La decisión de la Corte Suprema de los EEUU de declarar ilegales los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump tiene implicancias directas y profundas para la Argentina. Así lo señaló la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). Más allá del impacto global, el fallo golpea el núcleo del reciente entendimiento comercial entre Argentina y EEUU y deja en suspenso el principal beneficio arancelario que se obtuvo.
El máximo tribunal estadounidense resolvió el viernes pasado, por 6 votos contra 3, que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés) habilita al presidente a «regular» las importaciones ante una emergencia nacional. Pero remarcó que no lo faculta a imponer impuestos, una atribución que corresponde al Congreso salvo delegación expresa. Con ese argumento, declaró ilegales tanto los aranceles vinculados a la crisis del fentanilo como los denominados aranceles recíprocos del Liberation Day. En el caso argentino implicaban un recargo de 10%.
Para la Argentina, el punto más sensible es el impacto sobre el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, ARTI, que se anunció en noviembre de 2025. Y cuyo texto se publicó el 05 de febrero último. El compromiso central que asumió EEUU en ese marco era reducir de 10% a 0% el arancel recíproco aplicado a 1.675 posiciones arancelarias de exportación argentina.
Sin embargo, ese arancel recíproco es exactamente el que la Corte Suprema declaró ilegal. La CERA, que conduce Fernando Landa, subrayó que «este arancel recíproco es justamente el que la Corte Suprema de EEUU declaró como ilegal. Invalidando así la única concesión en materia de acceso a mercados que brindaba a nuestro país».
En otras palabras, el principal beneficio concreto que Argentina consiguió en términos de acceso al mercado estadounidense queda sin sustento jurídico. La reducción a 0% ya no depende de la voluntad política bilateral, sino de una decisión judicial que directamente anuló la herramienta legal utilizada para imponer ese gravamen.
Además, el acuerdo no incluía concesiones en aranceles Nación Más Favorecida ni mejoras para los bienes alcanzados por la Sección 232, como acero, aluminio, automotriz, madera y muebles. Es decir, fuera de la eliminación del 10% recíproco, no había otros alivios arancelarios estructurales para la oferta exportable argentina.
Un acuerdo que pierde base legal antes de llegar al Congreso
Otro elemento central es que Argentina aún no envió el ARTI al Congreso para su aprobación. Esto abre un interrogante político e institucional de peso. La Cámara de Exportadores advirtió que, tras el fallo, «el texto del ARTI perdería sustento legal». La frase sintetiza el dilema. Un acuerdo cuya principal concesión se invalidó por la Justicia estadounidense difícilmente pueda avanzar en su trámite parlamentario sin una renegociación previa o una redefinición integral.
Para el Gobierno, que presentó el entendimiento como un avance estratégico en la relación bilateral, la sentencia implica la necesidad de recalibrar expectativas. Y evaluar si conviene reformular el acuerdo, ampliarlo o directamente esperar una nueva arquitectura comercial en Washington.
Desde el punto de vista sectorial, la anulación del arancel recíproco del 10% tenía un efecto potencialmente positivo inmediato. Al eliminar una barrera adicional sobre una amplia gama de productos argentinos. Sin embargo, al declararse ilegal el instrumento que lo imponía, el beneficio se diluye como concesión negociada y queda sujeto a cómo EEUU reordene su esquema arancelario.
La incertidumbre no es menor. La Cámara de Exportadores señaló que la decisión «implica una disrupción significativa a la política comercial del presidente Trump. Y mantiene el escenario de incertidumbre para el comercio internacional». Para las empresas argentinas que exportan a EEUU, esto se traduce en dudas sobre reglas de juego, plazos y condiciones futuras. A esto se suma que los aranceles aplicados bajo la Sección 232 no fueron objeto del fallo. Como el ARTI no contemplaba mejoras en ese frente, los sectores afectados por esas medidas continúan sin cambios en su situación de acceso al mercado estadounidense.
En este contexto complejo, hay un punto que ofrece mayor previsibilidad. La cuota de carne bovina de 80.000 toneladas métricas que otorgó EEUU a la Argentina no formaba parte del texto del ARTI. Sino que se concedió mediante la proclama «Asegurar carne asequible para el consumidor estadounidense».
Por ese motivo, no habría razones para que deje de regir tras el fallo de la Corte. Esto representa un alivio para el sector cárnico argentino, que considera al mercado estadounidense como estratégico tanto por volumen como por valor. La continuidad de la cuota permite aislar, al menos parcialmente, a uno de los complejos exportadores más relevantes del impacto directo de la sentencia. Aunque el clima general de revisión de la política comercial estadounidense seguirá influyendo en las expectativas.
Un escenario que obliga a redefinir la estrategia
Más allá de los aspectos técnicos, el fallo obliga a la Argentina a repensar su estrategia comercial con EEUU. La anulación judicial de los aranceles que se aplicaron bajo la Ieepa no sólo afecta una medida puntual, sino que altera el marco en el que se negoció el ARTI. También queda pendiente la discusión sobre los aproximadamente US$ 170.000 millones que recaudó EEUU en concepto de los aranceles ahora declarados ilegales. Si bien ese debate se dará en tribunales inferiores y no está directamente vinculado a la Argentina, el desenlace puede incidir en el clima político y fiscal en Washington.
En definitiva, lo que parecía un paso concreto hacia una mayor apertura del mercado estadounidense para productos argentinos se transforma en un escenario de transición. La principal concesión que se negoció pierde sustento, el acuerdo bilateral queda en pausa y la relación comercial deberá adaptarse a un nuevo equilibrio institucional en Estados Unidos.
Para la Argentina, el desafío será convertir esta disrupción en una oportunidad de renegociación más amplia. O al menos en una instancia para fortalecer su posicionamiento en un contexto internacional donde las reglas vuelven a estar en discusión.
A.G.
