Lo acusa de violación a los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal), por incumplir la Constitución Argentina y abandonar la estratégica por la soberanía de Malvinas lograda en las Naciones Unidas.
La política exterior argentina sobre el Atlántico Sur ha ingresado en una fase de crisis institucional y jurídica sin precedentes. Tras las declaraciones del presidente Javier Milei al diario británico The Telegraph, en las que supeditó la restitución de las Islas Malvinas al «deseo» de los habitantes del archipiélago, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata formalizó una denuncia penal que podría derivar en un pedido de juicio político u otra acción en términos judiciales.
La controversia no es solo discursiva. Sino que, lo que está en juego; es la vigencia de la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas, el pilar jurídico que desde 1965 obligó al Reino Unido a negociar la soberanía de las Islas Malvinas con la Argentina.
El eje del conflicto: ¿»Intereses» o «Deseos»?
La diferencia entre estos dos conceptos constituye la médula del diferendo. Mientras que la Constitución Nacional y las resoluciones de la ONU establecen que Argentina debe respetar los intereses y el modo de vida de los isleños (garantizando sus propiedades, religión y cultura tras la restitución), el término deseo mencionado en las declaraciones de Milei, introduce la figura de la «autodeterminación».
La posición de la ONU: Reconoce que en Malvinas hay una «población implantada» y que la disputa es bilateral entre Argentina y el Reino Unido. Por ello, el «deseo» de los habitantes no es vinculante.
La posición de Milei: Al otorgarles la decisión final («cuando ellos lo deseen»), el Presidente acepta tácitamente la tesis británica, desactivando el argumento argentino de que la integridad territorial debe prevalecer sobre la voluntad de los ocupantes.
La Denuncia del CECIM y la «Traición a la Patria»
Ayer, 21 de enero de 2026, el CECIM La Plata, representado por Rodolfo Carrizo y Ernesto Alonso, presentó ante la justicia federal una denuncia por violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal). Los argumentos principales detallan:
1. Incumplimiento Constitucional: La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional establece que la recuperación de las islas es un «objetivo permanente e irrenunciable».
2. Abandono de la Soberanía: El CECIM sostiene que el silencio oficial ante la intimación legal enviada semanas atrás ratifica una «política de entrega» para favorecer intereses comerciales y políticos de Gran Bretaña, con el solo objeto del levantamiento de embargos armamentísticos que el Reino Unido aplicó contra la Argentina luego de la guerra de 1982.
El peligro del «Estoppel»: Un daño irreversible en el Derecho Internacional
Para los especialistas en leyes internacionales, la mayor preocupación radica en la doctrina del Estoppel (actos propios). Según este principio, las declaraciones públicas de un Jefe de Estado son vinculantes para el país que representa.
Si la Justicia argentina no obliga al Ejecutivo a retractarse o no sanciona este accionar, el Reino Unido podría alegar ante la comunidad internacional que Argentina ha consentido un cambio en su postura histórica. Esto significaría la pérdida de la «ventaja moral y jurídica» obtenida en 1965, permitiendo que Londres consolide su control sobre los 1.620.000 km² de mar, pesca y petróleo que hoy usurpa.
Escenarios inminentes
La inacción de las instituciones —el Congreso y la Justicia— frente a estos hechos será una validación por omisión de la disolución de la política de Estado más antigua de la República. El escenario se divide ahora en dos vías:
Vía Judicial: El avance de la denuncia penal por dolo en el incumplimiento de funciones.
Vía Parlamentaria: El inicio de un proceso de Juicio Político por mal desempeño, fundamentado en la vulneración directa de la Carta Magna.
Argentina se enfrenta al riesgo de que, por primera vez en 193 años, sea su propio mandatario quien legitime la ocupación británica mediante el reconocimiento de una voluntad poblacional que el derecho internacional ha rechazado sistemáticamente. De no revertirse, la Nación Argentina tal cual la conocemos habrá desaparecido. Salvo que en un futuro el País decida armarse y efectuar una recuperación en términos militares y expulse por la fuerza al invasor.
A.G.
