El presidente boliviano Rodrigo Paz promulgó la nueva ley que regula los Estados de excepción, debido a las protestas y bloqueos de carreteras organizados por sindicatos, campesinos y grupos afines al expresidente Evo Morales, que se han prolongado en el país durante más de un mes.
Ley de Estados de excepción
La ley, que entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, establece el marco jurídico para la adopción de medidas extraordinarias en situaciones de crisis que amenacen el orden constitucional, la seguridad pública o el funcionamiento de las instituciones democráticas. La ley autoriza al poder ejecutivo a aplicar dichas medidas por un plazo máximo de 90 días, prorrogable únicamente con la aprobación de la Asamblea Legislativa. El siguiente paso previsto es la publicación de un decreto que podría autorizar al gobierno a utilizar las fuerzas armadas para garantizar el orden público.
Persisten las tensiones
La promulgación de la ley se produjo en medio de un clima ya de por sí extremadamente tenso. Sindicatos, organizaciones campesinas y grupos indígenas llevan semanas exigiendo la dimisión de Paz, acusándolo de incumplir sus promesas electorales y de no resolver la crisis económica que azota al país. Los manifestantes instalaron cerca de 90 barricadas, paralizando las conexiones entre las principales ciudades y provocando escasez de combustible, medicinas y alimentos. Las tensiones no han disminuido ni siquiera en las últimas horas. En Cochabamba, se han reanudado los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Según la Defensoría del Pueblo, diez personas han muerto, 37 han resultado heridas y 365 han sido arrestadas desde el inicio de las protestas. Las manifestaciones han provocado una grave escasez de suministros y, según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria, pérdidas económicas que superan los 2.300 millones de dólares.
Respuesta del Gobierno y la crisis económica
Al presentar la nueva ley, Paz adoptó un tono más duro que el de sus llamados al diálogo de semanas anteriores. El presidente calificó a algunos de los instigadores de las protestas como «narcoterroristas» y acusó al expresidente Evo Morales de avivar las protestas. Si bien reiteró su disposición a dialogar con organizaciones que promueven demandas «legítimas», el jefe de Estado aseguró que su gobierno permanecerá en el poder hasta el final de su mandato en 2030. Al mismo tiempo, el gobierno anunció una serie de medidas económicas para mitigar los efectos de la crisis. Estas medidas incluyen la renegociación de la deuda bancaria para familias y empresas, la creación de un fondo de garantía para el sector del transporte y nuevas ayudas para pacientes con cáncer y pacientes con insuficiencia renal, financiadas en parte mediante la reducción de los salarios del presidente y los ministros. Sin embargo, los líderes de las protestas siguen descartando cualquier negociación que no implique la renuncia de Paz. Las consecuencias económicas del conflicto ya son graves. Según estimaciones de asociaciones empresariales, las pérdidas superan los 2.300 millones de dólares, mientras que la inflación mensual alcanzó el 2,13% en mayo, el nivel más alto desde principios de año, debido en parte a los cuellos de botella en la cadena de suministro provocados por los bloqueos de carreteras.
Marta Frigerio
