México dejó de ser, como sucedió por un largo período, un país de tránsito, al ser parte del «principal corredor migratorio del mundo», para convertirse en una nación de acogida de extranjeros sin documentos, a raíz de la ofensiva lanzada en contra de la llegada de foráneos a Estados Unidos.
Hasta ahora, se han quedado 39% de los migrantes que llegaron a México, de acuerdo con un informe del ministerio de Gobernación (interior), el cual señaló que en este sentido la nación afronta «múltiples retos en la gestión de la movilidad humana».
Entre 2019 y el 30 de septiembre de 2024, fueron emitidas por las autoridades mexicanas un total de 1.560.956 tarjetas migratorias, es decir, permisos para permanecer en el país, «consolidando la política de regularización migratoria en el país», según el reporte.
Los extranjeros más beneficiados por esta nueva política de acogida son los inmigrantes procedentes de países vecinos como Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras.
«Miles de personas han decidido aceptar la ayuda ofrecida por el Instituto Nacional de Migración (INM) para que puedan transportarse de forma legal en el país y algunos se asentaron en México», señala el ministerio.
El tránsito de un país de paso a un territorio de acogida de personas «en busca de una mejor vida» ocurrió en los últimos meses, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero pasado. Solo entre octubre del año pasado y junio de este año, el gobierno de México entregó tarjetas para acreditar la condición de estancia regular a 165.378 personas, casi 10% del total acumulado en 5 años.
De esta cifra, 88.809, es decir, 53,7% del total, correspondió a residentes temporales, pero 64.020, equivalente a 38,7%, obtuvieron la «condición de residente permanente», señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de labores, que presentó el pasado día 1 ante el Congreso. Asimismo, 5.667, o sea 3,3% del total de personas que recibieron permiso para quedarse en México, obtuvieron el estatuto de «visitantes por razones humanitarias» y otros 6.864 (4,2%) el de «residentes temporales estudiantes, mientras que apenas en casos excepcionales (18) se acreditó la condición de «visitantes con fines de adopción».
El gobierno mexicano decidió por primera vez aprovechar la ola migratoria desde la frontera sur para «fomentar el comercio, el turismo y el empleo formal» de manera que durante los primeros nueve meses de la actual administración «se expidieron y entregaron» 48. 875 permisos migratorios a ciudadanos de Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Estas acciones se llevaron a cabo en los estados sureños de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, que forman parte de la franja más pobre de México. Además, por primera vez y en coordinación con el gobierno, 220 empresas ofrecieron 63.880 empleos para mexicanos repatriados desde Estados Unidos por efecto de la política anti-migratoria de Trump.
El ministerio de Gobernación indicó que, al ser el país parte del principal corredor migratorio del mundo, México decidió adoptar mecanismos de coordinación internacional que aseguraran «un tránsito ordenado y seguro a quienes decidieron migrar», con base en el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular.
