{"id":1000035934,"date":"2026-11-02T09:28:42","date_gmt":"2026-11-02T12:28:42","guid":{"rendered":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000035934"},"modified":"2026-11-02T09:28:46","modified_gmt":"2026-11-02T12:28:46","slug":"de-cristina-kirchner-a-javier-milei-la-deuda-publica-crecio-mas-de-us-347-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000035934","title":{"rendered":"De Cristina Kirchner a Javier Milei: la deuda p\u00fablica creci\u00f3 m\u00e1s de US$ 347.000 millones"},"content":{"rendered":"\n

Desde 2007, la deuda bruta del Estado nacional pas\u00f3 de US$ 137.114 millones a US$ 484.229 millones, un incremento del 253%. Todos los gobiernos aumentaron el endeudamiento nominal, pero el an\u00e1lisis de su composici\u00f3n revela diferencias fundamentales. El pr\u00e9stamo de Mauricio Macri con el FMI estuvo acompa\u00f1ado por una importante salida de capitales y fue objeto de severas observaciones de los organismos de control. Javier Milei, por su parte, mantiene una deuda bruta creciente y un programa de ajuste que redujo distintos gastos sociales mientras aumentan los pagos de intereses. La deuda p\u00fablica argentina constituye mucho m\u00e1s que un problema financiero. Su evoluci\u00f3n permite reconstruir decisiones pol\u00edticas, modelos econ\u00f3micos, relaciones con los organismos internacionales y disputas sobre la distribuci\u00f3n de los recursos nacionales. Detr\u00e1s de las cifras aparecen cuestiones concretas: qui\u00e9n recibe el financiamiento, en qu\u00e9 se utiliza, qui\u00e9nes se benefician de esas operaciones y qu\u00e9 sectores sociales terminan afrontando los costos. Una reconstrucci\u00f3n publicada por DatoPuro, a partir de informaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Finanzas de la Naci\u00f3n, permite observar que entre 2007 y septiembre de 2026 la deuda bruta pas\u00f3 de US$ 137.114 millones a US$ 484.229 millones. Se trata de un crecimiento acumulado de US$ 347.115 millones, equivalente al 253%, expresado en d\u00f3lares corrientes. Sin embargo, no todos los aumentos de deuda representan nuevas divisas obtenidas del exterior. Parte de las variaciones responde a obligaciones entre organismos p\u00fablicos, ajustes de valuaci\u00f3n, capitalizaci\u00f3n de intereses y refinanciaciones. Por eso, para comprender el proceso de endeudamiento, es indispensable distinguir el crecimiento nominal de los pasivos, su composici\u00f3n, los compromisos con acreedores externos y las condiciones econ\u00f3micas necesarias para afrontarlos.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Cristina Kirchner: el crecimiento de las obligaciones y la transformaci\u00f3n de sus acreedores<\/p>\n\n\n\n

Durante las dos presidencias de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, entre 2007 y 2015, la deuda bruta aument\u00f3 aproximadamente US$ 102.845 millones, desde US$ 137.114 millones hasta US$ 239.959 millones. El incremento nominal fue considerable, pero estuvo acompa\u00f1ado por cambios importantes en la estructura del endeudamiento. Durante el primer mandato, la relaci\u00f3n deuda-PBI descendi\u00f3 del 62,1% registrado en 2007 al 38,9% de 2011. Esto significa que las obligaciones crecieron en d\u00f3lares, pero disminuyeron en relaci\u00f3n con el tama\u00f1o de la econom\u00eda. Una de las caracter\u00edsticas de aquel per\u00edodo fue la creciente participaci\u00f3n de organismos p\u00fablicos entre los acreedores del Tesoro. El Banco Central, el Fondo de Garant\u00eda de Sustentabilidad de la ANSES y otras entidades estatales pasaron a ocupar un lugar central en la estructura de financiamiento. Este mecanismo no elimina las obligaciones ni sus efectos econ\u00f3micos, pero introduce una diferencia respecto del endeudamiento externo: las deudas entre organismos del propio Estado presentan condiciones de refinanciaci\u00f3n distintas a las exigidas por acreedores privados internacionales. Durante el segundo mandato, la situaci\u00f3n comenz\u00f3 a deteriorarse. La deuda creci\u00f3 otros US$ 64.635 millones y alcanz\u00f3 el 52,6% del PBI al finalizar 2015. El estancamiento econ\u00f3mico, las restricciones cambiarias, los desequilibrios fiscales y las dificultades para acceder a financiamiento externo condicionaron la administraci\u00f3n de los pasivos p\u00fablicos. El per\u00edodo kirchnerista muestra as\u00ed una doble trayectoria: reducci\u00f3n inicial del peso relativo de la deuda y posterior crecimiento, acompa\u00f1ado por una estructura financiera donde el propio sector p\u00fablico adquiri\u00f3 una participaci\u00f3n significativa.<\/p>\n\n\n\n

Mauricio Macri: endeudamiento externo, fuga de capitales y el pr\u00e9stamo del FMI<\/p>\n\n\n\n

La administraci\u00f3n de Mauricio Macri recibi\u00f3 una deuda bruta aproximada de US$ 239.959 millones y dej\u00f3 US$ 310.882 millones. La diferencia fue de US$ 70.923 millones, equivalente a un aumento del 29,6%. Pero el rasgo central de su gesti\u00f3n no fue exclusivamente el incremento nominal, sino la transformaci\u00f3n de las fuentes de financiamiento y la exposici\u00f3n del Estado a obligaciones en moneda extranjera. Con el regreso de Argentina a los mercados internacionales despu\u00e9s de los acuerdos con acreedores que no hab\u00edan participado de los canjes anteriores, el gobierno implement\u00f3 una estrategia de financiamiento externo destinada a sostener el gradualismo fiscal, cubrir vencimientos y atender necesidades financieras. La expectativa oficial era recuperar la confianza de los inversores, atraer inversiones y favorecer el crecimiento. Sin embargo, el financiamiento obtenido no logr\u00f3 estabilizar la econom\u00eda. A partir de 2018, la interrupci\u00f3n de los flujos de capitales, la presi\u00f3n sobre el d\u00f3lar y la salida de fondos del sistema financiero condujeron a una crisis cambiaria. En ese contexto, el gobierno recurri\u00f3 al Fondo Monetario Internacional y obtuvo la aprobaci\u00f3n del mayor acuerdo stand-by de la historia del organismo hasta ese momento.<\/p>\n\n\n\n

El pr\u00e9stamo de US$ 57.000 millones y las conclusiones del propio FMI<\/p>\n\n\n\n

El acuerdo aprobado inicialmente en junio de 2018 contemplaba US$ 50.000 millones. Posteriormente fue ampliado hasta aproximadamente US$ 57.000 millones, de los cuales Argentina recibi\u00f3 efectivamente alrededor de US$ 44.200 millones. La operaci\u00f3n fue presentada como una herramienta para recuperar la confianza, sostener las reservas internacionales, atender necesidades fiscales y financieras y normalizar el acceso a los mercados de cr\u00e9dito. Sin embargo, la evaluaci\u00f3n retrospectiva que el propio FMI public\u00f3 en diciembre de 2021 reconoci\u00f3 que el programa no alcanz\u00f3 sus objetivos, pese a las modificaciones realizadas durante su implementaci\u00f3n. El organismo identific\u00f3 entre los factores principales la persistencia de vulnerabilidades estructurales, la insuficiencia del dise\u00f1o econ\u00f3mico, la salida de capitales, las presiones cambiarias y las dificultades para restablecer la confianza de los mercados. La evaluaci\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la depreciaci\u00f3n del peso increment\u00f3 la inflaci\u00f3n, elev\u00f3 el valor de la deuda expresada en moneda nacional y debilit\u00f3 los ingresos reales, especialmente entre los sectores m\u00e1s vulnerables. Otro aspecto relevante es que el programa termin\u00f3 interrumpido despu\u00e9s de completarse solamente cuatro de las doce revisiones previstas. La asistencia extraordinaria no logr\u00f3 restablecer la sostenibilidad financiera ni producir el crecimiento econ\u00f3mico esperado. Estas conclusiones tienen especial importancia porque no proceden exclusivamente de una interpretaci\u00f3n opositora. Forman parte de la evaluaci\u00f3n oficial publicada por el FMI, aunque el organismo sostuvo que sus procedimientos internos aplicables hab\u00edan sido cumplidos.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfAd\u00f3nde fueron los d\u00f3lares del endeudamiento?<\/p>\n\n\n\n

Una investigaci\u00f3n del Banco Central, publicada en mayo de 2020 y dedicada a reconstruir las operaciones cambiarias entre 2015 y 2019, permite examinar la relaci\u00f3n entre el financiamiento externo y la formaci\u00f3n de activos en moneda extranjera. De acuerdo con ese trabajo, durante todo el gobierno de Macri la formaci\u00f3n de activos externos de residentes \u2014habitualmente denominada fuga de capitales\u2014 super\u00f3 los US$ 86.000 millones. Durante la primera etapa, entre diciembre de 2015 y comienzos de 2018, aproximadamente ocho de cada diez d\u00f3lares ingresados mediante operaciones financieras externas correspondieron a endeudamiento y capitales especulativos. El Banco Central estim\u00f3 que esas entradas financieras alcanzaron unos US$ 100.000 millones. Cuando se produjo el cierre de los mercados voluntarios de cr\u00e9dito y Argentina recurri\u00f3 al FMI, la salida de capitales se aceler\u00f3. Desde mayo de 2018 hasta el final del per\u00edodo analizado, la formaci\u00f3n de activos externos alcanz\u00f3 aproximadamente US$ 45.100 millones. El informe tambi\u00e9n mostr\u00f3 una fuerte concentraci\u00f3n de estas operaciones: apenas cien agentes econ\u00f3micos acumularon compras netas por US$ 24.679 millones, mientras que los diez principales compradores concentraron US$ 7.945 millones. Estos datos no significan que pueda identificarse cada d\u00f3lar desembolsado por el FMI con una operaci\u00f3n particular de compra de divisas. Los recursos financieros son fungibles y tuvieron distintos usos, entre ellos apoyo presupuestario, fortalecimiento de reservas y atenci\u00f3n de obligaciones. Sin embargo, el ingreso de financiamiento externo permiti\u00f3 sostener durante parte del per\u00edodo un r\u00e9gimen cambiario en el que simult\u00e1neamente se registraban importantes salidas privadas de capitales. El propio FMI reconoci\u00f3 en su evaluaci\u00f3n de 2021 que el programa enfrent\u00f3 una creciente fuga de capitales de residentes, mientras que el Banco Central document\u00f3 estad\u00edsticamente su magnitud y concentraci\u00f3n. La discusi\u00f3n sobre el destino del pr\u00e9stamo no se limita, entonces, a una afirmaci\u00f3n pol\u00edtica. Existe evidencia oficial sobre la simultaneidad entre desembolsos extraordinarios, pagos financieros, p\u00e9rdida de reservas y formaci\u00f3n de activos externos por parte del sector privado. La pregunta econ\u00f3mica y social es inevitable: \u00bfqu\u00e9 beneficios duraderos recibi\u00f3 el pa\u00eds por un endeudamiento de semejante magnitud y qu\u00e9 capacidad productiva adicional se gener\u00f3 para afrontar sus vencimientos?<\/p>\n\n\n\n

Una deuda que no fue sometida a aprobaci\u00f3n legislativa espec\u00edfica<\/p>\n\n\n\n

Otro aspecto del pr\u00e9stamo de 2018 es el procedimiento institucional utilizado para su contrataci\u00f3n. El art\u00edculo 75 de la Constituci\u00f3n Nacional establece entre las atribuciones del Congreso, en sus incisos 4 y 7, la facultad de contraer empr\u00e9stitos sobre el cr\u00e9dito de la Naci\u00f3n y arreglar el pago de su deuda interior y exterior.<\/p>\n\n\n\n

Pese a la magnitud del acuerdo, el pr\u00e9stamo de 2018 no fue sometido a la aprobaci\u00f3n espec\u00edfica de ambas c\u00e1maras legislativas mediante una ley.<\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed corresponde introducir una precisi\u00f3n jur\u00eddica. El art\u00edculo 60 de la Ley 24.156 de Administraci\u00f3n Financiera contemplaba entonces una excepci\u00f3n a la autorizaci\u00f3n legislativa espec\u00edfica para operaciones de cr\u00e9dito con organismos internacionales de los que Argentina formara parte. La controversia radica en la relaci\u00f3n entre esa excepci\u00f3n legal y las competencias que la Constituci\u00f3n atribuye al Congreso. Por lo tanto, la ausencia de una ley particular es un hecho comprobado, pero no corresponde presentarla por s\u00ed sola como una declaraci\u00f3n judicial definitiva de inconstitucionalidad. ,La Auditor\u00eda General de la Naci\u00f3n examin\u00f3 el proceso de contrataci\u00f3n y formul\u00f3 observaciones especialmente relevantes. Su informe de 2023 se\u00f1al\u00f3 deficiencias en los procedimientos de autorizaci\u00f3n, negociaci\u00f3n y contrataci\u00f3n, as\u00ed como la ausencia de dict\u00e1menes y controles exigidos por la normativa vigente. Entre las observaciones se encuentra el incumplimiento del art\u00edculo 61 de la Ley 24.156, que exige la intervenci\u00f3n del Banco Central para evaluar el impacto de las operaciones de deuda externa sobre la balanza de pagos. La AGN tambi\u00e9n identific\u00f3 problemas relacionados con la competencia de los funcionarios intervinientes, la documentaci\u00f3n respaldatoria, la evaluaci\u00f3n de riesgos y la transparencia de la operaci\u00f3n. Estos hallazgos se sumaron a los de la Sindicatura General de la Naci\u00f3n, que hab\u00eda observado la ausencia de procedimientos esenciales y autorizaciones suficientes en la celebraci\u00f3n del acuerdo. En 2021, posteriormente a la contrataci\u00f3n del pr\u00e9stamo, el Congreso sancion\u00f3 la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda P\u00fablica. Su art\u00edculo 2 estableci\u00f3 expresamente que los nuevos programas de financiamiento con el FMI y sus ampliaciones requerir\u00edan aprobaci\u00f3n legislativa. La norma no se aplica retroactivamente al convenio de 2018, pero modific\u00f3 el marco de autorizaci\u00f3n de futuros acuerdos con el organismo. El debate institucional trasciende las responsabilidades de una administraci\u00f3n. Se trata de determinar qu\u00e9 controles democr\u00e1ticos deben intervenir cuando el Poder Ejecutivo asume compromisos financieros capaces de condicionar presupuestos y decisiones econ\u00f3micas durante numerosos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

La pesada herencia<\/p>\n\n\n\n

El gobierno de Macri termin\u00f3 en 2019 con una deuda bruta cercana a US$ 311.000 millones, una relaci\u00f3n deuda-PBI del 89,8%, una econom\u00eda en recesi\u00f3n y un elevado volumen de obligaciones externas. Los indicadores muestran que el endeudamiento no consigui\u00f3 restablecer una trayectoria sostenible de crecimiento. Por el contrario, la p\u00e9rdida de acceso al cr\u00e9dito y la crisis cambiaria precipitaron nuevas restricciones econ\u00f3micas. La salida de capitales, la p\u00e9rdida de reservas y la necesidad posterior de renegociar las obligaciones con el FMI dejaron una herencia financiera que condicion\u00f3 a los gobiernos siguientes. El caso expone una cuesti\u00f3n de fondo: el ingreso de divisas mediante pr\u00e9stamos no asegura que esos fondos se conviertan en inversiones productivas, infraestructura o desarrollo econ\u00f3mico. Cuando el endeudamiento convive con fuertes movimientos especulativos y fuga de capitales, una parte considerable de sus beneficios puede quedar concentrada en operaciones financieras, mientras las obligaciones permanecen en el balance del Estado.<\/p>\n\n\n\n

Alberto Fern\u00e1ndez: el mayor aumento nominal y la continuidad del problema<\/p>\n\n\n\n

La gesti\u00f3n de Alberto Fern\u00e1ndez recibi\u00f3 una deuda de US$ 310.882 millones y dej\u00f3 US$ 423.150 millones, registrando un incremento de US$ 112.268 millones, equivalente al 36,1%. Fue el mayor aumento absoluto de la serie analizada. Sin embargo, una parte importante correspondi\u00f3 a obligaciones en pesos y financiamiento entre organismos del propio sector p\u00fablico, cuya naturaleza es distinta de la deuda externa exigible en divisas. El gobierno debi\u00f3 administrar los vencimientos heredados del acuerdo de 2018, renegoci\u00f3 los compromisos con acreedores privados en 2020 y alcanz\u00f3 en 2022 un nuevo programa con el FMI para refinanciar las obligaciones del pr\u00e9stamo anterior. La pandemia, la contracci\u00f3n econ\u00f3mica de 2020, los desequilibrios fiscales, las dificultades de financiamiento y la escasez de reservas agravaron las restricciones existentes. Pero el contexto extraordinario no explica por s\u00ed solo toda la evoluci\u00f3n del endeudamiento. La persistencia de d\u00e9ficits, los problemas de coordinaci\u00f3n econ\u00f3mica y la aceleraci\u00f3n inflacionaria tambi\u00e9n condicionaron los resultados. El per\u00edodo termin\u00f3 con fuertes desequilibrios monetarios y cambiarios, elevadas tasas de inflaci\u00f3n y una importante p\u00e9rdida de capacidad adquisitiva de la poblaci\u00f3n. La renegociaci\u00f3n permiti\u00f3 modificar vencimientos, pero no consigui\u00f3 resolver estructuralmente el problema del financiamiento argentino.<\/p>\n\n\n\n

Javier Milei: una deuda bruta creciente en medio del ajuste fiscal<\/p>\n\n\n\n

Javier Milei lleg\u00f3 al gobierno en diciembre de 2023 con un programa de eliminaci\u00f3n del d\u00e9ficit, reducci\u00f3n del gasto estatal y estabilizaci\u00f3n monetaria. Sin embargo, los datos muestran que el super\u00e1vit fiscal no se tradujo en una disminuci\u00f3n del stock nominal de deuda bruta de la Administraci\u00f3n Central. De acuerdo con la serie elaborada por DatoPuro, la deuda pas\u00f3 de US$ 423.150 millones al inicio de su mandato a US$ 484.229 millones en septiembre de 2026. El incremento asciende a US$ 61.079 millones, equivalente al 14,4%. La estad\u00edstica oficial que tambi\u00e9n incluye obligaciones pendientes de antiguos canjes registra US$ 486.628 millones para septiembre de 2026. La diferencia entre estas cifras y el discurso oficial del equilibrio fiscal exige distinguir conceptos econ\u00f3micos. El super\u00e1vit primario refleja el resultado entre ingresos y gastos antes de intereses, mientras que el stock de deuda tambi\u00e9n se modifica por refinanciaciones, capitalizaci\u00f3n, valuaci\u00f3n cambiaria y transferencia de pasivos entre organismos. De hecho, durante la gesti\u00f3n actual parte de las obligaciones del Banco Central fueron trasladadas al Tesoro. Esto puede incrementar la deuda bruta del Estado nacional sin generar un aumento equivalente del endeudamiento consolidado del sector p\u00fablico. Seg\u00fan la estimaci\u00f3n de DatoPuro, la deuda consolidada neta de reservas descendi\u00f3 de US$ 246.798 millones en el corte anterior al cambio presidencial a US$ 226.586 millones en marzo de 2026. Este indicador, elaborado con una metodolog\u00eda diferente y con una fecha de corte anterior a septiembre, no debe confundirse con la deuda bruta. Ambos datos son necesarios para evaluar correctamente la situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Un nuevo acuerdo con el FMI y la continuidad del financiamiento externo<\/p>\n\n\n\n

En abril de 2025, el gobierno de Milei alcanz\u00f3 un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por US$ 20.000 millones. La operaci\u00f3n tuvo como objetivos declarados fortalecer la posici\u00f3n financiera del Banco Central, favorecer la acumulaci\u00f3n de reservas, atender obligaciones existentes y acompa\u00f1ar el programa de estabilizaci\u00f3n econ\u00f3mica. En mayo de 2026, luego de la segunda revisi\u00f3n, el FMI inform\u00f3 que los desembolsos acumulados bajo ese programa alcanzaban aproximadamente US$ 15.800 millones. El convenio segu\u00eda sujeto a revisiones y condiciones posteriores. El procedimiento de autorizaci\u00f3n tambi\u00e9n gener\u00f3 una controversia institucional: el Poder Ejecutivo utiliz\u00f3 el Decreto de Necesidad y Urgencia 179\/2025 para aprobar las operaciones de cr\u00e9dito, pese a que desde 2021 la Ley 27.612 exige aprobaci\u00f3n por ley. Posteriormente, el 19 de marzo de 2025, la C\u00e1mara de Diputados declar\u00f3 la validez del DNU con 129 votos afirmativos, 108 negativos y seis abstenciones. Este antecedente no es id\u00e9ntico al de Macri, porque existi\u00f3 una intervenci\u00f3n legislativa posterior, pero plantea nuevamente el debate sobre el procedimiento para asumir compromisos de largo plazo con organismos internacionales. La continuidad de la relaci\u00f3n financiera con el FMI demuestra, adem\u00e1s, que el super\u00e1vit fiscal y la reducci\u00f3n de la emisi\u00f3n monetaria no eliminaron la dependencia de Argentina respecto del financiamiento internacional.<\/p>\n\n\n\n

El costo social del ajuste: jubilaciones, inversi\u00f3n p\u00fablica y programas sociales<\/p>\n\n\n\n

La otra dimensi\u00f3n de la pol\u00edtica de endeudamiento es su relaci\u00f3n con el presupuesto y las condiciones de vida. La administraci\u00f3n Milei desarroll\u00f3 un programa de fuerte reducci\u00f3n del gasto p\u00fablico real. Durante 2024, la Oficina de Presupuesto del Congreso registr\u00f3 una ca\u00edda del 25,9% en los gastos totales de la Administraci\u00f3n Nacional, ajustados por inflaci\u00f3n. Entre las reducciones m\u00e1s significativas aparecieron los gastos de capital, que disminuyeron 73,9%; las prestaciones sociales, con una ca\u00edda del 17%; los subsidios econ\u00f3micos, que bajaron 37,8%; y las transferencias corrientes a provincias, que se redujeron 75,6%. Estos recortes permitieron mejorar los resultados fiscales, aunque implicaron la postergaci\u00f3n de proyectos de infraestructura, la disminuci\u00f3n del financiamiento a diferentes programas estatales y modificaciones importantes en la distribuci\u00f3n del gasto. En 2025 se registraron incrementos reales en algunas prestaciones previsionales y transferencias, pero la situaci\u00f3n sigui\u00f3 siendo desigual. El impacto dependi\u00f3 del tipo de beneficio y de la trayectoria de los ingresos desde el comienzo de la gesti\u00f3n. Un ejemplo relevante es el de los jubilados que perciben el haber m\u00ednimo. Aunque la prestaci\u00f3n principal pas\u00f3 a actualizarse mensualmente por la inflaci\u00f3n que declara el gobierno, el bono extraordinario de $70.000 permaneci\u00f3 sin modificaciones desde marzo de 2024 y continu\u00f3 con ese valor en octubre de 2026. Como consecuencia, el componente adicional fue perdiendo poder adquisitivo. De acuerdo con una reconstrucci\u00f3n publicada por Chequeado, la jubilaci\u00f3n m\u00ednima con bono acumulaba una p\u00e9rdida real del 9,4% respecto de noviembre de 2023, mientras que otras jubilaciones, especialmente las que no reciben ese complemento, presentaban trayectorias distintas. Los informes presupuestarios muestran tambi\u00e9n que durante los primeros ocho meses de 2026 el gasto real en programas sociales disminuy\u00f3 22,6% interanual, con ca\u00eddas vinculadas a iniciativas como Volver al Trabajo, pol\u00edticas alimentarias y atenci\u00f3n m\u00e9dica de beneficiarios de pensiones no contributivas. La reducci\u00f3n de estas partidas no demuestra por s\u00ed sola un incumplimiento financiero ni permite establecer que sus recursos hayan sido directamente destinados a pagar deuda. Pero s\u00ed permite observar una decisi\u00f3n de distribuci\u00f3n presupuestaria que disminuye el financiamiento de determinadas prestaciones en el marco de una pol\u00edtica de consolidaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n

Menos recursos para determinadas pol\u00edticas sociales, m\u00e1s intereses de deuda<\/p>\n\n\n\n

Los datos de septiembre de 2026 de la Oficina de Presupuesto del Congreso introducen un contraste significativo. Durante los primeros nueve meses del a\u00f1o, la Administraci\u00f3n Nacional acumul\u00f3 un super\u00e1vit primario de aproximadamente $15,1 billones y un super\u00e1vit financiero de $2,5 billones. Sin embargo, en ese mismo per\u00edodo, los pagos de intereses de la deuda aumentaron un 28,2% real respecto de igual tramo de 2025, principalmente por compromisos asociados a t\u00edtulos p\u00fablicos en moneda extranjera. Mientras tanto, los subsidios a la energ\u00eda y al transporte cayeron, respectivamente, un 21,3% y un 18,8% en t\u00e9rminos reales. En materia universitaria se registraron aumentos de fondos para salarios, pero disminuciones en las partidas destinadas al funcionamiento. El contraste revela una cuesti\u00f3n central sobre las prioridades del presupuesto: aun cuando se consigue mejorar el resultado fiscal, las obligaciones financieras pueden continuar absorbiendo recursos crecientes, mientras otras funciones estatales enfrentan restricciones. El debate no consiste en desconocer la necesidad de cumplir compromisos legales y evitar una crisis financiera. Consiste en analizar c\u00f3mo se distribuyen los esfuerzos necesarios para sostener esa pol\u00edtica econ\u00f3mica y qu\u00e9 consecuencias produce sobre los sectores que dependen de los ingresos y servicios p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

Pobreza, empleo y consumo: los indicadores sociales del programa econ\u00f3mico<\/p>\n\n\n\n

La evoluci\u00f3n de la pobreza durante el gobierno de Milei muestra una trayectoria que no puede resumirse en una sola cifra. Seg\u00fan el INDEC, en el segundo semestre de 2023 el 41,7% de la poblaci\u00f3n de los 31 aglomerados urbanos relevados se encontraba por debajo de la l\u00ednea de pobreza. Durante el primer semestre de 2024, despu\u00e9s de la devaluaci\u00f3n inicial y la aceleraci\u00f3n de precios, el indicador aument\u00f3 al 52,9%. Posteriormente, con la desaceleraci\u00f3n inflacionaria y cambios en los ingresos reales, la pobreza disminuy\u00f3 hasta el 28,2% en el segundo semestre de 2025. Sin embargo, el primer semestre de 2026 mostr\u00f3 un nuevo deterioro: el \u00edndice volvi\u00f3 a subir al 32,3%, mientras que la indigencia alcanz\u00f3 al 7,5% de la poblaci\u00f3n de los aglomerados relevados. Esto significa que, aun cuando la pobreza se ubica por debajo del nivel registrado al comienzo de la gesti\u00f3n, los \u00faltimos datos disponibles muestran un retroceso respecto de la mejora alcanzada en 2025. Otros indicadores reflejan tensiones persistentes. La desocupaci\u00f3n lleg\u00f3 al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, mientras que las ventas de supermercados, medidas a precios constantes, cayeron 3,7% interanual en agosto. El escenario combina, por lo tanto, resultados favorables en materia de reducci\u00f3n de la inflaci\u00f3n respecto de los niveles heredados, con dificultades en el empleo, el consumo y la distribuci\u00f3n del ingreso. No todos estos fen\u00f3menos pueden atribuirse exclusivamente a la pol\u00edtica de deuda. Intervienen tambi\u00e9n la evoluci\u00f3n salarial, el nivel de actividad, las decisiones monetarias, la estructura productiva y otras variables. Pero conforman el contexto social dentro del cual se aplica el ajuste fiscal y se administran los compromisos financieros del Estado.<\/p>\n\n\n\n

El interrogante sobre la sostenibilidad social del programa<\/p>\n\n\n\n

La cuesti\u00f3n central es si una pol\u00edtica de estabilizaci\u00f3n basada en la reducci\u00f3n del gasto y la b\u00fasqueda de super\u00e1vit fiscal puede sostenerse en el tiempo sin deteriorar los servicios p\u00fablicos, la infraestructura y las condiciones de vida de amplios sectores de la poblaci\u00f3n. Desde la perspectiva oficial, la disciplina fiscal, la reducci\u00f3n de la inflaci\u00f3n y la normalizaci\u00f3n financiera constituyen condiciones para recuperar las inversiones y mejorar los ingresos en el futuro. Desde una perspectiva distributiva, el interrogante es qu\u00e9 ocurre durante ese proceso con los trabajadores, jubilados, beneficiarios de pol\u00edticas sociales y regiones que dependen de la inversi\u00f3n p\u00fablica. Ambas cuestiones deben examinarse mediante resultados comprobables. Los avances en estabilizaci\u00f3n macroecon\u00f3mica no eliminan los costos sociales del ajuste, del mismo modo que el aumento de una obligaci\u00f3n financiera no permite por s\u00ed solo establecer un deterioro de la sostenibilidad de la deuda. El desaf\u00edo consiste en determinar si la estabilizaci\u00f3n econ\u00f3mica se traduce en empleo de calidad, mayor capacidad productiva, salarios suficientes e infraestructura, o si la mejora de las cuentas fiscales convive con restricciones persistentes sobre el desarrollo social.<\/p>\n\n\n\n

Una deuda que atraviesa gobiernos, pero con responsabilidades diferentes<\/p>\n\n\n\n

La comparaci\u00f3n hist\u00f3rica demuestra que el crecimiento de la deuda p\u00fablica argentina no puede adjudicarse exclusivamente a una administraci\u00f3n ni explicarse mediante una \u00fanica interpretaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n

Cristina Kirchner combin\u00f3 una primera etapa de reducci\u00f3n del peso relativo de la deuda con un aumento posterior de las obligaciones y de la participaci\u00f3n de organismos p\u00fablicos entre los acreedores.<\/p>\n\n\n\n

Mauricio Macri ampli\u00f3 el endeudamiento externo y recurri\u00f3 a un pr\u00e9stamo extraordinario del FMI cuyo programa fue evaluado negativamente por el propio organismo, en un contexto de salida de capitales y de irregularidades administrativas documentadas por organismos nacionales de control.<\/p>\n\n\n\n

Alberto Fern\u00e1ndez registr\u00f3 el mayor aumento nominal del stock durante un per\u00edodo atravesado por la pandemia, restricciones econ\u00f3micas y la refinanciaci\u00f3n de obligaciones anteriores.<\/p>\n\n\n\n

Javier Milei, finalmente, implement\u00f3 una pol\u00edtica de ajuste fiscal que mejor\u00f3 distintos resultados presupuestarios, pero que convive con un aumento de la deuda bruta, un nuevo acuerdo con el FMI, mayores pagos de intereses en 2026 y resultados sociales que presentan diferencias importantes entre sectores.<\/p>\n\n\n\n

Estas trayectorias no son equivalentes. Los montos deben analizarse junto con la composici\u00f3n de la deuda, sus acreedores, las condiciones financieras y la evoluci\u00f3n de la econom\u00eda. Pero existe un elemento com\u00fan: las decisiones de endeudamiento trascienden los mandatos presidenciales y generan obligaciones que deben administrar gobiernos posteriores.<\/p>\n\n\n\n

La deuda p\u00fablica tambi\u00e9n es una discusi\u00f3n sobre democracia y distribuci\u00f3n del ingreso<\/p>\n\n\n\n

El endeudamiento constituye una herramienta leg\u00edtima de financiamiento estatal cuando responde a objetivos sostenibles y existe capacidad de repago. Puede permitir la realizaci\u00f3n de inversiones estrat\u00e9gicas, financiar infraestructura y distribuir en el tiempo los costos de proyectos que generan beneficios duraderos. Sin embargo, tambi\u00e9n puede convertirse en un mecanismo de transferencia intertemporal de obligaciones: decisiones tomadas en el presente que comprometen recursos futuros sin que necesariamente se hayan creado las condiciones productivas para afrontarlas. En ese sentido, las experiencias de las \u00faltimas d\u00e9cadas permiten formular preguntas que siguen abiertas.<\/p>\n\n\n\n