El Gobierno avanza con la venta de empresas p\u00fablicas mientras mantiene reservada documentaci\u00f3n sobre sus valuaciones y el Congreso reclama informaci\u00f3n. En el sector nuclear, la discusi\u00f3n expone un riesgo mayor: que d\u00e9cadas de inversi\u00f3n estatal y desarrollo tecnol\u00f3gico terminen transferidas a privados a un precio que no reconozca su valor.<\/p>\n\n\n\n
Antes de vender una empresa p\u00fablica hay una decisi\u00f3n que puede comprometer miles de millones de d\u00f3lares: cu\u00e1nto vale. En las privatizaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei, esa cuenta qued\u00f3 en el centro de los cuestionamientos por el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones de varios procedimientos, la intervenci\u00f3n de bancos p\u00fablicos y la reserva de documentaci\u00f3n que permite reconstruir c\u00f3mo se fijan los precios.<\/p>\n\n\n\n
El problema alcanza directamente a los argentinos: sin conocer los fundamentos de una valuaci\u00f3n, resulta mucho m\u00e1s dif\u00edcil controlar si el Estado est\u00e1 defendiendo adecuadamente su patrimonio.<\/p>\n\n\n\n
El caso de Intercargo ofrece una evidencia concreta. En el Informe 145 presentado ante el Congreso, el Ejecutivo reconoci\u00f3 que documentaci\u00f3n vinculada con su tasaci\u00f3n fue declarada reservada durante el proceso licitatorio. El argumento oficial fue prevenir posibles irregularidades. Sin embargo, esa decisi\u00f3n tambi\u00e9n restringe el examen p\u00fablico de los c\u00e1lculos que sostienen el precio de referencia de una empresa estatal. No se trata de que todos sus balances sean secretos: la controversia est\u00e1 en el acceso a la valuaci\u00f3n y a los elementos que permiten evaluarla.<\/p>\n\n\n\n
La falta de informaci\u00f3n lleg\u00f3 a la Comisi\u00f3n Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, presidida por el senador neuquino Pablo Cervi. Durante la exposici\u00f3n de Diego Chaher, responsable de la Agencia de Transformaci\u00f3n de Empresas P\u00fablicas, el 23 de septiembre, la diputada Ana Mar\u00eda Ianni cuestion\u00f3 que los legisladores debieran enterarse por los medios de operaciones sobre el patrimonio estatal. El registro oficial de Diputados recoge ese reclamo. Chaher, por su parte, defendi\u00f3 el trabajo del Ejecutivo y asegur\u00f3 que se estaban reforzando los controles.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la reconstrucci\u00f3n publicada por El Cohete a la Luna, los legisladores recibieron m\u00e1s de 10.000 p\u00e1ginas apenas 48 horas antes de la reuni\u00f3n y Chaher invoc\u00f3 confidencialidad frente a preguntas sobre las tasaciones. El volumen de documentaci\u00f3n, por s\u00ed solo, no garantiza transparencia: para controlar una venta es necesario conocer qu\u00e9 se entrega, qu\u00e9 obligaciones asume el comprador y c\u00f3mo se lleg\u00f3 al precio.<\/p>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n sobre el m\u00e9todo puede explicarse sin tecnicismos. Una valuaci\u00f3n patrimonial examina los bienes y las obligaciones de una empresa. Una valuaci\u00f3n por flujo de fondos descontado estima cu\u00e1nto dinero podr\u00e1 generar en el futuro y calcula cu\u00e1nto representa hoy ese ingreso esperado. El resultado depende de decisiones sobre tarifas, costos, inversiones, riesgos y a\u00f1os de funcionamiento. Proyectar menores ingresos o aplicar una tasa de descuento m\u00e1s alta reduce el valor calculado.<\/p>\n\n\n\n
Ese m\u00e9todo financiero tiene antecedentes en el r\u00e9gimen el\u00e9ctrico desde 1991 y no fue creado por Milei. Tampoco produce necesariamente una subvaluaci\u00f3n. El punto que exige control es c\u00f3mo se aplica, con qu\u00e9 supuestos y qu\u00e9 posibilidades existen de revisar sus resultados antes de vender. El Decreto 450\/2025 conserv\u00f3 ese criterio en el texto ordenado de la legislaci\u00f3n el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n
En Nucleoel\u00e9ctrica, la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse, el Gobierno dispuso avanzar con la venta del 44 % de las acciones y mantener el 51 % en manos estatales. La resoluci\u00f3n que inici\u00f3 el procedimiento explica que el Tribunal de Tasaciones manifest\u00f3 limitaciones para efectuar una valuaci\u00f3n mediante un enfoque de ingresos y orden\u00f3 solicitarla a una entidad bancaria p\u00fablica. Tambi\u00e9n exigi\u00f3 inventariar bienes tangibles e intangibles: verificar c\u00f3mo se consideran esos activos ser\u00e1 indispensable para juzgar el precio.<\/p>\n\n\n\n
Aqu\u00ed aparece una dimensi\u00f3n que excede el negocio de vender electricidad. El desarrollo nuclear argentino re\u00fane d\u00e9cadas de inversi\u00f3n p\u00fablica, formaci\u00f3n de especialistas, infraestructura y capacidades industriales. Como referencia de esa escala, el Gobierno neuquino inform\u00f3 en 2014 que la finalizaci\u00f3n de Atucha II hab\u00eda demandado unos US$3.000 millones. Neuqu\u00e9n particip\u00f3 de ese esfuerzo mediante la producci\u00f3n de agua pesada destinada a la central. Es una cifra hist\u00f3rica de inversi\u00f3n, no una tasaci\u00f3n actual, pero permite comprender cu\u00e1nto trabajo y recursos colectivos hay detr\u00e1s de una instalaci\u00f3n de estas caracter\u00edsticas.<\/p>\n\n\n\n
Una central puede dejar de generar temporalmente porque est\u00e1 siendo reacondicionada para funcionar durante muchos a\u00f1os m\u00e1s. En ese per\u00edodo bajan los ingresos, mientras aumenta la inversi\u00f3n destinada a sostener su futuro. Una evaluaci\u00f3n rigurosa debe contemplar esa recuperaci\u00f3n y el valor que conserva la infraestructura. Tomar una situaci\u00f3n transitoria desfavorable como si fuera permanente puede castigar artificialmente el precio. Y el conocimiento acumulado, la formaci\u00f3n de proveedores y la capacidad de decidir sobre un \u00e1rea estrat\u00e9gica tambi\u00e9n deben pesar en la decisi\u00f3n pol\u00edtica de desprenderse de una participaci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n
La cercan\u00eda entre funcionarios y grupos empresarios agrega otra exigencia de control. El Cohete a la Luna se\u00f1al\u00f3 antecedentes laborales de Chaher en empresas vinculadas al Grupo Am\u00e9rica y conexiones empresariales alrededor de interesados en AySA. Esos v\u00ednculos justifican examinar posibles conflictos de intereses; no prueban por s\u00ed solos una adjudicaci\u00f3n fraudulenta ni permiten identificar un comprador favorecido para Nucleoel\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n
El riesgo es que el Estado pague durante d\u00e9cadas la construcci\u00f3n de una capacidad estrat\u00e9gica y termine transfiriendo parte de sus beneficios por un precio insuficiente. Si eso ocurre, la p\u00e9rdida la absorbe la sociedad y la ventaja queda en manos del comprador. Para demostrar que el patrimonio argentino no se est\u00e1 entregando a precio vil, el Gobierno debe permitir que las valuaciones puedan ser examinadas y discutidas antes de cerrar las operaciones.<\/p>\n\n\n\n
Cuando los documentos llegan tarde o los c\u00e1lculos permanecen reservados, la promesa de transparencia pierde sustento justamente donde m\u00e1s importa: en la cuenta que decide cu\u00e1nto recibir\u00e1n los argentinos por lo que construyeron.<\/p>\n\n\n\n
M.T.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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