La estructura de tarifas de servicios públicos en Argentina presenta una notable dispersión. En septiembre de 2025, la factura eléctrica promedio a nivel nacional para un hogar de altos ingresos (N1) es de $66.349, mientras que para ingresos bajos (N2) es de $40.524 y para ingresos medios (N3) de $47.162. En el caso del gas, los promedios nacionales son de $44.905 (N1), $30.981 (N2) y $33.849 (N3). Sin embargo, estos valores ocultan -según el «Reporte de Tarifas y Subsidios #30», correspondiente a septiembre de 2025, elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET)- las profundas diferencias que existen entre las distintas jurisdicciones del país. «La dispersión de tarifas es multicausal, es un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía», explica el reporte. Y continua: «A su vez, responde no solo a diferentes estructuras tarifarias, y a características estructurales propias del servicio público de distribución, sino también a factores exógenos como la existencia de diferentes cargas impositivas y anomalías regulatorias que altera artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones».
Tarifa de electricidad, el peso de la distribución
Como anticipamos, la disparidad en las tarifas eléctricas obedece a varias cuestiones. A diferencia del gas, en el sector de distribución eléctrica conviven empresas bajo marcos regulatorios nacionales, provinciales y municipales. Esta diversidad, sumada a las características de cada red, la frecuencia de las actualizaciones de costos y las diferentes cargas impositivas, genera una amplia gama de precios finales. Un componente clave en esta ecuación es el Valor Agregado de Distribución (VAD), cuyo ritmo de incremento varía significativamente entre provincias. Este cargo puede llegar a representar hasta el 56% de la factura final para un usuario de bajos ingresos a nivel nacional (N2), explicando gran parte de las diferencias que pagan los consumidores en cada región.
Gas, la encrucijada de la zona fría
Aunque la tarifa de gas es de jurisdicción nacional, el sistema esconde una gran complejidad: existen más de 90 precios distintos si se consideran las subzonas tarifarias, la tarifa social y la Ley de Zonas Frías. De acuerdo al informe, las facturas que pagamos los consumidores de la Patagonia, y de Neuquén en especial, suelen estar por encima siempre del promedio nacional. Para la Patagonia, la distribuidora Camuzzi Gas del Sur aplica precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) de $2,68/m³ para usuarios N1, $0,97/m³ para N2 y $1,21/m³ para N3. Curiosamente, mientras el precio para los hogares de altos ingresos es ligeramente inferior al promedio nacional ($2,71), los valores para los segmentos de ingresos bajos y medios son superiores a la media del país ($0,72 y $0,89 respectivamente). Un punto central para la región es el futuro del régimen de zonas frías. El proyecto de Presupuesto 2026 propone derogar la ampliación de la Ley 27.637, lo que implicaría volver al esquema original que limitaba el beneficio exclusivamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna. Esta medida reduciría el costo fiscal del programa, para el cual hay asignados $450.000 millones (incluyendo el programa de garrafa social), manteniendo la ayuda focalizada en el sur, pero eliminándola para las zonas que se incorporaron en 2021. El mapa tarifario de Argentina es un reflejo de su complejidad regulatoria y estructural. Para los consumidores patagónicos, el debate sobre el régimen de zonas frías es crucial, ya que define el alcance de un subsidio clave en una de las regiones con mayores requerimientos energéticos del país.
Carla Barbuto
