El Foro en Defensa de los Ríos advierte que el acuerdo por la reprivatización de las represas en Neuquén y Río Negro no incorpora beneficios reales para las provincias, cuestiona su legalidad y alerta sobre los riesgos en materia de soberanía, seguridad hídrica y participación ciudadana.
El reciente decreto del Gobierno nacional que habilita la licitación pública nacional e internacional para concesionar nuevamente las represas hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro abrió un intenso debate en la región. El acuerdo, celebrado por los gobiernos provinciales, incluye la posibilidad de cobrar regalías en especie, un canon adicional por el uso del agua y la creación de un fondo para obras de seguridad hídrica, además de reforzar el rol de los organismos interjurisdiccionales.
Sin embargo, desde el Foro en Defensa de los Ríos, representado por el ingeniero Jorge Pistagnesi y Rubén Gómez, advierten que los beneficios presentados como «nuevos» en realidad ya estaban contemplados en leyes vigentes y en la Constitución Nacional. Según explicaron, lo único novedoso sería el canon hídrico, siempre y cuando Nación cumpla efectivamente con su implementación.
El Foro también plantea dudas sobre la legalidad del proceso. Recuerdan que, como ocurrió con el acuerdo YPF-Chevron, cualquier concesión sobre un recurso natural provincial —en este caso el agua— debería contar con la aprobación previa de las legislaturas de Neuquén y Río Negro. De lo contrario, la licitación podría ser impugnada por inconstitucional. Otro punto crítico es el plazo de 24 meses para realizar nuevos estudios de seguridad hídrica, algo que consideran una dilación injustificada, dado que existen fallos judiciales firmes desde 2009 que obligan a obras para atenuar crecidas máximas probables. Según Pistagnesi, el cambio climático aumenta los riesgos y no se puede esperar otros dos años para iniciar tareas urgentes. Además, cuestionan la decisión de fijar el precio de la energía en dólares, triplicando los valores previos, lo que favorecería a los futuros concesionarios internacionales y debilitaría la capacidad de control del Estado. «Se está habilitando que las empresas busquen solo rentabilidad, sin considerar el impacto social, productivo y ambiental en los valles aguas abajo», señalaron.
Participación proporcional de otras provincias
Otro de los puntos señalados por el Foro en Defensa de los Ríos es la propiedad original de las represas, construidas con fondos nacionales. En ese sentido, advierten que, más allá de Neuquén y Río Negro, todas las provincias argentinas podrían reclamar su participación proporcional en la titularidad de estas infraestructuras estratégicas. «Si Chaco, Buenos Aires o cualquier otra provincia reclamara su parte de la inversión nacional, legalmente tendría derecho a hacerlo», explicaron. Este planteo abre un debate más amplio sobre la verdadera propiedad de las represas y refuerza la necesidad de que la discusión se dé en el Congreso de la Nación y no solo en negociaciones entre gobiernos provinciales y el Ejecutivo nacional. Finalmente, alertaron sobre la falta de audiencias públicas y de instancias de participación ciudadana en un tema de semejante envergadura ambiental y social. Para el Foro, el acuerdo deja más sombras que certezas y abre la puerta a un escenario riesgoso en materia de soberanía energética y seguridad de las poblaciones ribereñas.
