El Consejo de la Unión Europea decidió, ayer, prorrogar las medidas restrictivas contra Nicaragua hasta el 15 de octubre de 2026. Las sanciones, ya en vigor, se aplican a 21 personas y tres entidades e incluyen la congelación de activos, la prohibición a los ciudadanos y empresas de la UE de poner fondos a su disposición y la prohibición de viajar a los afectados para entrar o transitar por territorios de la UE.
El motivo de la prórroga
Según la declaración del Consejo Europeo, la prórroga se justifica por la actual situación política y de derechos humanos en el país centroamericano. La Unión reitera la necesidad de que Managua restablezca las libertades fundamentales, libere a todos los presos políticos aún detenidos y permita el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos. También exige el fin de las restricciones al espacio cívico, el derecho a la disidencia y las prácticas represivas tanto dentro como fuera del país.
El origen de las medidas
Las medidas originales se adoptaron por primera vez en 2019 y han sido objeto de revisión y renovación anuales desde entonces. Entre los destinatarios de las sanciones se encuentran altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, miembros del poder judicial, la policía y otras instituciones responsables de graves violaciones de derechos humanos. Con esta decisión, Bruselas mantiene la presión diplomática sobre el régimen de Managua.
