Washington aplicó un recargo del 10% a una parte de los productos argentinos y mantiene gravámenes de hasta el 50% para el acero y el aluminio. Aunque existen excepciones para el petróleo, el gas, el litio, el oro y la carne bovina, las nuevas barreras confirman que la afinidad política no garantiza un trato comercial preferencial. La apuesta del Gobierno argentino por un alineamiento casi automático con Washington no alcanzó para neutralizar el proteccionismo de Donald Trump. La Argentina fue incluida en la nueva medida comercial adoptada por Estados Unidos y una parte de sus exportaciones quedó alcanzada por un arancel adicional del 10%. La decisión no representa un castigo exclusivo contra Buenos Aires. El gravamen también comprende a Canadá, México, Reino Unido, India, Indonesia y otros países. Sin embargo, confirma un dato central: la afinidad ideológica y las concesiones diplomáticas no garantizan inmunidad frente a la política de America First. La Argentina quedó dentro del grupo con la alícuota más baja del nuevo esquema —otros países recibieron tasas del 12,5%—, pero eso no convierte al impuesto en un beneficio. Para los sectores alcanzados significa un incremento concreto del costo de acceso al mercado estadounidense.
Un acuerdo que no garantizaba inmunidad
En febrero de 2026, ambos gobiernos firmaron el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos. El entendimiento incluyó compromisos argentinos sobre licencias de importación, estándares técnicos, propiedad intelectual, comercio digital, controles de inversiones y cooperación con las sanciones y restricciones comerciales estadounidenses. El texto también estableció que, ante determinadas medidas vinculadas con la seguridad económica o nacional de Estados Unidos, la Argentina podría adoptar disposiciones de efecto semejante. Además, Buenos Aires se comprometió a facilitar inversiones estadounidenses en minerales críticos, energía, telecomunicaciones e infraestructura. A cambio, Washington concedió beneficios específicos: eliminó o limitó aranceles para ciertos productos, amplió las condiciones de acceso para la carne bovina y ubicó al país en un escalón relativamente favorable frente a otros competidores. Pero el propio acuerdo dejó expresamente abierta la posibilidad de que cualquiera de las partes aplicara aranceles adicionales por prácticas comerciales desleales, aumentos bruscos de importaciones o razones de seguridad. En otras palabras, el entendimiento nunca constituyó un seguro contra el proteccionismo estadounidense. Esa cláusula cobró relevancia cuando la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dispuso el nuevo gravamen bajo la Sección 301 de su legislación comercial. Washington justificó la medida en presuntas deficiencias de distintos países para prohibir o controlar el ingreso de mercadería elaborada mediante trabajo forzoso. La Argentina recibió la tasa del 10% por haber asumido compromisos específicos en esa materia, aunque no quedó fuera de la sanción.
El 10% no alcanza a todas las exportaciones
La presentación del arancel como una carga general para toda la producción argentina sería incorrecta. La medida contiene una extensa nómina de excepciones y excluye los bienes que ya se encuentran alcanzados por otros regímenes comerciales estadounidenses. Entre los productos exceptuados aparecen el petróleo crudo, el gas natural, diversos combustibles, el carbonato y el hidróxido de litio, el oro no monetario y la carne bovina. También quedaron fuera de este recargo los artículos sometidos a aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232. La excepción resulta relevante para medir el impacto macroeconómico. Según el INDEC, el petróleo crudo, el oro no monetario y la carne bovina congelada representaron en junio el 53% de las exportaciones argentinas a Estados Unidos. Los tres productos están excluidos del nuevo 10%. Por lo tanto, no puede sostenerse que la medida vaya a provocar automáticamente una caída general de las exportaciones, de las reservas del Banco Central o de la recaudación. Esos efectos dependerán del desempeño de los rubros efectivamente alcanzados.
Manufacturas y economías regionales, bajo mayor presión
El problema se concentra en las manufacturas y los productos regionales que no figuran en las listas de excepciones. Allí pueden encontrarse químicos, plásticos, determinadas autopartes, vino fraccionado, miel, frutas y alimentos elaborados. En actividades con márgenes reducidos, un recargo del 10% puede obligar al exportador argentino a disminuir su precio, trasladar el costo al comprador estadounidense o resignar parte del mercado. Su efecto tampoco será idéntico en todos los casos: dependerá del arancel previo, la elasticidad de la demanda y la situación de los competidores. La afirmación de que la Argentina queda automáticamente desplazada por países con tratados de libre comercio también requiere cautela. México y Canadá fueron incluidos en la misma alícuota del 10%, mientras que otros proveedores recibieron tasas superiores. La ventaja relativa de la Argentina frente a esos países, sin embargo, no elimina la pérdida absoluta de competitividad para los bienes que ahora deben afrontar el gravamen.
Acero y aluminio: aranceles de hasta el 50%
La situación más delicada continúa siendo la de los metales. Desde junio de 2025, Estados Unidos aplica aranceles del 50% sobre productos centrales de acero y aluminio bajo la Sección 232. En 2026, Washington reorganizó el régimen, pero mantuvo esa tasa para numerosas posiciones consideradas estratégicas. No todos los productos siderúrgicos pagan exactamente lo mismo. Algunos derivados fueron ubicados en una tasa del 25%, determinados bienes industriales quedaron sujetos a un 15% y existen tratamientos especiales para posiciones concretas. Por eso, sería impreciso afirmar que la totalidad de las exportaciones argentinas de acero y aluminio enfrenta un gravamen uniforme del 50%. La presión, de todos modos, es considerable para compañías como Tenaris y Aluar. La protección de la industria metalúrgica estadounidense responde a una definición de seguridad nacional que Washington coloca por encima de cualquier afinidad política con sus aliados.
Carne, energía y minería conservaron ventajas
El panorama tampoco permite hablar de una ausencia completa de resultados económicos. Estados Unidos habilitó para 2026 una cuota adicional de 80.000 toneladas de carne bovina argentina, que se suma al cupo histórico de 20.000 toneladas. La ampliación permite alcanzar hasta 100.000 toneladas con tratamiento preferencial, aunque bajo condiciones y aperturas trimestrales. El petróleo, el gas y productos de litio también quedaron exceptuados del nuevo arancel. Esto favorece especialmente a Vaca Muerta y a las provincias productoras de minerales críticos. Para Neuquén, el dato es central: las principales exportaciones energéticas no recibieron el recargo adicional del 10%. El riesgo más inmediato se concentra en proveedores industriales y manufacturas asociadas que exporten posiciones no exceptuadas. Eso no significa que el sector energético opere libre de incertidumbre. Estados Unidos conserva la facultad de revisar el tratamiento de estos bienes por razones comerciales o de seguridad nacional. Pero presentar al petróleo y al litio como productos actualmente gravados por la nueva medida sería incorrecto.
Un vínculo comercial todavía deficitario
La relación bilateral continúa siendo deficitaria para la Argentina. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, durante 2025 Washington obtuvo un superávit en el intercambio de bienes de alrededor de 1.685 millones de dólares. Entre enero y junio de 2026, el saldo favorable estadounidense fue de aproximadamente 528 millones. Las nuevas barreras pueden profundizar esa asimetría si las exportaciones afectadas pierden dinamismo mientras la Argentina continúa eliminando controles y facilitando el ingreso de productos estadounidenses.
El límite de la diplomacia de afinidades
El acuerdo con Washington produjo resultados concretos, entre ellos una menor alícuota relativa, excepciones para bienes estratégicos y la ampliación del acceso para la carne. Por eso, describir la relación como una política completamente “sin rédito” sería una exageración. Lo que sí quedó desmentido es la idea de que el alineamiento político podía comprar un trato excepcional permanente. Estados Unidos otorgó concesiones cuando coincidieron con sus intereses y aplicó barreras cuando consideró amenazada su industria o su seguridad económica. La conclusión es menos categórica, pero más incómoda para el Gobierno: el alineamiento tuvo beneficios parciales, aunque no entregó el blindaje que prometía su narrativa. En el comercio internacional, la cercanía ideológica puede abrir una negociación, pero no reemplaza la defensa sostenida de los intereses productivos.
A.G.
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