quienes las publican, lo que quedabajo presión no es solo un periodista o un medio, sino el lugar mismo de laprensa en una democracia.
M.T.
