La política del agotamiento: cuando la ultraderecha convierte el caos en poder

El crecimiento de las derechas radicales en América Latina no puede explicarse solamente por la crisis económica, la inseguridad o el hartazgo con la política tradicional. El fenómeno se despliega sobre sociedades frustradas, instituciones desacreditadas, sistemas educativos con dificultades, hábitos culturales transformados por las redes sociales y un espacio público crecientemente administrado por corporaciones globales. A ese escenario se agregan intereses geopolíticos, redes políticas y religiosas transnacionales y una estrategia comunicacional que comprendió algo decisivo de nuestro tiempo: ya no siempre resulta necesario imponer una verdad; muchas veces alcanza con destruir la posibilidad de ponernos de acuerdo acerca de qué es verdadero. Algo está cambiando profundamente en América Latina y sería demasiado sencillo describirlo diciendo que la región simplemente “giró a la derecha”. Las sociedades no giran como una perilla ni los procesos políticos pueden explicarse mediante movimientos tan mecánicos. Detrás del crecimiento de las nuevas derechas existen inflación, inseguridad, corrupción, trabajos precarios, miedo al descenso social, Estados que cuestan mucho y frecuentemente responden poco, partidos que fueron perdiendo capacidad de representación y una sensación de frustración acumulada que atraviesa clases sociales, generaciones y territorios. Negar esas razones sería la manera más eficaz de no comprender lo que está ocurriendo. Pero reducir todo a ellas tampoco alcanza, porque ese malestar circula hoy por un ecosistema cultural, tecnológico y político radicalmente distinto del que conocieron nuestras democracias cuando recuperaron sus instituciones en las últimas décadas del siglo pasado. Conviene establecer una diferencia desde el comienzo. No toda derecha es ultraderecha, como tampoco todo gobierno conservador es autoritario. La derecha democrática forma parte legítima de cualquier sociedad plural, tanto como la izquierda, la socialdemocracia, el liberalismo o el progresismo. El problema comienza en otra parte: cuando el adversario deja de ser alguien con quien se disputa una elección y se convierte en un enemigo moralmente ilegítimo; cuando las instituciones dejan de ser controles necesarios para transformarse, en el discurso, en obstáculos que deben removerse; cuando el Congreso, los jueces, las universidades, los sindicatos, los periodistas, los científicos o los organismos técnicos son presentados como piezas de una misma conspiración que impediría que una supuesta voluntad popular pudiera expresarse sin interferencias. Allí la discusión deja de ser solamente entre izquierda y derecha y empieza a girar alrededor de algo más elemental: cuáles son los límites del poder en una democracia.

«INUNDAR LA ZONA»

En ese punto la figura de Steve Bannon resulta especialmente útil, no porque haya que imaginarlo dirigiendo desde una habitación secreta todos los movimientos conservadores del continente, sino porque expresó con una franqueza excepcional una lógica comunicacional que posteriormente apareció en diferentes experiencias políticas. Bannon explicó en una entrevista con Courier que la estrategia consistía en “inundar la zona”: colocar todos los días varios temas, controversias y decisiones simultáneas sobre la mesa para obligar a la prensa y a los adversarios a perseguir alguna de ellas mientras el resto avanzaba. En su propio relato, aquello que desde afuera podía parecer simplemente caos poseía una racionalidad política. La innovación no consiste únicamente en mentir. La propaganda mintió siempre. El cambio es más profundo: se trata de producir tal cantidad de declaraciones, polémicas, acusaciones, provocaciones y enemigos que la sociedad termine agotada antes de poder determinar qué ocurrió realmente. Una afirmación puede dominar la conversación durante unas horas; cuando periodistas, especialistas o instituciones consiguen verificarla, contextualizarla o desmentirla, la atención ya se desplazó hacia otro asunto. Aparece entonces una nueva denuncia, un insulto, un conflicto diplomático, una batalla cultural o una teoría conspirativa que ocupa el lugar anterior. La falsedad deja de necesitar una larga vida. Le alcanza con sobrevivir el tiempo suficiente para condicionar la agenda. La consecuencia de ese mecanismo es mucho más seria que una acumulación de noticias falsas. Cuando todos los días existe un escándalo extraordinario, el propio concepto de escándalo se desgasta; cuando permanentemente alguien denuncia una conspiración, la palabra conspiración termina perdiendo significado; cuando cada adversario es presentado como una amenaza existencial, la política abandona lentamente la discusión sobre intereses y políticas públicas para convertirse en una confrontación entre identidades irreconciliables. El cansancio termina cumpliendo una función política. La persona ya no pregunta qué ocurrió sino para qué molestarse en averiguarlo. Si todos mienten, si todos manipulan y si cada medio posee su propia realidad, entonces el individuo vuelve a aquello que le resulta más seguro: su identidad, su comunidad, el dirigente en quien ya confiaba y la información que confirma aquello que previamente quería creer.

UNA SOCIEDAD CON DIFICULTADES PARA COMPRENDER, INTERPRETAR Y SIN PENSAMIENTO CRÍTICO

Es allí donde la transformación tecnológica se conecta con un problema educativo y cultural que suele discutirse con demasiada superficialidad. No tendría sentido afirmar que nuestras sociedades se han vuelto “menos inteligentes”.  Sí existen, en cambio, dificultades importantes en comprensión lectora, interpretación de información compleja y pensamiento crítico. En PISA 2022, apenas el 45% de los estudiantes argentinos de 15 años alcanzó al menos el nivel básico de competencia en lectura, frente a un promedio del 74% entre los países de la OCDE; solamente un 1% logró los niveles superiores, que implican comprender textos extensos, trabajar con conceptos abstractos y distinguir hechos de opiniones mediante indicios que no siempre aparecen de manera explícita. La democracia exige mucho más que saber leer palabras: requiere comprender argumentos, reconocer contradicciones, comparar fuentes, interpretar estadísticas y aceptar que algunos problemas no caben en un eslogan. Si una parte creciente de la conversación política se desarrolla en formatos diseñados para durar segundos, la ventaja comienza a desplazarse hacia quien consigue simplificar más, provocar más rápido y despertar una emoción inmediata. Un libro obliga a permanecer dentro de una idea; una red social invita permanentemente a abandonarla para buscar la siguiente. El primero necesita concentración. La segunda compite por nuestra atención.

REDES SOCIALES; NI DEMONIZAR NI IDEAIZAR

Esto no significa demonizar internet ni idealizar un pasado en el que supuestamente todos leían grandes obras y participaban de debates sofisticados. Esa sociedad nunca existió. Las plataformas digitales democratizaron conocimientos, permitieron que millones de personas produjeran contenidos y ampliaron voces que antes difícilmente podían acceder al espacio público. El problema aparece en el modelo de atención sobre el cual funcionan buena parte de esas plataformas. Aquello que indigna, asusta, divide o sorprende puede resultar extraordinariamente eficaz para conseguir interacción. El algoritmo no necesita compartir una ideología: le alcanza con descubrir qué emociones mantienen a una persona frente a una pantalla. Y una política basada en el conflicto permanente encuentra allí una infraestructura excepcional. Por eso resulta insuficiente analizar la actual radicalización política como si fuera exclusivamente una batalla de ideas. También existe una disputa por la arquitectura dentro de la cual esas ideas circulan. Buena parte de la conversación pública latinoamericana transcurre hoy en espacios administrados por empresas extranjeras que deciden mediante sistemas privados qué información se recomienda, qué publicidad política puede segmentarse, qué comportamientos son sancionados y qué contenidos reciben mayor visibilidad. No es necesario imaginar ejecutivos conspirando deliberadamente para favorecer una determinada corriente política. El problema es más estructural: una porción fundamental de la plaza pública contemporánea pertenece a corporaciones cuya lógica principal no es democrática sino comercial.

LA INFLUENCIA DE ACTORES EXTERNOS

Allí se conecta otra dimensión que América Latina conoce demasiado bien: la influencia de actores externos. Durante el siglo XX esa influencia adoptó formas brutales y ampliamente documentadas. En el presente puede asumir modalidades mucho menos visibles: manipulación informativa, consultoras políticas, empresas especializadas en datos, redes ideológicas, fundaciones, actores económicos transnacionales y campañas digitales capaces de cruzar fronteras en cuestión de segundos. International IDEA identifica precisamente la interferencia extranjera, la desinformación y la manipulación digital entre los desafíos actuales para la integridad electoral, aunque también advierte que muchas de estas prácticas pueden ser impulsadas por actores domésticos. La diferencia no es menor: influencia, presión, cooperación internacional e interferencia clandestina no son sinónimos. Argentina ofrece una imagen interesante de esas zonas grises. Durante la investigación del Parlamento británico sobre Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, exdirectiva de la empresa, declaró que había tenido conocimiento de propuestas políticas realizadas en Argentina y afirmó que una de ellas había sido dirigida al entonces presidente. Pero también aclaró expresamente que no creía que finalmente se hubiera realizado trabajo electoral. El episodio no demuestra que Cambridge Analytica haya decidido una elección argentina y presentarlo de esa forma sería distorsionar la evidencia. Sí demuestra algo más modesto y, a la vez, significativo: empresas extranjeras especializadas en datos, segmentación y comunicación política ya exploraban hace años el escenario electoral argentino. Colombia permite observar cómo esa transformación terminó ingresando directamente a las preocupaciones institucionales. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea concluyó en 2026 que las redes sociales se consolidaron como el principal escenario de campaña y recomendó reforzar la transparencia sobre publicidad y financiación política. Durante la elección también constató circulación de imágenes, audios y videos falsos generados mediante inteligencia artificial, aunque al mismo tiempo calificó el proceso electoral como transparente y bien organizado. Esa combinación es importante: reconocer riesgos informativos no obliga a concluir que una elección sea ilegítima. Precisamente la diferencia entre ambas afirmaciones constituye uno de los desafíos que la política de la posverdad tiende permanentemente a borrar. En Perú y Ecuador la dimensión externa aparece además vinculada a la competencia por recursos naturales estratégicos. El cobre, el oro y otros minerales indispensables para la transición energética y las nuevas tecnologías atraen capitales estadounidenses, chinos, canadienses y europeos. En Perú, empresas de China y Estados Unidos compiten actualmente por proyectos de cobre en un contexto internacional de creciente disputa por minerales críticos. Ecuador, por su parte, recibe importantes inversiones extranjeras en minería y enfrenta simultáneamente debates ambientales, regulatorios y comunitarios asociados a esos proyectos. Nada de eso demuestra por sí mismo interferencia electoral ni permite afirmar que una potencia “controle” una democracia. Pero sí recuerda algo que América Latina aprendió hace tiempo: las decisiones políticas nacionales se toman dentro de relaciones económicas y geopolíticas profundamente asimétricas.

EL CRECIMIENTO POLÍTICO DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS Y PENTECOSTALES

Según el censo de 2022 difundido por el instituto oficial de estadísticas brasileño, los evangélicos ya representaban el 26,9% de la población, frente a un 56,7% de católicos. No existe una única “iglesia evangélica”, ni millones de creyentes actúan como un bloque político homogéneo. Reducirlos a una maquinaria electoral sería tan impreciso como ignorar su creciente capacidad de organización. Diferentes iglesias construyeron medios, liderazgos y estructuras políticas capaces de intervenir sobre debates relacionados con educación, familia, aborto, seguridad y derechos civiles. Aquí aparece una de las cuestiones más delicadas. Desde hace décadas circula en América Latina la sospecha de que la expansión de determinadas iglesias evangélicas habría sido financiada o impulsada por servicios de inteligencia de Estados Unidos. Lo que puede documentarse es algo diferente. En 1969 Richard Nixon ordenó que la CIA elaborara un estudio país por país sobre la Iglesia en América Latina, incluyendo expresamente el papel de grupos no católicos, misioneros extranjeros y tendencias políticas dentro de las comunidades religiosas. El interés estratégico de Washington por la dimensión religiosa regional está, por lo tanto, documentado en archivos oficiales estadounidenses. Lo que no aparece con el mismo grado de evidencia pública es una prueba que permita afirmar que las actuales iglesias evangélicas latinoamericanas se encuentran dirigidas o financiadas sistemáticamente por la inteligencia estadounidense. Esa diferencia no debilita el argumento. Lo hace más serio. En una discusión sobre posverdad, transformar una sospecha en certeza sin evidencia suficiente sería reproducir exactamente el mecanismo que se intenta cuestionar. Cuando todas estas piezas se observan juntas comienza a aparecer un cuadro bastante más complejo que el de un simple “avance de la derecha”. Existen sociedades frustradas con el funcionamiento concreto de sus democracias, dificultades educativas, formas de lectura cada vez más fragmentarias, plataformas globales que organizan una parte decisiva de la conversación pública, organizaciones políticas y religiosas que atraviesan fronteras, corporaciones con intereses económicos concretos sobre recursos estratégicos y potencias que compiten por influencia en una región históricamente atravesada por esas disputas. Aun así, responsabilizar exclusivamente a algoritmos, iglesias, corporaciones o potencias extranjeras sería otro modo de no entender el fenómeno. Las nuevas derechas no inventaron el miedo a la inseguridad, el deterioro de los salarios, la corrupción, las dificultades para acceder a vivienda, la precarización laboral ni la sensación de que buena parte de la política habla un idioma diferente al de la vida cotidiana. Encontraron esas frustraciones. Y muchas veces consiguieron interpretarlas mejor que quienes suponían representar a esos sectores sociales. Quien trabaja diez horas y continúa siendo pobre no necesita que le expliquen únicamente que fue víctima de un algoritmo. Quien teme que sus hijos sufran un delito no dejará de sentir miedo porque alguien le muestre una estadística general. Quien pasó años esperando una respuesta de una oficina pública probablemente no recupere su confianza en el Estado mediante un discurso sobre las virtudes abstractas de las instituciones. Las democracias se defienden con principios, pero también necesitan funcionar.

LA RESPONSABILIDAD INCOMODA DEL PERIODISMO

Y existe una responsabilidad igualmente incómoda para el periodismo. La lógica de Bannon funciona porque conoce nuestros reflejos. Un presidente, un candidato o un dirigente lanza una provocación y todos corremos detrás: portales, radios, televisión, redes, analistas y panelistas multiplican durante horas aquello que supuestamente pretenden discutir. Cuando aparece el contexto o la rectificación, la frase original ya llegó a millones de personas. Quizás por eso el periodismo de este tiempo deba incorporar una pregunta adicional a la clásica verificación de verdadero o falso: ¿por qué quieren que hoy estemos hablando de esto? Y, todavía más importante, ¿qué decisiones están avanzando mientras todos hablamos de esto? La política del agotamiento no consiste sólo en producir noticias falsas. Su mayor eficacia aparece cuando consigue deteriorar la capacidad de una sociedad para jerarquizar los hechos. Si cada día es histórico, ninguno termina siéndolo. Si todos son corruptos, la corrupción pierde capacidad de producir rechazo. Si cada periodista es un militante, deja de importar quién demuestra algo con documentos. Si todos los jueces responden a intereses políticos, las sentencias pasan a valer únicamente cuando favorecen a nuestro sector. De ese modo se destruye lentamente uno de los presupuestos más elementales de la democracia: la existencia de una realidad común sobre la cual podemos estar profundamente en desacuerdo. América Latina conoce demasiado bien los autoritarismos surgidos desde tradiciones ideológicas diferentes como para adjudicar el fenómeno exclusivamente a un sector político. El deterioro institucional no cambia de naturaleza según la bandera de quien lo produce. Por eso la pregunta central no debería ser solamente si gobierna la izquierda o la derecha, sino qué ocurre con los límites al poder, la independencia institucional, la posibilidad de criticar al gobierno y la existencia de reglas que continúen vigentes cuando quienes gobiernan podrían beneficiarse de ignorarlas. Tal vez allí se encuentre el verdadero alcance de aquella expresión de Bannon. “Inundar la zona” no significa únicamente llenar los medios de noticias. Significa imponer una velocidad que vuelva imposible la reflexión, obligar a la sociedad a reaccionar antes de comprender y convertir el cansancio en una forma de desmovilización. En una época de pantallas permanentes, algoritmos opacos, deterioro de la comprensión lectora, crisis de representación y conflictos geopolíticos que atraviesan fronteras, esa estrategia encuentra condiciones que ninguna maquinaria de propaganda del siglo XX hubiera podido imaginar. El problema, entonces, no se resolverá prohibiendo redes sociales, desconfiando de toda religión, culpando a las potencias extranjeras de nuestras propias frustraciones ni imaginando que cada persona que vota distinto ha sido manipulada. Tampoco alcanzará con una acumulación infinita de desmentidos. La cuestión es bastante más difícil: reconstruir instituciones que funcionen, educación capaz de formar ciudadanos que comprendan antes de reaccionar, medios que recuperen credibilidad mediante rigor, Estados que aprendan a ejercer soberanía también sobre el espacio digital y sistemas políticos capaces de ofrecer algo más que identidades enfrentadas. Porque una democracia puede sobrevivir a gobiernos de derecha y de izquierda, a crisis económicas, a protestas, a derrotas electorales y a discusiones culturales profundas. Para eso fue creada. Lo que difícilmente puede soportar durante demasiado tiempo es una sociedad en la que cada grupo posea sus propios hechos, donde la verdad dependa de quién habla y donde todo límite institucional sea interpretado como una conspiración. Cuando eso ocurre, las elecciones pueden continuar celebrándose, los parlamentos pueden permanecer abiertos y los tribunales seguir dictando sentencias. La escenografía democrática permanece. Lo que empieza a erosionarse, lentamente y casi sin que se advierta, es aquello que le da verdadero sentido.

A.G.