Esta semana, tres decisiones judiciales dejaron una imagen de la Justicia argentina que merece una profunda reflexi\u00f3n. No solamente por los nombres involucrados, sino por la diferencia en los criterios y en la manera de avanzar con las investigaciones seg\u00fan qui\u00e9n se encuentre bajo sospecha. Primero, la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 el cierre de la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el pr\u00e9stamo de 57.100 millones de d\u00f3lares acordado con el Fondo Monetario Internacional en 2018. La investigaci\u00f3n buscaba establecer si hubo irregularidades en la contrataci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de esos recursos, y si el endeudamiento hab\u00eda servido para financiar la fuga de capitales. Pero hay una cuesti\u00f3n fundamental que no deber\u00eda pasar inadvertida. El art\u00edculo 75 de nuestra Constituci\u00f3n Nacional establece, en sus incisos 4 y 7, que corresponde al Congreso contraer empr\u00e9stitos sobre el cr\u00e9dito de la Naci\u00f3n y arreglar el pago de la deuda interna y externa. Sin embargo, aquel pr\u00e9stamo de dimensiones extraordinarias no fue sometido a la aprobaci\u00f3n del Congreso. El gobierno de Macri se ampar\u00f3 en una excepci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 60 de la Ley de Administraci\u00f3n Financiera, que permit\u00eda al Poder Ejecutivo contratar cr\u00e9ditos con organismos internacionales sin autorizaci\u00f3n legislativa espec\u00edfica. Esa interpretaci\u00f3n fue cuestionada por considerar que una ley ordinaria no pod\u00eda vaciar de contenido una atribuci\u00f3n constitucional del Congreso. Tanto es as\u00ed que en 2021 se sancion\u00f3 la Ley 27.612, que estableci\u00f3 expresamente que todos los acuerdos de financiamiento con el FMI deb\u00edan contar con aprobaci\u00f3n parlamentaria. La discusi\u00f3n constitucional, entonces, no era menor. \u00bfPuede una disposici\u00f3n de una ley ordinaria permitir que el Ejecutivo contraiga una deuda de semejante magnitud sin el control del Congreso, cuando la Constituci\u00f3n reserva a este \u00faltimo las atribuciones fundamentales sobre el endeudamiento p\u00fablico? Pese a los cuestionamientos sobre el procedimiento de contrataci\u00f3n, la intervenci\u00f3n de los organismos de control y el destino de los fondos, la investigaci\u00f3n penal qued\u00f3 archivada. El fiscal Ra\u00fal Ple\u00e9 desisti\u00f3 de sostener el recurso presentado contra el cierre de la causa y Casaci\u00f3n confirm\u00f3 la decisi\u00f3n. Segundo, la Justicia sobresey\u00f3 a Javier Milei, a su hermana Karina y a los dem\u00e1s involucrados en el caso de la criptomoneda $LIBRA. El juez Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi consider\u00f3 que los hechos investigados no configuraban delitos. Sin embargo, la decisi\u00f3n lleg\u00f3 sin haber tomado declaraciones indagatorias y con medidas de prueba pendientes, incluidos aspectos de la trazabilidad de los fondos y comunicaciones vinculadas con la operaci\u00f3n. Y mientras se cerraban estos dos expedientes, comenz\u00f3 un nuevo juicio oral contra Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner y su hijo M\u00e1ximo por las causas Hotesur y Los Sauces. Se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y asociaci\u00f3n il\u00edcita vinculadas con operaciones hoteleras e inmobiliarias. Ambos hab\u00edan sido sobrese\u00eddos en 2021, pero aquella decisi\u00f3n fue revocada y las causas avanzaron hasta llegar a juicio. Por supuesto, son expedientes distintos, con pruebas y circunstancias procesales diferentes. Y nadie deber\u00eda quedar exento de una investigaci\u00f3n por haber sido presidente, como tampoco deber\u00eda ser condenado por su pertenencia pol\u00edtica. Pero el contraste resulta demasiado importante como para ignorarlo. En una causa vinculada con el mayor acuerdo crediticio de la historia argentina con el FMI, se termina la investigaci\u00f3n. En otra que involucra al presidente en ejercicio, se dispone el sobreseimiento sin indagatorias y con interrogantes pendientes. Y en una tercera, que involucra a la principal figura del kirchnerismo, se revierte un sobreseimiento anterior y se abre un juicio oral. Esto no demuestra por s\u00ed solo que exista una persecuci\u00f3n judicial, pero s\u00ed plantea una pregunta que una democracia no deber\u00eda eludir: \u00bfse aplican los mismos est\u00e1ndares para investigar, valorar las pruebas y decidir cu\u00e1ndo una causa debe cerrarse y cu\u00e1ndo debe continuar? Porque el problema no es que se investigue a Cristina Kirchner. Debe investigarse cualquier posible delito. El problema aparece cuando la ciudadan\u00eda percibe que el rigor judicial puede variar seg\u00fan el poder pol\u00edtico, econ\u00f3mico o institucional de los involucrados. Y hay algo m\u00e1s: una resoluci\u00f3n que descarta responsabilidades penales no elimina las responsabilidades pol\u00edticas. El endeudamiento de 2018 sigue teniendo consecuencias para la Argentina, as\u00ed como las p\u00e9rdidas de los inversores en $LIBRA no desaparecen porque se haya cerrado una causa. La Justicia no solamente debe ser independiente. Tambi\u00e9n debe demostrar, con sus decisiones y procedimientos, que la ley se aplica con la misma vara para todos. Porque cuando esa confianza se pierde, lo que queda bajo sospecha no es solamente una sentencia, sino la credibilidad del propio sistema judicial.<\/p>\n\n\n\n
A.G.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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