Myanmar, informe de la ONU: Detener la venta de armas, alimentan el conflicto

Las instituciones financieras deben hacer más para impedir que la junta militar de Myanmar adquiera armas, dijo el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, citando a Tailandia como la principal nueva fuente de suministros militares que Myanmar está obteniendo a través del sistema bancario internacional. El gobierno tailandés respondió que está examinando el informe de la ONU y que sus instituciones bancarias siguen los protocolos bancarios del sistema financiero global, así informó la Agencia Fides.

En el informe titulado «Banking on the death trade: how banks and governments enable the military Junta in Myanmar», Andrews recuerda que muchos gobiernos occidentales (Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados) han impuesto sanciones a la junta militar birmana que tomó el poder con un golpe de estado en 2021 y señala que, en este frente, los esfuerzos de la comunidad internacional para detener el flujo de armas han tenido cierto éxito. El suministro de armas y equipos de producción de tecnología (para uso militar y civil) a Myanmar a través del sistema bancario internacional disminuyó en un tercio de su valor, de 377 millones de dólares en 2022 a 253 millones de dólares en 2023. Sin embargo, la junta militar gobernante ha pasado a eludir las restricciones, mientras «las fuerzas militares continúan atacando sistemáticamente a los civiles de Myanmar utilizando poderosas armas de guerra obtenidas del extranjero», afirmó Andrews en el informe.

Entre los métodos utilizados para eludir las restricciones se encuentran: distintos proveedores de armas y vehículos militares; explotar algunas lagunas del sistema de sanciones; cambiar las instituciones financieras y aprovechar la falta de voluntad política clara por parte de algunos gobiernos. Todo ello «para eludir las medidas adoptadas por la comunidad internacional», afirmó el relator, que citó, a modo de ejemplo, dos naciones fronterizas con Myanmar: Singapur y Tailandia.

Singapur, que – informa Fides – era uno de los principales proveedores de material militar con estrechos vínculos comerciales con Myanmar, «ha articulado una política clara de oposición a la transferencia de armas», en línea con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada por gran mayoría después del golpe de 2021. Las exportaciones de armas y materiales relacionados por parte de empresas o entidades de Singapur se han desplomado, de 120 millones de dólares en 2022 a 10 millones de dólares en el año 2023.

Tailandia, por otro lado, no tiene una postura explícita contra la transferencia de armas a Myanmar, dijo Andrews, y agregó que las exportaciones de entidades o empresas registradas en Tailandia se han más que duplicado en el mismo período: de 60 millones de dólares a aproximadamente 130 millones de dólares. Entre los vehículos adquiridos «se encuentran helicópteros Mi-17 y Mi-35 utilizados para realizar ataques aéreos contra objetivos civiles», denunció, definiendo a Tailandia como «la principal fuente de suministros militares del régimen, para compras a través del sistema bancario internacional». Si Tailandia hubiera respondido de la misma manera que el gobierno de Singapur, «la capacidad del ejército birmano para atacar al pueblo de Myanmar se habría reducido significativamente», señaló.

Andrews pidió a los estados que apoyan la paz y el respeto de los derechos humanos en Myanmar que dejen de que sus empresas vendan armas y pidió a las instituciones financieras que congelen los tratos con los bancos estatales de Myanmar. El relator de la ONU informó que las exportaciones militares de Rusia y China a Myanmar también han disminuido, mientras que las exportaciones de la India se han mantenido constantes, aunque -observó- hay que considerar que parte de las adquisiciones militares de esos países pueden haberse desplazado hacia canales informales o un mercado no registrado por el sistema bancario.

Pero, más allá de las consideraciones sobre el comercio ilícito, los comentarios de Andrews abordaron en particular el sistema bancario que, a través del comercio registrado, permite al régimen comprar bienes y equipos para hacer la guerra. Según el documento, 25 bancos han proporcionado servicios bancarios a bancos estatales en Myanmar desde el golpe. «Los bancos tienen la obligación fundamental de no facilitar los crímenes, y eso incluye crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad», dijo. «La buena noticia es que la junta está cada vez más aislada», dijo Andrews, informando sobre un presupuesto actualizado del conflicto civil. Ha durado más de tres años en Myanmar: más de 5.000 civiles asesinados, 3 millones de desplazados y más de 20.000 presos políticos.

El Papa Francisco se ha centrado varias veces en los últimos meses en el conflicto de Myanmar y el suministro de armas. «Ganar con la muerte es terrible», pero «lamentablemente hoy las inversiones que dan más ingresos son las fábricas de armas», afirmó al final de la audiencia general del 1 de mayo, en la que lanzó un nuevo llamamiento a la búsqueda de la paz. También con motivo de la Misa de Pascua de 2024, el Pontífice advirtió: «No cedan a la lógica de las armas y del rearme. La paz nunca se construye con las armas, sino tendiendo las manos y abriendo los corazones».