El estado norteamericano convirti\u00f3 al fusilamiento en su m\u00e9todo principal de ejecuci\u00f3n y reglament\u00f3 la selecci\u00f3n de agentes voluntarios para disparar contra personas condenadas. Rifles, blancos sobre el coraz\u00f3n, entrenamientos y anonimato forman parte de un procedimiento que intenta presentar como administrativo lo que contin\u00faa siendo una decisi\u00f3n pol\u00edtica: que el Estado mate en nombre de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n
La inyecci\u00f3n letal no fue eliminada, pero qued\u00f3 como m\u00e9todo alternativo. La legislaci\u00f3n establece que el director del Departamento Correccional deber\u00e1 certificar, dentro de los cinco d\u00edas posteriores a la emisi\u00f3n de una orden de ejecuci\u00f3n, si el fusilamiento est\u00e1 disponible. Si lo est\u00e1, ser\u00e1 el procedimiento obligatorio. La inyecci\u00f3n solo podr\u00e1 emplearse si el pelot\u00f3n no puede actuar o si una decisi\u00f3n judicial impide utilizarlo. La modificaci\u00f3n fue aprobada mediante la ley HB 37, firmada por el gobernador republicano Brad Little en marzo de 2025. Idaho se convirti\u00f3 as\u00ed en el \u00fanico estado norteamericano que coloca al fusilamiento como m\u00e9todo prioritario, aunque Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah tambi\u00e9n lo mantienen autorizado en determinadas circunstancias. No se trata solamente de una reforma legal. El Departamento Correccional public\u00f3 el 8 de junio de 2026 un procedimiento operativo de 36 p\u00e1ginas y un protocolo espec\u00edfico que determina qui\u00e9nes podr\u00e1n disparar, c\u00f3mo deber\u00e1n entrenarse, qu\u00e9 municiones emplear\u00e1n y de qu\u00e9 manera se proteger\u00e1 su identidad. La muerte dej\u00f3 de ser una abstracci\u00f3n judicial para convertirse en una estructura administrativa con responsables, cronogramas, inventarios, simulacros y evaluaciones de punter\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Seis personas para una ejecuci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
El equipo previsto estar\u00e1 compuesto por seis voluntarios: tres tiradores, dos suplentes y un jefe. Los tres primeros ser\u00e1n quienes realizar\u00e1n la descarga. Los suplentes deber\u00e1n estar preparados para reemplazarlos y el jefe ser\u00e1 responsable de controlar el equipamiento, cargar las armas y marcar la cadencia para que los disparos se produzcan simult\u00e1neamente. El reglamento exige que los aspirantes tengan al menos tres a\u00f1os de certificaci\u00f3n como agentes de paz bajo el sistema estatal POST y experiencia acreditada en el uso de armas de fuego. No podr\u00e1n haber recibido sanciones durante el a\u00f1o anterior por el uso de armas, empleo de la fuerza o conductas similares. Tampoco podr\u00e1n tener v\u00ednculos familiares o legales con el condenado, sus familiares, las v\u00edctimas o sus allegados. El protocolo define los requisitos del equipo, pero hasta ahora el Estado no ha revelado p\u00fablicamente los nombres de sus integrantes ni confirm\u00f3 de manera verificable que la selecci\u00f3n haya sido completada. Las identidades est\u00e1n protegidas por las normas de confidencialidad y solo podr\u00e1n ser conocidas por la directora del Departamento Correccional y el subjefe de prisiones asignado. Para superar la prueba de ingreso, cada aspirante deber\u00e1 disparar con todas las armas proporcionadas por el Estado desde una distancia m\u00ednima de 21 pies, equivalente a unos 6,4 metros, y acertar el ciento por ciento de los tiros. El blanco tendr\u00e1 las mismas dimensiones y una altura similar a la que tendr\u00e1 durante una ejecuci\u00f3n. Fallar una sola vez implicar\u00e1 la descalificaci\u00f3n. El lenguaje del procedimiento resulta revelador. No habla de verdugos, sino de \u201cmiembros del equipo\u201d. No describe un cuerpo humano, sino un blanco. No se refiere a matar, sino a cumplir una sentencia. Las palabras fueron elegidas para transformar el acto de quitar una vida en una operaci\u00f3n t\u00e9cnica y aparentemente despojada de responsabilidades individuales.<\/p>\n\n\n\n
Entrenarse para matar<\/p>\n\n\n\n
El Departamento Correccional estableci\u00f3 un m\u00ednimo de cuatro entrenamientos anuales para los equipos de ejecuci\u00f3n. Para poder participar, sus integrantes deber\u00e1n haber completado al menos cuatro pr\u00e1cticas durante los doce meses anteriores. Cuando se emita una orden de ejecuci\u00f3n, las pr\u00e1cticas pasar\u00e1n a ser semanales. En las 48 horas previas deber\u00e1n realizarse al menos cuatro entrenamientos y dos ensayos completos. Para los tiradores, las actividades incluir\u00e1n ejercicios con fuego real y pr\u00e1cticas sin munici\u00f3n. El condenado ser\u00e1 trasladado a una silla y sujetado con correas. Un integrante del equipo m\u00e9dico colocar\u00e1 electrodos para controlar el coraz\u00f3n mediante un electrocardiograma y adherir\u00e1 un blanco directamente sobre el pecho, a la altura del coraz\u00f3n. El condenado podr\u00e1 solicitar que le cubran los ojos. El protocolo tambi\u00e9n establece que se le ofrecer\u00e1 un sedante suave antes de las 23 del d\u00eda anterior y nuevamente, como m\u00e1ximo, cuatro horas antes de la ejecuci\u00f3n. La \u00faltima comida deber\u00e1 servirse aproximadamente a las 19 de la jornada previa; las visitas y las llamadas ordinarias finalizar\u00e1n a las 21. Cuando el director d\u00e9 la orden, los tres tiradores deber\u00e1n disparar en forma simult\u00e1nea. El equipo m\u00e9dico controlar\u00e1 el electrocardiograma para determinar si ces\u00f3 la actividad el\u00e9ctrica y mec\u00e1nica del coraz\u00f3n. El director esperar\u00e1 un m\u00e1ximo de dos minutos para recibir ese informe. Durante ese per\u00edodo podr\u00e1 ordenar una nueva descarga, luego de consultar al responsable m\u00e9dico. La muerte ser\u00e1 finalmente certificada por el forense del condado de Ada. La precisi\u00f3n tecnol\u00f3gica no elimina la brutalidad. Solamente intenta esconderla detr\u00e1s de procedimientos, formularios, lenguaje administrativo y paredes reforzadas.<\/p>\n\n\n\n
Rifles y una c\u00e1mara de m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares<\/p>\n\n\n\n
Las ejecuciones se realizar\u00e1n en el bloque F de la Instituci\u00f3n de M\u00e1xima Seguridad de Idaho, ubicada al sur de Boise. El espacio fue remodelado para permitir tanto fusilamientos como inyecciones letales e incorporar protecci\u00f3n bal\u00edstica, aislamiento ac\u00fastico, \u00e1reas para los tiradores y nuevos sectores destinados a los testigos. El Departamento Correccional inform\u00f3 oficialmente que la segunda etapa de la remodelaci\u00f3n ten\u00eda un presupuesto de 910.802 d\u00f3lares. Posteriormente, el organismo comunic\u00f3 al Idaho Statesman que las obras hab\u00edan superado los 900.000 d\u00f3lares y que otros 314.000 fueron destinados al dise\u00f1o y la ingenier\u00eda, elevando el costo total por encima de 1,2 millones de d\u00f3lares. El mismo medio inform\u00f3, sobre la base de datos proporcionados por un vocero penitenciario, que el Estado compr\u00f3 cinco armas Daniel Defense DD5-P de calibre .308, con miras telesc\u00f3picas, supresores y b\u00edpodes. El costo habr\u00eda sido de 4.844 d\u00f3lares por unidad, m\u00e1s de 24.000 d\u00f3lares en total. Seg\u00fan esa explicaci\u00f3n oficial, los tiradores estar\u00e1n ubicados aproximadamente a diez yardas \u2014unos nueve metros\u2014 detr\u00e1s de una pared protectora con una abertura de un pie, cerca de treinta cent\u00edmetros. Estos detalles fueron proporcionados a la prensa y no aparecen expresamente en el protocolo operativo publicado.<\/p>\n\n\n\n
El fracaso de la muerte \u201chumanitaria\u201d<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n de Idaho tiene un antecedente directo. El 28 de febrero de 2024, el estado intent\u00f3 ejecutar mediante inyecci\u00f3n letal a Thomas Eugene Creech. Durante cerca de una hora, el equipo realiz\u00f3 al menos ocho intentos para colocarle una v\u00eda intravenosa en distintas partes del cuerpo. Al no encontrar un acceso que considerara adecuado, el procedimiento fue suspendido y Creech regres\u00f3 a su celda. El episodio volvi\u00f3 a demostrar algo que Estados Unidos intenta negar desde hace d\u00e9cadas: no existe una forma limpia, cl\u00ednica o humanitaria de ejecutar a una persona. La inyecci\u00f3n letal hab\u00eda sido presentada como una forma de ocultar la violencia detr\u00e1s de una escenograf\u00eda hospitalaria. Camillas, jeringas, personal m\u00e9dico y sustancias qu\u00edmicas reemplazaron al pat\u00edbulo y a la descarga el\u00e9ctrica. Pero las dificultades para conseguir las drogas, los procedimientos fallidos y las controversias judiciales terminaron deteriorando esa ficci\u00f3n. La respuesta de Idaho no fue revisar la pena capital, sino buscar un m\u00e9todo que considerara m\u00e1s eficaz para consumarla. Como la aguja no funcion\u00f3, regres\u00f3 al rifle.<\/p>\n\n\n\n
Un retroceso pol\u00edtico<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n no constituye un hecho aislado. En abril de 2026, el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump instruy\u00f3 a la Oficina Federal de Prisiones para ampliar sus protocolos e incorporar m\u00e9todos como el pelot\u00f3n de fusilamiento, la electrocuci\u00f3n y la asfixia con gas. El argumento oficial vuelve a ser pr\u00e1ctico: las drogas utilizadas en las inyecciones son dif\u00edciles de conseguir y algunos procedimientos han fracasado. Pero detr\u00e1s de esa explicaci\u00f3n existe una decisi\u00f3n ideol\u00f3gica. En lugar de preguntarse por qu\u00e9 una democracia contin\u00faa matando personas que ya se encuentran detenidas y bajo control estatal, se discute cu\u00e1l es el procedimiento m\u00e1s eficiente para hacerlo. Estados Unidos es uno de los pocos pa\u00edses occidentales que conserva y aplica la pena de muerte. Al mismo tiempo, el apoyo social viene descendiendo: una encuesta de Gallup realizada en octubre de 2025 registr\u00f3 un respaldo del 52 por ciento, el nivel m\u00e1s bajo en m\u00e1s de medio siglo. Idaho mantiene actualmente ocho personas bajo sentencia de muerte: siete hombres alojados en la prisi\u00f3n de m\u00e1xima seguridad y una mujer detenida en el centro penitenciario de Pocatello. El estado realiz\u00f3 tres ejecuciones desde que restableci\u00f3 su legislaci\u00f3n sobre pena capital en 1977 y la \u00faltima ocurri\u00f3 mediante inyecci\u00f3n letal en junio de 2012.<\/p>\n\n\n\n
Justicia no es venganza<\/p>\n\n\n\n
Cuestionar la pena de muerte no significa desconocer la gravedad de los cr\u00edmenes ni el dolor irreparable de las v\u00edctimas. Tampoco implica reclamar impunidad. Una sociedad tiene el derecho y la obligaci\u00f3n de juzgar, condenar y protegerse de quienes cometieron delitos aberrantes. Pero la justicia pierde su sentido cuando imita aquello que condena. El Estado no puede ense\u00f1ar que matar es inadmisible mientras selecciona tiradores, compra municiones y coloca un blanco sobre el coraz\u00f3n de una persona inmovilizada. La violencia no se vuelve leg\u00edtima porque est\u00e9 precedida por una sentencia ni porque quienes aprietan el gatillo lleven uniforme. Idaho pretende envolver el fusilamiento en un procedimiento t\u00e9cnico, silencioso y aparentemente controlado. Sin embargo, debajo de esa arquitectura burocr\u00e1tica permanece el mismo acto primitivo: un grupo de personas disparando contra otro ser humano atado a una silla. La modernidad aport\u00f3 rifles de precisi\u00f3n, protecci\u00f3n bal\u00edstica, electrocardiogramas y protocolos administrativos. La idea que sostiene todo el sistema pertenece, en cambio, a una \u00e9poca mucho m\u00e1s antigua: la creencia de que una sociedad puede demostrar su respeto por la vida organizando cuidadosamente la muerte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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