Cierre de empresas, informalidad laboral, privatizaciones cuestionadas y corrupción sin explicaciones: el hartazgo social argentino llega a su límite. Hay un número que debería quitarle el sueño al Gobierno nacional: 59. Ése es el porcentaje de argentinos que, según relevamientos de la consultora Tres Punto Cero difundidos en marzo de 2026, asegura que ya no puede esperar más mejoras en su situación económica. Si se suma a quienes solo tolerarían algunos meses más, el número roza el 70%, y ese cansancio atraviesa distintos espacios políticos. No es bronca política en abstracto. Es el umbral del agotamiento: el de quien recortó la carne del menú familiar, el de quien llegó a fin de mes con deudas para pagar la comida, el de quien tiene tres changas informales y aun así no le alcanza. Y si ese dato ya era alarmante en marzo, la última medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés correspondiente a mayo de 2026 confirma y profundiza el cuadro: el 58% de los consultados considera que la situación del país empeoró en los últimos doce meses, el 56% afirma que su situación económica personal es peor que hace un año, y la insatisfacción neta llega al 68%. El dato no es un accidente. Es la consecuencia acumulada de un programa de ajuste que produce equilibrio en los papeles del Ministerio de Economía, pero que en las mesas de los argentinos genera un silencio espeso: el de quienes ya no tienen qué recortar.
La economía crece, las empresas cierran
El Gobierno exhibe indicadores macroeconómicos como trofeos. Pero hay otra serie de números que no aparecen en los comunicados oficiales. Según un informe de Fundar, desde el inicio de la gestión libertaria, la cantidad de empresas disminuyó en 22.608, equivalente a una reducción del 4,4% del total, el mayor descenso verificado en los primeros 25 meses de una administración desde 2003. El número acumula 22 meses consecutivos de caídas interanuales. El oxímoron es brutal: los sectores dinámicos —agro, minería, intermediación financiera— son los menos intensivos en empleo, lo que explica el desacople entre crecimiento económico y dinámica del mercado laboral. Vaca Muerta y el sector energético neuquino son, quizás, el ejemplo más elocuente de esa paradoja: generan dólares genuinos para las reservas del Banco Central, mueven miles de millones en inversiones, y sin embargo no arrastran al conjunto de la economía real donde vive la mayoría. En paralelo, el empleo asalariado formal en el sector privado registró una disminución de 88.848 trabajadores en 2025. En los últimos dos años, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó un 3%, lo que representa una pérdida de 297.716 empleos formales, según datos de CEPA.
El trabajo que no existe y el que no tiene derechos
Ante la caída del empleo formal, millones de argentinos recurrieron a una alternativa conocida: el rebusque, el cuenta propia, el trabajo sin registrar. Pero ni eso alcanza. Según el INDEC, la informalidad laboral abarcó al 43% de la población ocupada al cierre de 2025, unas 9,2 millones de personas, con un incremento de 1,6 puntos porcentuales desde diciembre de 2023. Los sectores más golpeados hablan de la economía cotidiana del país real: el servicio doméstico registra un 78% de informalidad, la construcción un 73,8%, hoteles y restaurantes el 59,7% y el comercio el 52,6%. Los jóvenes enfrentan la peor parte: casi 6 de cada 10 personas menores de 29 años con al menos una ocupación se encuentran en condición de informalidad, lo que clausura de hecho cualquier perspectiva de movilidad social ascendente. El aumento de la sobreocupación y la subocupación refleja la necesidad de trabajar más horas o buscar empleo adicional para sostener el nivel de ingresos. No es un dato estadístico: es la foto de miles de familias donde el padre tiene dos changas, la madre trabaja en negro limpiando casas y el hijo mayor acomoda cajas en un depósito sin contrato. Tres trabajos informales para pagar un alquiler y la comida. Sin jubilación, sin obra social, sin red. El desempleo trepó al 7,5% a fin de 2025, el registro más elevado desde el mismo período pandémico de 2020, con más de 1,6 millones de personas sin trabajo.
El patrimonio del Estado que se vende —y lo que se pierde
Mientras la sociedad se empobrece, el Estado liquida. El Gobierno avanza en un ambicioso plan de privatizaciones que abarca más de una decena de empresas públicas. El argumento oficial es eliminar déficits y atraer inversiones. Pero la lógica de las ventas genera interrogantes de fondo. El caso de YMSA ilustra la tensión: ARC Energy pagó apenas 30 millones de dólares y se hizo cargo de 500 millones en pasivos. Empresas con deuda negativa se venden a precio de oferta, aunque su valor estratégico, tecnológico e industrial sea manifiestamente superior a lo que pagan los compradores. Entre las empresas y activos estatales sobre los que el Gobierno nacional impulsa procesos de privatización, concesión o apertura al capital privado aparecen ENARSA, AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y distintos activos energéticos y ferroviarios. En paralelo, avanzan las reliciaciones de las principales centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados—, infraestructura estratégica que aporta una porción significativa de la generación eléctrica nacional. Para Neuquén y la Patagonia, el debate excede lo fiscal: involucra quién controla recursos energéticos centrales para el desarrollo regional. La discusión sobre privatizar recursos estratégicos no se está dando con la amplitud que merece. Se está decidiendo en los despachos, con urgencia de caja, mientras la ciudadanía mira otro lado.
La casta prometida y la corrupción descubierta
El presidente Milei llegó al poder con una promesa central: terminar con la corrupción de «la casta». Hoy, esa promesa convive con una realidad que la corroe sistemáticamente. En febrero de 2026, 19 personas fueron procesadas por la Justicia por presuntos sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El exdirector del organismo, amigo y abogado personal de Milei hasta el momento en que estalló el escándalo, es señalado como líder de una asociación ilícita que convirtió una agencia destinada a los más vulnerables en una oportunidad de enriquecimiento ilícito. A ese caso se sumó el escándalo de la criptomoneda $Libra y, más recientemente, las investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señalado por presuntas irregularidades patrimoniales, viajes de lujo y posibles casos de tráfico de influencias. El impacto sobre la percepción ciudadana es devastador. Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSCA) de la UBA, realizado entre el 8 y 10 de mayo de 2026 sobre 4.711 personas, revela que el 97% de los consultados conoce el caso Adorni y el 79,9% considera que afecta directamente la promesa anticorrupción con la que Milei llegó al poder. Para el 70,3%, el jefe de Gabinete es «totalmente culpable» de los hechos que se le imputan. El dato más perturbador apunta al sistema: el 71,8% de los encuestados asegura que el funcionamiento de la Justicia favorece la corrupción en vez de combatir la impunidad. Incluso entre quienes votaron a Milei en 2023, el 46,4% afirma que el caso Adorni empeoró la imagen que tenían del Gobierno. La base propia se fractura. La narrativa de la honestidad —el activo político más importante del presidente— se erosiona en tiempo real.
El desfasaje que nadie quiere nombrar
La encrucijada es técnicamente clara: existe un desfasaje de entre 12 y 18 meses entre el momento en que el equilibrio macro se consolida y el momento en que ese equilibrio se traduce en alivio real para los hogares. La recuperación del salario real está proyectada recién para mediados de 2027. El problema es que la sociedad tiene un horizonte de tolerancia que se cierra mucho antes. Según la consultora Tres Punto Cero, el malestar por la microeconomía ya supera a la inflación como preocupación principal: los bajos salarios encabezan la lista de problemas nacionales con un 26,4%, seguidos por la corrupción, la desocupación y la pobreza. El 58,1% de los argentinos considera posible un estallido social antes de fin de año si la reactivación no llega al consumo masivo, el nivel más alto desde los primeros meses del gobierno libertario. Esa posibilidad no la ven solo los críticos. La ven los propios encuestados: ciudadanos comunes que miden su resistencia y concluyen que está llegando al límite. Que saben, porque lo vivieron, que Argentina tiene una historia de estallidos que comienzan exactamente así: con esa mezcla de hartazgo silencioso, precariedad creciente, corrupción percibida como impune y la ausencia total de buenas noticias para el bolsillo. Tres trabajos informales, ningún derecho, cero certeza sobre el futuro. Y un Estado que vende el patrimonio común a precios de remate mientras sus funcionarios enfrentan acusaciones que nadie termina de explicar. El reloj social no está en los mercados de Nueva York. Está en cada barrio, en cada familia que hace cuentas el domingo a la noche sin que los números cierren. Y ese reloj, a diferencia del riesgo país, no admite extensión de plazo.
A.G.
