Los muros de la Fortaleza Europa son cada vez más altos e infranqueables para quienes huyen de la guerra, la persecución, la violencia, el cambio climático o la simple miseria. Así lo confirman los datos de Frontex, la Agencia Europea para el Control de las Fronteras Exteriores, que muestran un descenso del 32% en el número de personas que intentan cruzar las fronteras de forma irregular. Los flujos por las tristemente célebres rutas de los Balcanes Occidentales (-75%) y las del Mediterráneo Central (-64%) han descendido drásticamente. En una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos, Gianfranco Schiavone, de Asgi, la Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración, subraya que, frente a una situación de crisis internacional que no ha cambiado, «estos datos indican simplemente que las rutas seguidas por los migrantes que buscan protección han cambiado y que muchos de ellos se han quedado varados en terceros países donde no pueden disfrutar de ninguna protección ni asistencia, como es el caso de Libia o Túnez, por ejemplo». La actitud cerrada de Europa y sus Estados fronterizos, señalan las organizaciones de la sociedad civil, pretende dirigir cada vez más energías políticas y financieras hacia la llamada «externalización de las fronteras». Son los Estados limítrofes con las fronteras europeas los que se encargan de bloquear, o acoger, a los migrantes en tránsito. La solución identificada con el Pacto Italia-Albania, con la creación de dos centros de acogida y detención en Shengjin y Gjadër, constituye en este sentido una novedad. El acuerdo bilateral prevé, de hecho, que los migrantes rescatados en el mar por unidades navales italianas sean trasladados por la fuerza a territorio albanés, salvo en casos de especial fragilidad. Allí se identificará a los migrantes y se evaluará si cumplen los requisitos para acceder a las formas de protección internacional previstas por Italia, incluido el asilo. Sin embargo – subraya Schiavone de Asgi – el hecho de que las solicitudes de asilo se examinen en un tercer país dentro de instalaciones cerradas, en las que de hecho se detendrá y aislará a los migrantes, genera una fuerte perplejidad jurídica sobre posibles conflictos con el propio Derecho europeo». La preocupación jurídica por el cumplimiento de las normas internacionales de asilo también es compartida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que ha anunciado su compromiso de supervisar la aplicación del acuerdo entre Italia y Albania durante, al menos, tres meses. El objetivo será informar adecuadamente a los migrantes sobre la posibilidad de acceder a procedimientos de protección internacional. «Desde el punto de vista jurídico – subraya Schiavone – se plantea el problema de respetar las normas garantizadas por el Derecho internacional a los solicitantes de protección internacional: el derecho a ser informado, el derecho a tener libre acceso a abogados, el derecho a ponerse en contacto con asociaciones independientes, el derecho a disponer de una asistencia adecuada, el derecho a que su solicitud sea examinada, a ser posible con una audiencia presencial y no en línea». «También queda por resolver el destino de los inmigrantes a los que la parte italiana deniegue el asilo. ¿Serán repatriados? ¿Y por quién?» «No se trata de una hipótesis escolar – prosigue Schiavone – también porque, según los datos publicados por el Ministerio del Interior italiano, las denegaciones de solicitudes de asilo han aumentado considerablemente en los últimos siete meses». Traducido a cifras absolutas, esto significa que en los siete primeros meses del 2024 las comisiones territoriales denegaron cualquier tipo de protección a más de treinta y dos mil personas. Los centros de Albania debían empezar a funcionar el 1 de agosto, pero debido a retrasos técnicos en los trabajos de puesta a punto, según ha informado el Viminale, su entrada en funcionamiento se ha aplazado hasta finales de mes. El coste estimado de creación y funcionamiento de los centros en territorio albanés asciende a 670 millones de euros para cinco años. Una cifra que, según objetan muchas organizaciones no gubernamentales, podría haberse utilizado para reforzar y mejorar el sistema de acogida y protección ya existente en Italia.
Stefano Leszczynski