El ajuste fiscal más agresivo en décadas produjo superávit y desinflación, pero trasladó el costo a los de siempre: el salario mínimo perdió el 57% de su poder adquisitivo desde 2015, cerraron más de 24.000 empresas, cayeron 304.000 empleos registrados y el Estado recortó entre el 30% y el 100% de los presupuestos de salud, educación y obra pública. Los números del éxito macroeconómico y los del fracaso social pertenecen al mismo país. Hay una forma de leer la economía argentina que circula en los comunicados oficiales y en los foros financieros internacionales: superávit fiscal por primera vez en veinte años, inflación bajando desde el 289% anual de 2024 hacia el 33% actual, riesgo país en descenso, reservas del Banco Central en terreno positivo después de años en rojo. Es una lectura real. Los números existen. Pero hay otra forma de leer la misma economía, la que mide lo que pasa adentro de los hogares, en los mostradores de los negocios que cerraron, en los hospitales que atienden con menos medicamentos y en los salarios que cada mes compran un poco menos. Esa lectura también es real, y sus números son igualmente verificables.
El salario: la derrota silenciosa
El indicador más directo del bienestar cotidiano es lo que entra en el bolsillo y lo que ese dinero puede comprar. En ese plano, el retroceso acumulado desde 2015 hasta hoy es histórico. A fines de 2015, el salario mínimo argentino en dólares era el más alto de América Latina: USD 742 medido por paridad de poder adquisitivo, según verificó el sitio Chequeado con datos de la OIT. Hoy ese mismo indicador ubica al país alrededor del séptimo lugar regional, con un salario mínimo que en pesos de marzo de 2026 equivale al 42,7% de su valor real de noviembre de 2015. Dicho de otra manera: el piso salarial perdió el 57,3% de su poder adquisitivo en una década, según datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). La destrucción no fue lineal ni atribuible a un solo gobierno. La motosierra de Milei aceleró lo que Macri y Alberto Fernández habían comenzado. Pero la magnitud del golpe reciente es inédita: entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, el salario mínimo vital y móvil real cayó un 39% en apenas dos años y medio, según el informe «Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones» del Ministerio de Trabajo. El nivel actual es inferior, en términos reales, al que existía en 2001, antes de la crisis de la convertibilidad. El trabajador formal privado tampoco escapó. Según el INDEC, el salario promedio de ese sector en enero de 2026 fue un 14,4% menor al máximo histórico de la serie (registrado en mayo de 2013) y aún acumula una pérdida real de 2,3% respecto de noviembre de 2023. El sector público fue más golpeado: sus salarios reales cayeron 21,9% entre noviembre de 2023 y enero de 2024, una merma que se revirtió sólo de forma parcial en los meses siguientes. La inflación acumulada entre 2024 y principios de 2026 superó el 180%. Los salarios no la siguieron. El resultado es una pérdida de poder adquisitivo que, cuantificada, equivale —según el economista Nadin Argañaraz— a que un empleado privado resignó 16 salarios mensuales completos en términos reales desde 2017, mientras que un trabajador del sector público perdió el equivalente a casi 22 sueldos.
El empleo: menos trabajo, peor trabajo
La destrucción de empleo registrado es otra cara de la misma crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se perdieron 304.000 puestos de trabajo formal, regresando el nivel de empleo registrado a valores similares a los de mediados de 2022. El sector público nacional recortó 77.000 empleados, casi el 20% de su plantilla. El empleo privado acumula ocho meses consecutivos de caída desde mediados de 2025, con una pérdida de 100.000 puestos. La construcción fue el sector más golpeado en términos relativos, con una destrucción de 65.000 empleos. El comercio interrumpió en junio de 2025 su tendencia levemente positiva y acumula desde entonces ocho meses de caídas. El empleo en casas particulares, que nuclea a los trabajadores más vulnerables, cayó 11,4% desde su máximo de 2019 y regresó a niveles de septiembre de 2015. La informalidad laboral, que históricamente ronda el 40% de la fuerza de trabajo en Argentina, no mejoró. En el cuartil más bajo de ingresos, la tasa de empleo informal supera el 60%, según señaló en sus informes el INDEC. La precarización avanza: trabajadores que antes tenían empleo registrado con aportes y obra social migraron hacia relaciones laborales sin cobertura, muchas veces bajo la figura de «monotributistas» o «autónomos» encubiertos.
Las empresas: más de 24.000 cierres y el fin de nombres históricos
El tejido productivo acusó el impacto con igual contundencia. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, en la Argentina cerraron 24.180 empresas, según un informe elaborado por Fundar en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La única provincia que registró un aumento de empleadores fue Neuquén, traccionada por Vaca Muerta: el resto del país retrocedió. Los procedimientos preventivos de crisis —la antesala legal de los despidos masivos y los cierres— treparon de 42 casos en 2023 a 131 en 2024 y 158 en 2025. En los primeros meses de 2026 ya se iniciaron 21 procesos, entre ellos los de la fábrica de termos Lumilagro y la avícola Granja Tres Arroyos. La lista de nombres caídos recorre décadas de historia industrial argentina: la fábrica de neumáticos Fate cerró sus puertas; la cadena Garbarino, emblema de la venta de electrodomésticos, quebró; la láctea Verónica entró en crisis; Celulosa Argentina —principal papelera del país— presentó concurso preventivo; la textil Emilio Alal, con más de un siglo de historia, cerró su división industrial; Bioceres, la biotecnológica que nació en 2001 y generó una empresa que cotizaba en Wall Street, fue declarada en quiebra por la Justicia de Santa Fe; y SanCor, símbolo de la industria láctea cooperativa, pidió también su propia quiebra tras décadas de historia. El 46,1% de las empresas industriales que permanecen activas identifica la caída de la demanda interna como su principal problema, según la Unión Industrial Argentina. El 45,6% tiene dificultades para pagar al menos uno de los siguientes compromisos: salarios, proveedores, financiamiento, servicios o impuestos. La apertura de importaciones, combinada con la apreciación del tipo de cambio real, dejó a la producción local sin margen para competir en precio con bienes importados, especialmente en el sector textil.
El Estado que se achica: salud, educación y ciencia bajo la motosierra
El ajuste fiscal no operó en el vacío. Tuvo una geografía precisa: salud, educación, ciencia, obra pública y desarrollo social fueron los rubros que financiaron el superávit. Según el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria de 2025, el gasto de la Administración Pública Nacional cayó un 31% en términos reales respecto de 2023. El mismo informe identifica una sola área que creció: la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución un 31%. Los recortes en los sectores que definen la calidad de vida de la mayoría son brutales cuando se desagregan. Los hospitales nacionales perdieron entre el 29% y el 38% de su financiamiento. El Instituto Malbrán recortó un 26%. La ANMAT, organismo regulador de alimentos y medicamentos, cayó un 25%. El programa de atención territorial en salud perdió el 96% de sus fondos. El programa de respuesta al VIH y tuberculosis cayó un 47%. Los comedores escolares y comunitarios fueron recortados un 68%. El programa de protección de la Primera Infancia se ajustó un 90%. El programa de Desarrollo Social fue eliminado en un 100%. El presupuesto para obra pública cayó entre el 89% y el 100% según el tipo de infraestructura. En educación, la inversión nacional como porcentaje del PIB bajó del 1,48% en 2023 al 0,88% proyectado para 2025, según el Observatorio de Argentinos por la Educación. El programa Conectar Igualdad fue eliminado. Las becas cayeron un 77%. La infraestructura escolar perdió el 89% de sus fondos. En ciencia, el CONICET recortó un 31% y el presupuesto para investigación cayó un 83%. En materia de servicios públicos, el desmantelamiento de subsidios a la energía y el transporte se tradujo en un aumento de la canasta de servicios del hogar del 402% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP-UBA. Las tarifas de electricidad, gas y transporte subieron muy por encima de la inflación general, impactando en especial a los hogares de ingresos medios y bajos que destinan una proporción mayor de su gasto a esos servicios.
La deuda que se paga en el plato y en los remedios
El dato más revelador de cómo sobrevive la Argentina de 2026 no está en los índices de pobreza oficiales —cuestionados metodológicamente por su canasta desactualizada— sino en el comportamiento del crédito al consumo. Según un estudio cualitativo sobre inclusión financiera realizado entre enero y febrero de 2026 y analizado por investigadores de CLACSO, entre el 75% y el 80% de los hogares argentinos se endeuda hoy para comprar alimentos. El 60% financia servicios públicos con crédito. El 45% usa préstamos para pagar salud. El coeficiente de morosidad en préstamos personales y fintechs alcanzó niveles máximos en más de veinte años, con tasas de mora superiores al 30% en algunos segmentos. El financiamiento digital, diseñado como herramienta de inclusión económica, mutó en la práctica en un sistema de supervivencia que posterga el hambre al siguiente resumen de tarjeta. Los remedios son otro termómetro confiable. Losartán, uno de los medicamentos para la presión arterial más utilizados por adultos mayores, aumentó un 233% medido en dólares entre noviembre de 2023 y mediados de 2025. Un plan de medicina prepaga para dos adultos pasó de representar el 15% del salario promedio al 20%. Las prepagas aplicaron aumentos sistemáticamente por encima de la inflación oficial —justamente porque la inflación oficial no refleja el precio de los medicamentos ni el de los servicios médicos con la misma fidelidad con que registra el cassette, el champán o el yate.
La medición como problema político
Un artículo honesto sobre la economía argentina no puede omitir la discusión sobre cómo se miden las cosas. El INDEC actual «no está intervenido políticamente» como lo estuvo entre 2007 y 2015, cuando publicaba cifras de inflación del 10% anual mientras la realidad duplicaba ese número. Pero la Encuesta Permanente de Hogares tiene limitaciones metodológicas documentadas. La canasta básica que determina la línea de pobreza no refleja adecuadamente los aumentos en medicamentos, servicios públicos y alimentos de consumo masivo. El registro creciente de ingresos no laborales —programas sociales, transferencias— en la EPH desde fines de 2023 infla estadísticamente los ingresos del cuartil más bajo, produciendo una baja de la pobreza (del 53% en el primer semestre de 2024 al 28,2% en el segundo semestre de 2025) que no se condice con la percepción cotidiana de millones de familias endeudadas para comer. El economista Agustín Salvia, de la Universidad Católica Argentina, advirtió en marzo de 2026 que ese dato de pobreza requiere un debate público riguroso antes de ser celebrado como un logro. La investigadora Jésica Pla, de CLACSO, lo resume con precisión: la aparente estabilidad de los indicadores de pobreza es el síntoma de un sistema que financia la supervivencia a costa de una privación de futuro, una presión sobre la vida cotidiana y una limitación de las estrategias de movilidad social dentro de las familias.
El costo del equilibrio
El gobierno de Javier Milei logró algo que todos sus antecesores recientes fracasaron en conseguir: el primer superávit fiscal primario en veinte años. Logró también bajar la inflación desde el 289% anual de 2024 a tasas mensuales que hoy rondan el 2,5-3,5%. Son logros macroeconómicos reales que ningún análisis riguroso puede ignorar. Pero el modo en que se consiguieron importa tanto como el resultado. El superávit se financió principalmente recortando los rubros del Estado que más tocan la vida de la gente: hospitales, escuelas, investigación científica, infraestructura, comedores y programas de primera infancia. La desinflación se logró también aplastando el consumo, destruyendo empleo formal y licuando salarios. El ajuste tuvo perdedores muy concretos: los trabajadores registrados, los jubilados, las pymes industriales, los pacientes del sistema público de salud, los niños de comedores con 68% menos de financiamiento. La gran pregunta que el programa económico no responde aún es si este sacrificio conduce a algo. Si Vaca Muerta escala en los próximos años hasta los USD 40.000 millones de exportaciones proyectados por YPF para 2030, si el riesgo país cae lo suficiente para volver a los mercados internacionales, si las reservas se consolidan y si el empleo privado se recupera con inversión genuina —y no sólo en el sector energético patagónico— entonces quizás la historia juzgue este período como un ajuste necesario que sentó las bases de algo mejor. Si ninguna de esas condiciones se cumple, la historia lo juzgará de otra manera.
