Donald Trump avanzó contra el acceso de medios críticos a la Casa Blanca. El sábado 19 de septiembre, CNN, MS NOW y Politico informaron que sus periodistas habían sido impedidos de ingresar, después de que el presidente anunciara el veto el día anterior. Según Associated Press, entre las afectadas estuvieron las reporteras Betsy Klein, Akayla Gardner y Cheyenne Haslett, cuyas credenciales habían sido desactivadas. La decisión convirtió una amenaza presidencial en un obstáculo concreto para la cobertura informativa.
El anuncio había llegado a través de Truth Social. Trump acusó a esas organizaciones de difundir informaciones falsas sobre su gobierno y presentó la exclusión como una respuesta a su cobertura. Sin embargo, no identificó ejemplos específicos que justificaran la medida, según la reconstrucción de CityNews. También dejó abierta la posibilidad de extenderla: “Other fake news media outlets to follow”, escribió; en español, “seguirán otros medios de noticias falsas”.
La gravedad institucional reside en el criterio elegido: el gobierno utiliza el acceso a una dependencia pública para castigar a organizaciones cuya información rechaza. Desde una perspectiva democrática, permitir que el funcionario fiscalizado seleccione a sus fiscalizadores según el tratamiento que recibe debilita la rendición de cuentas y genera un incentivo para la autocensura.
Los medios afectados rechazaron la decisión. Reuters informó que CNN la consideró un ataque ilegal, mientras MS NOW anticipó que defendería su independencia periodística y Politico respaldó a sus corresponsales. Las organizaciones ratificaron que continuarían cubriendo al gobierno. La agencia también recogió condenas de The New York Times y The Washington Post ante la posibilidad de que las restricciones alcancen a otras redacciones.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca —WHCA, por sus siglas en inglés— respondió con dos comunicados consecutivos. En el primero, publicado el 18 de septiembre, recordó que la protección constitucional de la prensa no depende de la aprobación presidencial sobre una cobertura o una pregunta. Su presidenta, Jacqui Heinrich, situó el problema en el derecho de la ciudadanía a conocer de manera independiente las actividades y decisiones del Poder Ejecutivo.
Al día siguiente, tras la revocación del acceso, la asociación reclamó su restitución inmediata. Advirtió que un criterio utilizado para excluir a un medio por sus contenidos podría aplicarse posteriormente a cualquiera. También sostuvo que los tribunales han establecido límites a la retirada arbitraria del acceso concedido a periodistas. Esa es la posición jurídica expresada por la organización; no equivale a una sentencia sobre este nuevo episodio.
El Comité para la Protección de los Periodistas —CPJ— también condenó el anuncio. Su director regional para las Américas, José Zamora, afirmó: “The government should not be in the business of censorship”; en traducción al español, “El gobierno no debería dedicarse a la censura”. La entidad calificó el veto como una escalada alarmante en los intentos de controlar la información y silenciar coberturas críticas. Además, reclamó que los periodistas puedan trabajar sin represalias.
El derecho a cuestionar a un medio, señalar errores o exigir rectificaciones forma parte del debate público. Pero utilizar las herramientas del Estado para penalizar su cobertura introduce una relación de subordinación incompatible con el control periodístico del poder. La consecuencia alcanza también al público: menos posibilidades de preguntar, observar y contrastar significan menos información disponible para evaluar las decisiones de quienes gobiernan.
Defender el acceso de CNN, MS NOW y Político tampoco exige compartir sus líneas editoriales. Exige sostener una regla que debe proteger incluso a los medios con los que se discrepa. Cuando esa garantía depende del humor presidencial, la libertad de prensa se vuelve un permiso revocable. Y un periodismo obligado a conservar el favor del gobierno pierde precisamente la independencia que la ciudadanía necesita.
M.T.
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