En una votación histórica, el gobierno de Milei eligió alinearse con Estados Unidos e Israel para rechazar una resolución que reconoce la trata transatlántica de africanos esclavizados como el crimen de lesa humanidad más grave. El mundo dijo sí. Argentina, no.
El pasado 25 de marzo, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina tuvo la oportunidad de acompañar al mundo en un gesto de justicia histórica. Eligió lo contrario. La resolución «Declaration of the Trafficking of Enslaved Africans and Racialized Chattel Enslavement of Africans as the Gravest Crime Against Humanity» obtuvo el respaldo de 123 países. Solo tres la rechazaron: Argentina, Estados Unidos e Israel. No es un detalle menor. Es un dato político de primera magnitud.
El silencio cómplice de los que se abstuvieron
Antes de analizar el voto argentino, es necesario señalar algo que suele quedar en segundo plano: 52 países eligieron la abstención. Entre ellos, la mayoría de las potencias europeas, esas mismas naciones que construyeron buena parte de su riqueza histórica sobre los cimientos del trabajo esclavizado de millones de africanos. La abstención, en este contexto, no es neutralidad. Es cobardía diplomática. Es no querer asumir el costo simbólico de un rechazo explícito, pero tampoco tener la voluntad política de reconocer una deuda histórica que pesa sobre la humanidad entera. Es mirar hacia otro lado con un traje bien planchado. Países que hoy se presentan como faros de los derechos humanos y la democracia liberal no pudieron —o no quisieron— levantar la mano para reconocer que la esclavitud racializada fue el crimen más brutal que el ser humano le infligió a otro ser humano a escala sistemática e industrial. Ese silencio también es una respuesta.
Argentina: un voto que contradice su propia historia
Pero si la abstención europea es incómoda, el voto negativo de Argentina es directamente difícil de justificar. La Argentina que construyó su política exterior sobre la defensa de los derechos humanos, la que juzgó a sus propios militares, la que impulsó iniciativas de memoria, verdad y justicia como bandera ante el mundo, eligió esta vez quedar del lado de quienes rechazan el reconocimiento de un crimen histórico de dimensiones colosales. El argumento oficial giró, según trascendió, en torno a una cuestión técnica: el uso del término «el más grave» generaría una jerarquía entre crímenes de lesa humanidad problemática desde el punto de vista jurídico. Es un argumento que, en el mejor de los casos, suena a excusa construida para justificar una decisión ya tomada por otras razones. En el peor, revela una indiferencia profunda ante el sufrimiento histórico de pueblos enteros. Porque si el problema fuera meramente técnico, la abstención hubiera bastado. Votar en contra es otra cosa. Votar en contra es decir no. Es rechazar. Es oponerse activamente a que el mundo reconozca como lo que fue —un crimen de lesa humanidad sin igual— a un sistema que durante siglos arrancó a millones de personas de su tierra, las encadenó, las vendió y las trató como mercancía.
El alineamiento que no necesita explicación
Que Argentina haya quedado en el mismo bloque que Estados Unidos e Israel en esta votación no es casual ni inocente en el contexto de la política exterior del gobierno de Javier Milei. Es, en todo caso, la expresión más concreta de un reposicionamiento ideológico que viene tomando forma desde que asumió la gestión. Se puede debatir si ese reposicionamiento es estratégico o conveniente para los intereses nacionales. Lo que no puede debatirse es su costo simbólico: Argentina, un país que sufrió en carne propia el terrorismo de Estado, le dijo no a la resolución que busca consagrar la memoria de uno de los mayores terrorismos de Estado de la historia universal.
La historia no espera
La trata transatlántica de africanos esclavizados no es solo un capítulo del pasado. Sus consecuencias estructurales —en términos de pobreza, racismo sistémico y desigualdad— siguen vivas en el presente de millones de personas en América, África y el mundo entero. Las resoluciones de este tipo no restituyen lo perdido, pero sí construyen el piso mínimo de un reconocimiento que la humanidad le debe a quienes fueron despojados de todo. 123 países entendieron eso. Otros 52 miraron hacia otro lado. Y tres dijeron que no. Uno de esos tres fue Argentina. En política internacional, como en cualquier otro ámbito de la vida pública, las decisiones no se juzgan solo por las palabras que las acompañan. Se juzgan, sobre todo, por lo que revelan.
M.T.
