Aumentan los matrimonios forzados y precoces y la mutilación genital femenina

Los numerosos casos de matrimonios forzados y precoces y de mutilación genital femenina alarman cada vez más a la comunidad internacional. De hecho, hasta la fecha, aproximadamente 650 millones de niñas en el mundo se han casado antes de los dieciocho años, mientras que 230 millones han sufrido la mutilación genital. Pero la situación también es grave en Italia y por eso la ONG ActionAid ha decidido lanzar el proyecto «Join our Chain». «Es un modelo multisectorial que opera en tres niveles, con vistas a la prevención y la intervención en situaciones de riesgo», explica a Radio Vaticano – Vatican News Benedetta Balmaverde, directora de proyectos de ActionAid. Los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina registraron un aumento del 15% respecto a 2016. Cifras oficiales, proporcionadas por Unicef, pero que solo describen parcialmente la gravedad de los dos fenómenos. De hecho, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina siguen siendo prácticas generalizadas en muchos países, especialmente en África subsahariana, Oriente Medio y Asia sudoriental. Europa, y concretamente Italia, no está exenta de este triste fenómeno. Los últimos datos disponibles, publicados en 2019, indican que más de 87.000 mujeres fueron víctimas de estos episodios, con una importante concentración de casos en las comunidades nigeriana, etíope y egipcia. «El número total absoluto de estas prácticas está aumentando – explica Balmaverde – ya que se trata de países que experimentan un fuerte crecimiento demográfico. Y el crecimiento se produjo sobre todo tras la pandemia. Sin embargo, cuando estas mujeres llegan a Italia, la implementación de estas prácticas disminuye. Pero faltan encuestas actualizadas a nivel nacional». Promovido por ActionAid en Milán y ahora extendido también a Roma, el proyecto tiene como objetivo combatir el fenómeno de la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz. «La cadena de intervención – continúa Balmaverde – se divide en tres fases: emergencia, para recoger informes de situaciones de riesgo; envío, para reportar casos a las instituciones presentes en la zona; asistencia y protección, para proteger y apoyar a las víctimas». La iniciativa consiste en un enfoque integrado que, para combatir estas dos prácticas nocivas, cuenta con la participación de diferentes profesionales y sectores: escuelas, servicios sociales y sanitarios, fuerzas del orden y mediadores lingüístico-culturales. «Un papel fundamental – concluye Balmaverde – es el que desempeñan los Community Trainers, figuras clave para las actividades de sensibilización y apoyo dentro de las comunidades involucradas. Nuestra intervención pretende ser una respuesta concreta a estas graves violaciones de los derechos humanos y proporcionar un marco operativo integrando prevención, asistencia y protección».

Lavinia Sdoga