La alianza entre Javier Milei y Donald Trump est\u00e1 adquiriendo una dimensi\u00f3n que supera los acuerdos econ\u00f3micos y diplom\u00e1ticos. Washington impulsa una ofensiva internacional contra el denominado terrorismo de extrema izquierda, mientras Argentina fortalece la cooperaci\u00f3n con el FBI, reorganiza sus organismos de inteligencia y busca ampliar las facultades del Estado para identificar sospechosos, congelar sus bienes y restringir sus actividades econ\u00f3micas. En un pa\u00eds atravesado por la represi\u00f3n de protestas, el cierre de empresas, la precarizaci\u00f3n laboral y el creciente malestar social, la pregunta ya no es solamente qu\u00e9 pretende combatir el Gobierno, sino contra qui\u00e9nes podr\u00eda terminar utilizando esas herramientas.<\/p>\n\n\n\n
La historia argentina ofrece suficientes antecedentes como para comprender que los procesos de restricci\u00f3n de las libertades democr\u00e1ticas rara vez comienzan con una declaraci\u00f3n expl\u00edcita de sus verdaderos prop\u00f3sitos. Primero se instala la existencia de una amenaza excepcional, despu\u00e9s se construye una justificaci\u00f3n pol\u00edtica para enfrentarla y finalmente se ampl\u00edan las facultades del aparato estatal.<\/p>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n p\u00fablica deja de concentrarse en los derechos de los ciudadanos y comienza a organizarse alrededor de una disyuntiva que parece no admitir cuestionamientos: seguridad o caos, orden o violencia, patria o enemigos de la patria.<\/p>\n\n\n\n
La Argentina de Javier Milei presenta elementos que justifican examinar cr\u00edticamente ese proceso. El Gobierno adopt\u00f3 desde sus primeros d\u00edas una pol\u00edtica de confrontaci\u00f3n con sindicatos, organizaciones sociales y movimientos de protesta, acompa\u00f1ada por un protocolo de seguridad que habilit\u00f3 intervenciones policiales reiteradamente cuestionadas por organismos de derechos humanos. Al mismo tiempo, ha avanzado en una reorganizaci\u00f3n de las estructuras de inteligencia y seguridad nacional que encuentra en la administraci\u00f3n de Donald Trump un aliado pol\u00edtico, diplom\u00e1tico y operativo.<\/p>\n\n\n\n
No se trata de dos procesos desconectados. Los acuerdos con el FBI, el funcionamiento del Centro Nacional Antiterrorismo bajo la conducci\u00f3n de la SIDE, la participaci\u00f3n argentina en una cumbre internacional contra el terrorismo de izquierda y el proyecto de reforma del RePET configuran una secuencia pol\u00edtica cuya importancia no deber\u00eda minimizarse. Ninguno de esos hechos demuestra aisladamente la existencia de una orden estadounidense para perseguir opositores argentinos. Pero considerados conjuntamente revelan una convergencia estrat\u00e9gica que merece una advertencia p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
El periodismo no est\u00e1 obligado a esperar la consumaci\u00f3n de una persecuci\u00f3n para se\u00f1alar las condiciones que podr\u00edan hacerla posible. Su responsabilidad tambi\u00e9n consiste en reconocer patrones, identificar intereses y analizar las consecuencias de las decisiones del poder.<\/p>\n\n\n\n
Washington vuelve a poner a la izquierda en el centro de la doctrina antiterrorista<\/p>\n\n\n\n
El 16 de julio de 2026, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, convoc\u00f3 en Washington a representantes de m\u00e1s de sesenta pa\u00edses para impulsar una nueva orientaci\u00f3n de la pol\u00edtica internacional contra el terrorismo. El objetivo declarado fue combatir lo que la administraci\u00f3n Trump denomina terrorismo pol\u00edtico de extrema izquierda. La Argentina particip\u00f3 a trav\u00e9s de su canciller, Pablo Quirno, quien intervino como orador en el encuentro.<\/p>\n\n\n\n
La reuni\u00f3n no fue una actividad protocolar m\u00e1s. Estuvieron presentes funcionarios estadounidenses con responsabilidades directas sobre inteligencia, seguridad y finanzas, entre ellos el director del FBI, Kash Patel, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Rubio defendi\u00f3 la necesidad de reorganizar las capacidades internacionales para identificar presuntas redes extremistas, intercambiar informaci\u00f3n, coordinar acciones policiales y afectar sus fuentes de financiamiento.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan inform\u00f3 Reuters, el funcionario describi\u00f3 una amenaza transnacional que vincul\u00f3 con movimientos radicales de izquierda y gobiernos enfrentados con Washington, aunque no present\u00f3 pruebas para algunas de esas conexiones. La orientaci\u00f3n provoc\u00f3 cuestionamientos de legisladores dem\u00f3cratas, que advirtieron sobre el peligro de politizar las herramientas antiterroristas y aplicarlas contra formas leg\u00edtimas de disidencia.<\/p>\n\n\n\n
La ret\u00f3rica utilizada en el encuentro merece especial atenci\u00f3n. Rubio recuper\u00f3 referencias hist\u00f3ricas a las organizaciones guerrilleras latinoamericanas, entre ellas Montoneros y Tupamaros, para fundamentar una estrategia de seguridad contempor\u00e1nea. El problema pol\u00edtico es evidente: utilizar im\u00e1genes del conflicto armado latinoamericano del siglo pasado para explicar y enfrentar supuestas amenazas actuales puede facilitar una peligrosa confusi\u00f3n entre violencia criminal, radicalidad ideol\u00f3gica, movilizaci\u00f3n social y oposici\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
Esa confusi\u00f3n no es menor. Cuando un gobierno transforma determinadas corrientes ideol\u00f3gicas en el eje prioritario de su pol\u00edtica antiterrorista, el riesgo de que la investigaci\u00f3n de delitos termine contaminada por criterios pol\u00edticos aumenta considerablemente.<\/p>\n\n\n\n
Argentina no fue una espectadora: Quirno acompa\u00f1\u00f3 el planteamiento estadounidense<\/p>\n\n\n\n
La participaci\u00f3n argentina adquiri\u00f3 mayor relevancia despu\u00e9s de las declaraciones del canciller Pablo Quirno, publicadas por Infobae el 17 de julio. El funcionario explic\u00f3 que la iniciativa estadounidense incorporaba cooperaci\u00f3n, inteligencia e intercambio de informaci\u00f3n para enfrentar lo que describi\u00f3 como un aumento de acciones violentas patrocinadas por sectores de izquierda y extrema izquierda.<\/p>\n\n\n\n
Es una definici\u00f3n pol\u00edtica que merece ser examinada con detenimiento. El responsable de la diplomacia argentina no se limit\u00f3 a participar de un intercambio sobre terrorismo internacional. Acompa\u00f1\u00f3 p\u00fablicamente una reformulaci\u00f3n del problema que coloca a determinadas expresiones de la izquierda pol\u00edtica en el centro de una agenda de seguridad promovida por Trump.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s significativo todav\u00eda resulta lo sucedido posteriormente. Una investigaci\u00f3n publicada por Luciana Bertoia en P\u00e1gina\/12, el 10 de septiembre, revel\u00f3 que legisladores argentinos hab\u00edan solicitado conocer los compromisos asumidos durante aquella cumbre. Canciller\u00eda respondi\u00f3 que no se hab\u00eda firmado ning\u00fan acuerdo, pero invoc\u00f3 razones relacionadas con las relaciones exteriores para reservar determinados contenidos, incluido el discurso pronunciado por Quirno. Tambi\u00e9n se formularon cuestionamientos por la falta de informaci\u00f3n suministrada por la SIDE.<\/p>\n\n\n\n
Entre los legisladores que impulsaron pedidos de explicaciones figura el diputado nacional neuquino Pablo Todero, firmante de un proyecto presentado el 20 de julio para citar al canciller e interrogarlo sobre la participaci\u00f3n argentina. El expediente 3442-D-2026 constituye un antecedente parlamentario concreto de la preocupaci\u00f3n que gener\u00f3 esta conferencia.<\/p>\n\n\n\n
Aqu\u00ed aparece una contradicci\u00f3n que merece una respuesta p\u00fablica: si el encuentro no gener\u00f3 obligaciones formales, \u00bfqu\u00e9 razones justifican mantener reservada una parte de sus contenidos pol\u00edticos y diplom\u00e1ticos? La confidencialidad puede tener fundamentos leg\u00edtimos, especialmente en cuestiones de inteligencia, pero no deber\u00eda convertirse en una respuesta autom\u00e1tica frente a preguntas sobre la participaci\u00f3n del pa\u00eds en una estrategia internacional que puede afectar libertades constitucionales.<\/p>\n\n\n\n
El FBI, la SIDE y una nueva estructura de seguridad<\/p>\n\n\n\n
La aproximaci\u00f3n entre las pol\u00edticas estadounidenses y argentinas no comenz\u00f3 en julio. El 20 de octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad anunci\u00f3 la firma de acuerdos de cooperaci\u00f3n con el FBI. Uno de ellos vincul\u00f3 a esa agencia estadounidense con la SIDE y con el Centro Nacional Antiterrorismo, destinado a intercambiar informaci\u00f3n, brindar asistencia t\u00e9cnica y coordinar acciones contra organizaciones terroristas y sus redes de financiamiento.<\/p>\n\n\n\n
El segundo convenio estableci\u00f3 cooperaci\u00f3n para fortalecer las capacidades del Departamento Federal de Investigaciones de la Polic\u00eda Federal Argentina. Se incluyeron capacitaci\u00f3n, desarrollo tecnol\u00f3gico y formaci\u00f3n especializada. Posteriormente, el 16 de abril de 2026, la SIDE inaugur\u00f3 el Centro Nacional Antiterrorismo y confirm\u00f3 que Estados Unidos colaborar\u00eda mediante equipamiento, visitas t\u00e9cnicas e intercambio de inteligencia.<\/p>\n\n\n\n
Son decisiones concretas. No estamos ante una supuesta influencia basada solamente en afinidades personales entre Milei y Trump. Estamos ante la construcci\u00f3n de capacidades institucionales conjuntas entre organismos que intervienen en la identificaci\u00f3n de amenazas y en el seguimiento de personas, organizaciones y operaciones financieras.<\/p>\n\n\n\n
La cooperaci\u00f3n internacional para investigar terrorismo y delitos complejos es leg\u00edtima. Lo que debe ser objeto de control es su alcance. \u00bfQu\u00e9 datos personales se comparten? \u00bfQui\u00e9n determina que una organizaci\u00f3n representa una amenaza? \u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n puede suministrar un organismo extranjero para fundamentar una decisi\u00f3n administrativa argentina? \u00bfQu\u00e9 controles existen para impedir que actividades pol\u00edticas legales sean confundidas con delitos?<\/p>\n\n\n\n
Estas preguntas adquieren especial gravedad cuando el mismo Gobierno que fortalece esa cooperaci\u00f3n intenta ampliar sus facultades para incorporar personas y organizaciones a un registro vinculado con el terrorismo sin necesidad de una acci\u00f3n penal previa.<\/p>\n\n\n\n
El RePET: cuando una sospecha administrativa puede afectar toda una vida<\/p>\n\n\n\n
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberan\u00eda Nacional, enviado al Congreso por Milei el 17 de septiembre de 2026, propone una reforma del Registro P\u00fablico de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET. Se trata de un mecanismo existente desde 2019, ampliado mediante un decreto del propio Gobierno en 2024.<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo 114 de la iniciativa establece que la incorporaci\u00f3n de una persona o entidad requerir\u00e1 motivos razonables para sospechar una vinculaci\u00f3n con determinados delitos y que no estar\u00e1 condicionada a la existencia de una acci\u00f3n penal. La decisi\u00f3n administrativa corresponder\u00eda a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, con intervenci\u00f3n de los ministerios de Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores y Justicia, adem\u00e1s de la SIDE.<\/p>\n\n\n\n
La UIF posee autonom\u00eda funcional reconocida legalmente. Sin embargo, sus autoridades son designadas por el Poder Ejecutivo y el organismo funciona bajo la \u00f3rbita del Ministerio de Justicia. La participaci\u00f3n de funcionarios de distintos organismos tampoco equivale a un control judicial previo e independiente sobre las pruebas que sustentan cada inscripci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Las consecuencias son mucho m\u00e1s graves que la inclusi\u00f3n de un nombre en una base de datos. Los art\u00edculos 117 a 124 contemplan la inmovilizaci\u00f3n de activos, restricciones sobre operaciones econ\u00f3micas y financieras, la imposibilidad de contratar con el Estado nacional y limitaciones para acceder a subsidios, beneficios fiscales y cr\u00e9ditos promocionales. Tambi\u00e9n permiten extender determinadas medidas patrimoniales a empresas vinculadas, incluso cuando la persona registrada tenga una participaci\u00f3n societaria minoritaria, mediante una resoluci\u00f3n fundada.<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo 119 establece que el congelamiento deber\u00e1 ser informado al Ministerio P\u00fablico Fiscal y a un juez federal penal para su revisi\u00f3n. Por lo tanto, existe una intervenci\u00f3n judicial prevista, pero es posterior a la decisi\u00f3n administrativa inicial. El art\u00edculo 125 permite solicitar la exclusi\u00f3n del registro, aunque contempla limitaciones para acceder a informaci\u00f3n clasificada o protegida por secreto legal.<\/p>\n\n\n\n
Es necesario comprender el alcance pol\u00edtico de este sistema. Una persona puede defenderse de una acusaci\u00f3n penal ante un tribunal. Pero si previamente se inmovilizan sus recursos, se interrumpen sus operaciones financieras y se compromete la continuidad econ\u00f3mica de una organizaci\u00f3n, el da\u00f1o puede comenzar mucho antes de que la Justicia resuelva.<\/p>\n\n\n\n
La herramienta tiene una finalidad antiterrorista declarada y no habilita jur\u00eddicamente a considerar terrorista a alguien por sus ideas. Precisamente por eso resultan tan importantes las advertencias sobre sus posibilidades de uso indebido. Una norma que entrega facultades excepcionales al Ejecutivo debe evaluarse tambi\u00e9n por aquello que permitir\u00eda hacer a funcionarios dispuestos a utilizarlas abusivamente.<\/p>\n\n\n\n
La nueva teor\u00eda de los dos demonios: convertir al manifestante en una amenaza<\/p>\n\n\n\n
La Argentina ya conoci\u00f3 las consecuencias de construir discursos que confunden responsabilidades profundamente diferentes bajo una misma categor\u00eda de violencia. La denominada teor\u00eda de los dos demonios, asociada a las interpretaciones sobre la violencia pol\u00edtica de los a\u00f1os setenta, ha sido cuestionada por presentar la violencia de las organizaciones armadas y el terrorismo de Estado como fen\u00f3menos equivalentes, desdibujando la responsabilidad espec\u00edfica de un aparato represivo estatal clandestino y sistem\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n
El escenario actual no es id\u00e9ntico al de la \u00faltima dictadura y ser\u00eda hist\u00f3ricamente incorrecto equipararlos. Sin embargo, determinadas formas de justificar la violencia estatal encuentran una l\u00f3gica discursiva reconocible: presentar la represi\u00f3n como una respuesta inevitable a la supuesta violencia de quienes protestan, ampliar la categor\u00eda de amenaza y terminar desplazando la atenci\u00f3n desde la actuaci\u00f3n de las fuerzas de seguridad hacia las caracter\u00edsticas pol\u00edticas de los manifestantes.<\/p>\n\n\n\n
La hip\u00f3tesis que merece discutirse es si estamos frente a una reformulaci\u00f3n contempor\u00e1nea de aquella l\u00f3gica de los dos demonios. En esta versi\u00f3n, el poder procura instalar que existe una sociedad amenazada por grupos violentos, radicalizados o desestabilizadores, frente a los cuales el Estado necesitar\u00eda facultades cada vez m\u00e1s amplias. La protesta pierde as\u00ed su condici\u00f3n de derecho constitucional y comienza a ser interpretada, en el discurso oficial, principalmente como un problema de orden p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
El lenguaje resulta decisivo. No es lo mismo investigar individualmente a quien comete un delito durante una movilizaci\u00f3n que tratar a todo un movimiento social como una organizaci\u00f3n potencialmente peligrosa. Tampoco es equivalente cuestionar al Gobierno, rechazar sus pol\u00edticas econ\u00f3micas o recibir financiamiento internacional para actividades leg\u00edtimas que participar en una red terrorista.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, cuando la ret\u00f3rica pol\u00edtica y las capacidades de inteligencia se orientan hacia un enemigo definido ideol\u00f3gicamente, esos l\u00edmites pueden volverse m\u00e1s dif\u00edciles de preservar.<\/p>\n\n\n\n
La represi\u00f3n no es una hip\u00f3tesis: hay antecedentes documentados<\/p>\n\n\n\n
Desde diciembre de 2023, el protocolo de seguridad impulsado por Patricia Bullrich se convirti\u00f3 en uno de los instrumentos centrales de la respuesta estatal frente a las protestas. Amnist\u00eda Internacional registr\u00f3, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, al menos 1.341 casos de personas heridas presuntamente por agentes estatales durante manifestaciones. Entre ellas hab\u00eda 155 personas mayores y 184 trabajadores de prensa.<\/p>\n\n\n\n
El 12 de marzo de 2025, el fotoperiodista Pablo Grillo result\u00f3 gravemente herido por el impacto de un cartucho de gas lacrim\u00f3geno disparado por un integrante de Gendarmer\u00eda Nacional. Su caso se convirti\u00f3 en uno de los s\u00edmbolos m\u00e1s dram\u00e1ticos de las denuncias sobre uso ileg\u00edtimo de la fuerza. Tambi\u00e9n hubo manifestantes que sufrieron lesiones permanentes.<\/p>\n\n\n\n
El conflicto no pertenece solamente al pasado. El 16 de octubre de 2026, una nueva movilizaci\u00f3n universitaria contra el desfinanciamiento de la educaci\u00f3n p\u00fablica termin\u00f3 con enfrentamientos, uso de gases y detenciones. El Pa\u00eds inform\u00f3 sobre 31 personas detenidas y ocho polic\u00edas heridos en los incidentes registrados durante la protesta. La existencia de disturbios concretos debe investigarse, pero no elimina la obligaci\u00f3n estatal de actuar con proporcionalidad y respetar el derecho de manifestaci\u00f3n de quienes participan pac\u00edficamente.<\/p>\n\n\n\n
El dato pol\u00edtico es que el Gobierno ya ha demostrado que est\u00e1 dispuesto a utilizar intensivamente las fuerzas federales frente a conflictos sociales. La preocupaci\u00f3n aparece cuando esa pr\u00e1ctica se combina con nuevas estructuras de inteligencia y con mecanismos administrativos capaces de afectar econ\u00f3micamente a personas u organizaciones sospechadas de terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
Una advertencia que el Gobierno no puede desestimar<\/p>\n\n\n\n
Cuatro expertos independientes de Naciones Unidas cuestionaron en 2026 aspectos del funcionamiento del RePET y advirtieron sobre el riesgo de que criterios amplios o imprecisos permitan asociar con el terrorismo a defensores de derechos humanos, periodistas, manifestantes, ambientalistas y comunidades ind\u00edgenas.<\/p>\n\n\n\n
El Centro de Estudios Legales y Sociales se\u00f1al\u00f3 especialmente el caso de mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, incorporadas al registro en el marco de un conflicto territorial, en una decisi\u00f3n que el organismo denunci\u00f3 por falta de pruebas de actividades terroristas.<\/p>\n\n\n\n
La advertencia adquiere particular importancia en la Patagonia, donde las disputas por tierras, recursos naturales, explotaci\u00f3n hidrocarbur\u00edfera y derechos de comunidades originarias atraviesan conflictos hist\u00f3ricos que no pueden resolverse confundiendo reivindicaciones sociales con amenazas terroristas.<\/p>\n\n\n\n
La gravedad del proyecto no reside en que anuncie abiertamente la persecuci\u00f3n de opositores. Ninguna legislaci\u00f3n concebida para restringir derechos necesita presentarse de esa manera. El problema aparece cuando las garant\u00edas son insuficientes y las facultades resultan demasiado amplias para impedir que una sospecha administrativa sea utilizada como mecanismo de presi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La convergencia entre la agenda antiterrorista de Trump, la reorganizaci\u00f3n de la inteligencia argentina y el endurecimiento de la respuesta estatal a las protestas permite advertir sobre un riesgo concreto: que instrumentos dise\u00f1ados formalmente para combatir delitos excepcionales terminen condicionando el ejercicio cotidiano de derechos democr\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n
Ese riesgo cobra una importancia todav\u00eda mayor cuando se observa el deterioro econ\u00f3mico y social del pa\u00eds. Porque la pregunta pol\u00edtica que emerge es qu\u00e9 suceder\u00e1 cuando aumenten los reclamos de quienes pierden sus empleos, sus empresas, sus salarios o sus posibilidades de sostener una vida digna.<\/p>\n\n\n\n
Y especialmente qu\u00e9 herramientas tendr\u00e1 a su disposici\u00f3n un Gobierno que deber\u00e1 enfrentar esos reclamos mientras se aproxima a una nueva elecci\u00f3n presidencial.<\/p>\n\n\n\n
Contin\u00faa en la segunda parte: la crisis econ\u00f3mica, la destrucci\u00f3n del empleo y el riesgo de transformar el conflicto social en un problema de seguridad nacional.<\/p>\n\n\n\n
M.T.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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