América Latina concentra más de un tercio del agua dulce del planeta pero 330 millones de personas viven sin saneamiento seguro. El Banco Mundial lanzó una iniciativa global para que el agua deje de ser tratada solo como un servicio público y pase a discutirse como insumo económico estratégico. Argentina llega a esa discusión con cuencas en emergencia, una provincia productora de hidrocarburos atravesando el año hidrológico más seco del siglo, y un debate público que sigue mirando para otro lado.
Un dato que conviene leer dos veces
El 23 de junio de 2026, el Gobierno de Neuquén firmó el Decreto 0862. La norma, publicada en el Boletín Oficial provincial, prorrogó por seis meses más —desde el 1 de julio— la emergencia agraria por sequía en todo el territorio neuquino. Solo quedaron afuera los valles irrigados de Añelo y Confluencia. Los informes técnicos del INTA y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas que sustentan el decreto son contundentes: los caudales diarios de los ríos Neuquén, Limay y Collón Curá igualaron o quedaron por debajo de los mínimos históricos registrados desde 1998. Estamos atravesando, en términos hidrológicos, el año más seco en, al menos, las últimas tres décadas, y en muchos puntos de la provincia, en un siglo entero. Ese mismo mes, EconoJournal informó sobre datos oficiales de la Subsecretaría de Hidrocarburos provincial que Neuquén alcanzó en mayo de 2026 un nuevo techo histórico de producción: 636.295 barriles diarios de petróleo y 115,15 millones de metros cúbicos diarios de gas. El no convencional —es decir, lo que se extrae por fractura hidráulica— ya representa el 97% del crudo provincial y más del 91% del gas. Las dos cifras son ciertas. Las dos conviven en el mismo territorio. Y plantean una pregunta que el debate público todavía no está abordando con la seriedad que merece: ¿cómo se construye un proyecto de desarrollo en una provincia que produce divisas a un ritmo récord mientras sus ríos atraviesan la peor sequía estructural del siglo?
América Latina, superpotencia hídrica con desigualdades profundas
Para entender lo que está en juego, conviene salir un momento del mapa neuquino y mirar a la región. En abril de 2026, el Grupo Banco Mundial lanzó una iniciativa global llamada Water Forward, presentada formalmente durante las Reuniones de Primavera y profundizada en una entrevista con David Michaud, gerente de práctica de Agua del organismo para América Latina y el Caribe. El diagnóstico del Banco es categórico. América Latina y el Caribe poseen más de un tercio de los recursos de agua dulce del planeta. La región tiene los segundos recursos hídricos per cápita más grandes del mundo. Esa riqueza permitió convertir a la región en uno de los principales exportadores de alimentos del planeta y desarrollar una de las matrices energéticas más limpias del mundo a partir de la energía hidroeléctrica. Sostiene además ecosistemas como el Amazonas, decisivos para la biodiversidad global y el turismo. Sin embargo, esa abundancia, advierte el Banco Mundial, es engañosa. La distribución del agua es muy desigual entre países y dentro de cada país. Más del 65% de la población de Perú y la mayor parte de su PBI están concentrados en una costa desértica. Algunas islas del Caribe figuran entre los territorios con mayor estrés hídrico del mundo. El norte industrial de México es muy árido. Y en las zonas con abundancia, la calidad del agua se ve frecuentemente amenazada por la minería ilegal y por el uso intensivo de agroquímicos. Los números que pone el organismo encima de la mesa son los que ordenan la discusión. Más de 330 millones de personas en América Latina y el Caribe carecen hoy de acceso a saneamiento seguro. 130 millones viven en zonas propensas a sequías severas. Y la inversión en infraestructura hídrica, durante décadas dependiente casi exclusivamente del financiamiento público, ya no alcanza para sostener el ritmo que la región necesita.
Water Forward: repensar para qué sirve el agua
La iniciativa Water Forward parte de una premisa simple: el agua no es solamente un servicio público ni únicamente un derecho humano, aunque ambas dimensiones sean esenciales. También es un activo ambiental y un insumo económico estratégico. Y nadie gana cuando no se la valora adecuadamente en las tres dimensiones simultáneamente. El planteo del Banco Mundial es directo: cuando el agua se administra mal, se transforma en un límite al desarrollo. Cuando se cuida, se mide, se distribuye con inteligencia y se invierte en infraestructura, puede convertirse en motor de empleo, productividad y crecimiento. Para sostener esa visión, la iniciativa propone cinco ejes que llama «programas ancla»: asegurar que las ciudades puedan prosperar, ayudar a los agricultores a ser más productivos y resilientes, garantizar el acceso al agua para las comunidades alejadas, fortalecer las industrias y proteger el agua como bien público. Los datos sobre empleo son los más impactantes. Según el Banco Mundial, para un productor familiar, acceder de manera confiable al agua a través de riego puede aumentar su productividad hasta en un 50%. Pero, más importante todavía, le permite pasar de cultivos de ciclo anual a inversiones de largo plazo —como la paltería o un tambo lechero— que generan ingresos más estables y mejores. El riego sostenible también funciona como un colchón crítico contra las sequías, protegiendo a los productores frente a los eventos climáticos extremos. El turismo es otro ejemplo concreto. Las playas limpias y los servicios de agua confiables son la base de buena parte de las economías caribeñas, y el Banco está desarrollando un programa regional para aumentar drásticamente la recolección y el tratamiento de aguas residuales en zonas costeras. No es solo cuidado ambiental: es protección directa de los puestos de trabajo que dependen del turismo. El dato más interesante para nuestro caso aparece en el sector industrial. Michaud cuenta que en un reciente congreso de desalinización en Chile, las grandes corporaciones mineras —que históricamente tuvieron dificultades para conseguir agua— resolvieron en gran medida sus necesidades con plantas desalinizadoras propias. Y ahora proponen que, con coordinación del gobierno, esos sistemas a gran escala podrían diseñarse de manera tal que también permitan abastecer a las regiones que las rodean. Es decir: la industria que más consume agua dejó de competir por el recurso dulce con las comunidades, y empezó a aportar infraestructura compartida.
Argentina: la paradoja que el debate público no termina de discutir
La Argentina entra en esta discusión con todas las cartas en la mano y, al mismo tiempo, con buena parte de la mesa ordenada al revés. El propio Banco Mundial publicó en 2022 un informe específico para nuestro país llamado *Valorando el Agua*. La conclusión central pasó casi desapercibida en el debate público, pero merece ser repetida: las inversiones requeridas en seguridad hídrica —es decir, infraestructura de agua potable, saneamiento y riego— podrían sumar hasta un 2,7% adicional al Producto Bruto Interno hacia 2030. En términos absolutos, son unos 15 mil millones de dólares anuales de valor agregado que el país se está dejando perder. Del otro lado de la moneda, el mismo informe calculó que la brecha de seguridad hídrica le cuesta a la Argentina al menos 11.800 millones de dólares por año, equivalente al 2,2% del PBI. Más de la mitad de esa pérdida corresponde a calidad de vida deteriorada: enfermedades evitables, días de escuela perdidos, productividad laboral resentida. Esas cifras conviven con un retrato territorial difícil de digerir. Según información oficial de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, más del 80% de la población argentina tiene acceso a agua potable, pero apenas el 56% accede a servicios de saneamiento. Cuando se segmenta por nivel socioeconómico, los números empeoran: en los barrios populares del país, el acceso formal a la red de agua llega al 11,6% de los habitantes, y a la red cloacal apenas al 2,5%. Casi nueve de cada diez personas que viven en barrios populares no tienen cloacas formales. El país tiene cuencas extensas, los principales ríos del Cono Sur, glaciares cordilleranos, acuíferos importantes, humedales decisivos y una hidrovía clave para el comercio exterior. Pero esa abundancia convive con sequías que golpean al campo, caudales bajos que comprometen a las centrales hidroeléctricas, inundaciones que afectan a las ciudades y desigualdad de acceso que define directamente la salud pública. La economía argentina depende del agua mucho más de lo que solemos reconocer. El campo necesita riego, previsibilidad climática y suelos sanos. La industria alimentaria y química requiere calidad y disponibilidad. La energía hidroeléctrica depende de caudales sostenidos. El turismo se apoya en lagos, ríos, costas, nieve, glaciares y paisajes que solo tienen valor si se conservan. La Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde pasa una porción decisiva de las exportaciones argentinas, demuestra que el agua también es infraestructura económica, no solamente naturaleza.
Neuquén bajo presión: la sequía como dato estructural
Volvamos al territorio. La sequía neuquina no es un evento climático puntual. Es una tendencia que viene desde 2009. Según los informes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el río Neuquén transita su decimoséptimo año hidrológico consecutivo con aportes medios anuales por debajo del promedio histórico. El Limay arrastra una racha similar de 19 años. El río Colorado, una de las grandes cuencas que comparten Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, registró en la última década derrames anuales de entre 1.600 y 3.600 hectómetros cúbicos, contra un promedio histórico de 4.400. Es decir, una caída de hasta el 60% en la oferta hídrica disponible. Las consecuencias ya están a la vista. En enero de este año, la Subsecretaría de Recursos Hídricos provincial debió ejecutar obras de dragado y construir un azud sobre el río Neuquén para sostener el sistema de bombeo que abastece a Cutral Co y Plaza Huincul. El EPAS, el ente provincial de agua y saneamiento, reconoció públicamente que la producción del acueducto Buena Esperanza estaba al límite por la disminución del caudal del río. En Andacollo, en el Alto Neuquén, hubo que profundizar el cauce para que las captaciones siguieran funcionando. Ese es el contexto físico —el contexto real, no el de los discursos— en el que se discute hoy todo lo que tiene que ver con el agua en la provincia.
Vaca Muerta y el agua: una cuenta pendiente
La técnica del fracking necesita grandes volúmenes de agua. Cada pozo no convencional consume entre 16.000 y 45.000 metros cúbicos de agua mezclada con arena y aditivos químicos, dependiendo del área, la profundidad y el tipo de fractura. En el promedio alto, equivale al consumo anual de unas 300 familias urbanas argentinas. La industria suele responder a las críticas con un argumento numérico: en términos comparativos, el sector hidrocarburífero solo está autorizado a captar hasta el 4,5% del caudal del río Neuquén, frente al 55,7% que se destina al riego agrícola y al 2,1% que va al consumo humano. Sumando todas las captaciones industriales habilitadas, el caudal máximo que pueden tomar las petroleras es de 2,18 metros cúbicos por segundo. Y aclaran que cerca del 38% del agua del río Neuquén se va al mar sin ningún uso productivo. El argumento es cierto, pero está incompleto, sobre todo en un escenario como el actual. En primer lugar, un estudio del equipo conjunto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue y el Instituto Ambiental de Estocolmo, publicado a fines de 2023, advirtió que el consumo de agua dulce para fracking en Vaca Muerta pasó de 5 millones de litros mensuales en octubre de 2020 a 100 millones de litros mensuales en octubre de 2023. Un crecimiento de veinte veces en tres años. Y la curva sigue subiendo: en mayo de 2026, Neuquén perforó y fracturó pozos a un ritmo nunca antes registrado. En segundo lugar, los porcentajes referidos a «lo que toman las petroleras del río» están calculados sobre el caudal histórico del río Neuquén. Si los caudales reales caen al 30% de ese promedio, como viene ocurriendo, los porcentajes que parecen mínimos sobre el papel se vuelven mucho más significativos sobre el terreno. Y acá conviene volver al ejemplo chileno que mencionó el Banco Mundial. En Chile, la gran minería del cobre —la actividad económicamente equivalente al peso que tiene el petróleo y el gas en Neuquén— resolvió sus necesidades de agua con desalinización propia. Ahora sus plantas se proponen como infraestructura compartida que también puede abastecer a las regiones aledañas. Vaca Muerta, en cambio, sigue tomando agua dulce de un río en emergencia hídrica histórica, mientras los barrios neuquinos y las comunas del Alto Neuquén tienen que profundizar sus propios cauces para sostener el suministro doméstico. En tercer lugar —y esta es la cuestión menos discutida— no alcanza con preguntarse cuánta agua entra. Hay que preguntarse qué pasa cuando sale.
El otro problema: qué pasa cuando el agua vuelve
La fractura hidráulica genera lo que se llama agua de retorno o agua de formación: el agua que se inyectó al pozo y que vuelve a la superficie cargada con químicos, salmueras y restos de hidrocarburos. También genera lodos de perforación, recortes de roca y residuos especiales. En la Argentina, según datos publicados por la Asociación de Profesionales del Medio Ambiente de Neuquén, más del 95% del agua de retorno del fracking se inyecta en pozos sumideros subterráneos. En comparación, en las cuencas no convencionales más importantes de América del Norte se logra reutilizar hasta el 70% de esas aguas para nuevas operaciones de fractura. La brecha tecnológica no es un detalle menor: define cuánta presión real ejerce la industria sobre el agua dulce que toma del río, y cuánto se reduce esa presión cuando se invierte en infraestructura de reciclaje. A esto se suma el problema de los residuos sólidos y semisólidos. La Resolución 0159/2024 de la Secretaría de Ambiente provincial, además de autorizar el plan de remediación de Comarsa, eliminó la obligatoriedad del uso de mantas oleofílicas en los pozos petroleros, una herramienta preventiva pensada para contener los derrames antes de que alcancen el suelo. La decisión fue cuestionada por organizaciones ambientales y por profesionales del sector.
El caso Comarsa: cuando el pasivo se transforma en presente
Comarsa es el ejemplo más grueso de cómo un desarrollo extractivo acelerado puede dejar atrás compromisos ambientales que después le cuestan a toda la sociedad. La empresa funcionó durante años como planta de tratamiento de residuos petroleros en el Parque Industrial Oeste de la ciudad de Neuquén. Recibió y acopió volúmenes muy superiores a su capacidad de procesamiento. Los lodos se acumularon a cielo abierto formando montañas visibles desde la Ruta 22, a metros de barrios donde hoy viven familias y donde funcionan tanques de agua potable que abastecen al Distrito 6 de la ciudad. La fiscalía de Delitos Ambientales investiga a tres ejecutivos de la empresa por contaminación y administración fraudulenta. El Tribunal Superior de Justicia confirmó embargos por siete millones de dólares. En octubre de 2024, la Secretaría de Ambiente firmó la Resolución 0159 que autorizó el traslado de 210.000 metros cúbicos de residuos especiales hacia una planta tratadora ubicada en Añelo, en un plazo de 24 meses y a un ritmo mínimo de 17.500 metros cúbicos por bimestre. Quedaron afuera del plan inicial otros 31.000 metros cúbicos almacenados en biopilas, que deberán gestionarse en una etapa posterior. En la apertura de sesiones legislativas de marzo de este año, el gobernador Rolando Figueroa informó que ya se habían retirado 139.000 toneladas de residuos del predio. Sin embargo, los informes presentados por la propia Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén y los pedidos de información ingresados por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas advierten que durante el primer bimestre de 2025 se movieron solamente 11.500 metros cúbicos, apenas el 65% del mínimo comprometido. La discusión técnica importa. La política importa más todavía. ¿Qué hacemos con el suelo del Distrito 6 una vez que se levanten los lodos? ¿Es un suelo que requiere remediación adicional? ¿Quién paga esa remediación? ¿Y qué hacemos para que en los próximos diez años, con la expansión de Vaca Muerta hacia el GNL, no se generen otras Comarsas? La propia secretaria de Ambiente provincial reconoció en una entrevista con la publicación internacional Dialogue Earth que las plantas de tratamiento existentes son lo que la literatura ambiental llama «zonas de sacrificio»: predios que ya no podrán usarse para nada más. En términos simples, eso significa que cada hectárea ocupada por residuos petroleros es una hectárea que la sociedad neuquina pierde para siempre.
Lo que falta en la agenda pública
Más allá de los pasivos heredados, hay tres preguntas que el debate sobre el agua en Neuquén todavía no respondió. La primera es de transparencia. ¿Cuánta agua toma exactamente cada operadora, mes a mes, en cada captación? La provincia tiene un sistema de declaraciones juradas y un esquema de monitoreo on line. Pero los datos consolidados, accesibles al público en formato abierto, son escasos. Sin esa información, la discusión social queda secuestrada por dos extremos: las cifras tranquilizadoras que ofrece la industria y las denuncias generales que aportan los críticos. La mayoría de los neuquinos no tiene cómo saber, hoy, cuál es la situación real en el río que abastece a su ciudad. La segunda es de fiscalización. Las plantas de tratamiento existentes como el caso Comarsa, muestran que el sistema de control llegó tarde a problemas que se vieron venir durante años. ¿Cuánto se invierte hoy en fiscalización ambiental, en relación con el volumen de actividad que tiene la cuenca? La tercera es de planificación. Si Vaca Muerta opera actualmente entre el 15% y el 20% de su potencial geológico, como suele señalar la propia industria, lo que hoy parece manejable puede dejar de serlo cuando la actividad se multiplique. Los proyectos de exportación de gas natural licuado, recién aprobados por la Provincia con la Ley 3566 y por la Nación con la Resolución 873/2026 que dio luz verde al RIGI del Gasoducto San Matías, apuntan a duplicar el volumen producido en pocos años. Esa duplicación va a demandar más agua, más fluidos de fractura, más residuos y, eventualmente, más zonas de sacrificio. Si esa expansión no se discute al mismo tiempo que se planifica la infraestructura hídrica provincial, vamos a estar repitiendo el ciclo: primero el récord, después el pasivo.
La oportunidad que el Banco Mundial pone arriba de la mesa
La iniciativa Water Forward del Banco Mundial trae un argumento que el debate argentino haría bien en incorporar. Hasta ahora, el sector del agua dependió casi exclusivamente del financiamiento público. Con presupuestos cada vez más ajustados, ese modelo dejó de ser sostenible. La consecuencia es que la región acumula un déficit de inversión que se traduce en los 330 millones sin saneamiento, los 130 millones en zonas propensas a sequías severas y los miles de millones de dólares de PBI que se pierden cada año. La propuesta del Banco es atraer al sector privado bajo reglas claras, transparentes y verificables, donde el agua deje de ser sinónimo solo de gasto y pase a entenderse también como inversión productiva. No es una receta de privatización: es una agenda de articulación pública-privada con marcos regulatorios sólidos, instituciones que efectivamente fiscalicen, y prioridades sociales explícitas. Bolivia y Jamaica ya se sumaron como países piloto. Brasil aprobó en 2020 una ley de servicios universales de saneamiento que destrabó la mayor ola de inversión privada que el sector vio nunca. Chile reformó su sector hídrico hace veinte años y se convirtió en referencia mundial en provisión sostenible de agua urbana. Perú avanza con un enfoque circular donde las aguas residuales se reutilizan, se convierten en energía y reducen presión sobre las fuentes escasas. La Argentina ya tiene experiencia con financiamiento internacional en agua. El proyecto Matanza-Riachuelo es la obra más grande del Banco Mundial en América Latina, con 1.227 millones de dólares destinados a saneamiento, control industrial, planificación territorial y manejo de inundaciones. Hay préstamos en curso por unos 2.200 millones de dólares para distintas obras hídricas en el país. Pero la inversión en obra pública nacional en infraestructura hídrica cayó más del 60% entre 2015 y 2019, y la curva no se recuperó. Lo que falta no es información técnica ni acceso a financiamiento. Lo que falta es la decisión política de tratar al agua como lo que el Banco Mundial define con claridad: un bien social, un activo ambiental y un insumo económico estratégico, al mismo tiempo.
Lo que está en juego en Neuquén
En la provincia donde las regalías hidrocarburíferas ya representan más del 50% de los ingresos corrientes, el desafío es todavía más concreto. Si el agua falla —por sequía, por contaminación o por gestión deficiente— el desarrollo pierde su base material. El gobernador Figueroa repite que Vaca Muerta es la oportunidad histórica para que Neuquén deje de depender de la coparticipación nacional y se convierta en proveedor estructural de divisas para el país. Es probable que tenga razón. Pero esa oportunidad solo se sostiene en el tiempo si la provincia es capaz de garantizar, en simultáneo, agua segura para todas sus comunidades, infraestructura de saneamiento que hoy todavía no llega a una parte importante de la población, y un sistema serio de fiscalización ambiental sobre la industria que lidera ese boom. El verdadero indicador del desarrollo no son solo los barriles diarios, ni los metros cúbicos de gas, ni los dólares exportados. También son, y cada vez más serán, los caudales que se mantienen sanos, los pasivos ambientales que se remedian a tiempo y los hogares que efectivamente tienen agua potable y cloacas. Neuquén tiene la información técnica, los organismos científicos, las universidades públicas, las empresas con capacidad de innovar y la experiencia de gestión de cuencas para hacerlo. Lo que falta —y lo que está pendiente desde hace demasiado tiempo— es transformar todo eso en una política de Estado sostenida, transparente y exigente, alineada con los estándares regionales y globales que el propio Banco Mundial viene marcando. El agua, como dice la iniciativa Water Forward, no es solo un recurso natural. En el Neuquén que viene, va a ser salud pública, alimento, empleo, competitividad y, sobre todo, la posibilidad de que la generación que crece hoy no herede un territorio más rico en barriles pero más pobre en cuencas.
A.G.
